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ADIÓS A LAS ARMAS

Publicado el 29 de junio de 2017 / 21.25 horas, en Bogotá D.C.

ADIÓS A LAS ARMAS *

No obstante la marcada polarización y encono, para nada carente de justificaciones, lo cierto es que la organización Farc avanza hacia el final de su compromiso en lo que hace a la entrega definitiva de armas. Eso no conforma de manera suficiente a quienes se han opuesto en forma tozuda a los que confrontaron de manera violenta durante más de medio siglo al Estado y a la sociedad colombiana. Pero la instancia final en este ápice posterior al acuerdo es contundente como cierre simbólico, aun cuando no satisfaga a cabalidad a la opinión que se sabe mayoritaria. Tampoco sirve para justificar el proceso mismo en lo que hace a resultados vulnerantes para el ordenamiento jurídico del país ni para las sombras que nublan los pronósticos sobre el futuro. Pero basta ver lo que ha significado el proceso en ahorro de vidas -unas 3 mil en proyección estadística- desde que se silenciaron los fusiles, con el corolario de esta entrega de elementos ofensivos, para considerar el horizonte de otra manera. No es posible cerrar los ojos ante la circunstancia cierta de que algo bueno, aunque sin duda limitado, dejaron las negociaciones de paz y sus resultados a la vista. Negarlo sería necio y la ceguera poco aporta para enfrentar lo que viene.

Porque lo que viene no es sencillo. Un diagnóstico elaborado por fuentes oficiales señala que, como dice el adagio popular  colombiano, el horno sigue poco disponible “para cucharas”. El coloquialismo habla de situaciones difíciles,  vigentes y acechantes, con peligros de dimensión frente a los cuales no es posible saber si habrá fortaleza para salir adelante con la cresta entera. Esto, si ocurriese que esas acechanzas terminen por precipitarse. Un crecimiento del producto del país de apenas el 2 por ciento en el 2016 y quizá menos en el vigente ejercicio, dice de un conjunto general en lo económico que estrangula las expectativas de contar con recursos para que el Estado les cumpla  a los que dejan las armas y ya se sabe que lo prometido, como el agua alrededor de un buque en emergencia, está ahora por encima de la línea de flotación, incluso desde antes de que entrasen en vigor los acuerdos de La Habana.

No es la única tronera de esta compleja dinámica tan llena de sinuosidades. La exigencia de las Farc en el sentido de no realizar la entrega de las armas ante los ojos de los medios y de la gente, de esa sociedad a la que ellos violentaron durante décadas y de tantas maneras, ha despertado más sospechas que expectativas felices. Porque, además, si se entregaron armas en número casi equivalente a lo que hoy son las fuerzas desmovilizadas del segmento de la subversión que aceptó negociar, pero en algún momento de su apogeo las filas de ese movimiento tuvo armados a casi 20 mil hombres, cabría preguntarse: ¿dónde están esas más 10 mil bocas de fuego?, frente a las algo menos de 8 mil que se acaban de entregar en los 26 puntos de concentración de exguerrilleros. Pero eso no es todo. Hay también un desaire, quizá temporal, a los reclamos para que con claridad se sepa cuánto hay en la caja de la  organización que financió su esfuerzo bélico con la economía ilegal que va desde el narcotráfico, a la minería paralela, el secuestro, la extorsión y el despojo.

El grupo impugnador del estado de derecho no ha evitado, con éxito y con complicidad de la otra parte de la mesa, el presentar el final de este proceso de negociación en pie de igualdad con su contraparte. Enfatizando que no hubo doblegamiento de su voluntad de lucha o, en otras palabras, no hubo derrota militar para quienes desafiaron al Estado. Pero ocurre que en términos técnicos sí hubo derrota. Las fuerzas armadas del país ofendido impidieron desde fines de los años 90, que sus contradictores pasaran de la acción guerrillera a la guerra de movimientos y de posiciones para completar su estrategia de asalto al poder con las armas. Asi, los  soldados y policías doblegaron la voluntad de lucha de aquellos para llegar donde querían por el camino violento. El compromiso y la tecnificación de todas las fuerzas armadas y la policía terminó arrinconando la arrogancia que campeaba entre los mandos de los ilegales antes de ese tiempo, como se pudo ver en El Caguán. La laxitud concesiva del gobierno negociador abrió un boquete para que, no obstante la derrota, los hasta ayer armados consiguieran mucho de lo que no obtuvieron en la confrontación estéril y fratricida.

Aun así y a pesar de los riesgos que abre  la manga  ancha de la administración Santos, valió la pena el ahorro reciente de vidas y de lisiados. El conflicto victimó a más de 8 millones de ciudadanos del país traumatizado y, entre ellos, más de 300 mil fueron víctimas fatales, en más de medio siglo de confrontación. Quedan enfrente las incógnitas: la grieta de sentimientos y entendimiento entre los que no aceptan los términos de la negociación ni su rédito, que impactará a la sociedad comprometida en lo que hace a su futuro inmediato y de largo plazo. No será tarea fácil desarmar el encono y reinsertar en la vida civil a los que fueron ilegales, con la aceptación que ello implica hacia quienes levantaron las armas contra sus compatriotas con frecuencia inermes. En simultáneo, el ninguneo que hizo el gobierno hacia las víctimas de quienes ahora se acogen a la institucionalidad es un botón de muestra de una actitud gubernamental débil, concesiva y cómplice ,que incrementó el resentimiento contra las Farc y contra el propio gobierno.

El rechazo masivo provocó el traspié de un resultado plebiscitario negativo como una vergonzosa bofetada para el gobierno y sus aliados. La población en las urnas impugnó el acuerdo tal como fue estructurado y eso no tiene hoy atisbos de cambio, De la igual manera, tampoco cambió el derrotero trazado por los negociadores y a despecho de la letra y el espíritu de las democracias serias y modernas, la decisión popular fue burlada con un gambito retórico de las altas esferas judiciales, resultado de las maniobras entre  bambalinas de la administración central. Eso profundizó la grieta de opinión contra el orientador del proceso -el señor Juan Manuel Santos- así como también contra quienes se beneficiaron con esa suerte de “noche y niebla” a medias que cayó sobre las víctimas de la agrupación armada. Demasiadas mentiras hubo alrededor del proceso que se va cerrando para transitar otro más tortuoso: el del posacuerdo que exige el cumplimiento de lo acordado y la reintegración en ciernes.  

Eso de las mentiras impiadosas  recibió la condena del propio Santos, pero sólo se refirió a las de los opositores e hizo mutis para las propias. Siempre se habló de paz y las campañas mediáticas  para alentar y hacer variar la opinión refractaria acudieron a la muletilla esperanzadora,  aunque lo alcanzado no era la paz como algo definitivo y cerrado, debido a que con las Farc no se termina de un tajo con la violencia en el país. El simple hecho de sacar de la acción armada a la organización ilegal es importante pero incompleto. Es por eso que los documentos de importantes agencias del Estado no hablan de “paz” sino de posacuerdo. Vaya mentira aquella, repetida al infinito y con gruesas facturas de publicidad sobre la espalda de los contribuyentes. En esa línea ahora queda hacia adelante la disolución de organizaciones como el autodenominado Eln y otros actores criminales que pretenden abarcar los vacíos de poder paralelo que dejan quienes están ahora en plan de desmovilización.

Lo que viene es entonces enfrentar a las organizaciones armadas supérstites, agrupadas por las autoridades bajo rótulos integradores que parecen tan misteriosos como atrabiliarios: GAO (Grupos armados organizados), GDO (Grupos delincuenciales organizados, de gran influencia regional), DOT (Delincuencia organizada transnacional) y el llamado SAP (Sistema de amenaza persistente). El conjunto de estos frentes de acechanza y vigencia es parte de un esquema dinámico de inseguridad integrado por 23 factores convergentes que requieren la atención prioritaria del Estado en su conjunto y no solo por las fuerzas armadas y de seguridad. En el plano de la territorialidad concreta, esos elementos amenazantes están desplegados sobre 12 áreas terrestres y 5 marítimas de acción enfocada que abarcan a 160 municipios. Abocar los esfuerzos que requiere el posacuerdo para cerrar grietas subjetivas, será en el largo y mediano plazo una terapéutica con pretensión de evitar nuevas violencias germinales al tiempo que disolver las que quedan en disidencias y otros núcleos residuales. Esos que quieren crecer y anidar en la debilidad de un Estado por ahora dispuesto a darles lo que exijan (aresprensa).   

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* La columna Doxa expone la posición editorial de la Agencia de prensa ARES 

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Actualizado: domingo 30 julio 2017 11:21
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