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APRENSIÓN MILITAR POR REDUCCIÓN DE FUERZA

Publicado el 26 de julio de 2016 / 10.40 horas, en Bogoá D.C.

 

Aquello que se escucha aunque se diga en voz baja 

(El chisme no es la verdad, pero sus elementos implícitos pueden ayudar a reconstruirla)

Esta sección le debe su nombre a un famoso programa radial de misterio que se emitía en Chile por los años 60. Esa es única deuda que tenemos con la prestigiosa radiofonía chilena. Hecho el ajuste de cuentas, debe decirse que, aquí, el espacio está destinado a la picaresca que disuelve nuestra seria política editorial. El único misterio es el propio que encierra todo chisme."


Nubes sobre las Fuerzas Armadas Colombianas

 

APRENSIÓN MILITAR POR REDUCCIÓN DE FUERZA

 

Una reducción de las fuerzas armadas colombianas pareciera impensable y quizá poco tolerada por la opinión pública que, aunque a trancazos, aceptaría el cierre de un proceso de negociación con la subversión y su reintegro a la sociedad. Pero esa opinión no confía en los que están del otro lado de la grieta y menos en que su verdadero deseo sea la paz sino, simplemente, aspiran a obtener una victoria por arriba de la mesa y alcanzar así el poder que no consiguieron con las armas. Esto con el fin de implementar un proyecto social y político fracasado, tal como ocurrió en Venezuela y de manera algo menos descarnada -aunque igual de truculenta- a lo sucedido en la Argentina. Lo cierto es que en los altos círculos del gobierno colombiano sí se   estudia esa posibilidad y existen equipos de trabajo que ya están en la tarea. Borradores de documentos reservados a los que ARES tuvo acceso y que circulan tanto entre un reducido número de funcionarios como entre algunos de los mandos en actividad y altos oficiales en retiro, así lo precisan. El criterio entre estos últimos para morder e intentar tragar el espinoso tema es el de que “resulta mejor estar dentro de lo que se discute” y no por fuera, con actos de rechazo que podrían producir mayores infortunios. Muchos más de los que ya de por sí les dejarán a los militares la cuota de sacrificio alta que pagaron en defensa de la institucionalidad y “los sapos de ingesta que vienen”.

Una situación que ahora los dejaría en condiciones poco menos que de patos de la boda negra que se gesta desde La Habana y que compromete en la inflexión institucional a buena parte de la dirigencia política del país, con algunos de ellos bajo señalamiento de “traición a su patria”. Así lo puntualiza, entre dientes, más de un conocedor de estos temas. Al respecto vale señalar que el presidente Juan Manuel Santos ya dijo de manera pública que no le importa que lo señalen como “traidor de clase”, en el proceso de eventual condena histórica que le espera, en su condición de timonel de lo que anida en la capital cubana. Ese nido es definido por los críticos del proceso habanero como poco menos que el de la serpiente de muchas cabezas, el de las variadas formas de lucha: una para el trabajo político de superficie, otra para el negocio del narcotráfico, otra para la minería ilegal, otra para la disolución e implosión social a través de la protesta generalizada, y así en sucesión.

En la papelería observada se habla incluso de la conversión de las fuerzas armadas colombianas en una suerte de “gendarmería”, tal como existe en algunos países. No se debe olvidar que esa gendarmería o guardia nacional pensada, es en lo conceptual apenas un cuerpo auxiliar de la masa crítica de unas fuerzas armadas, como pilar de la defensa institucional, ante eventuales amenazas externas y garantía de la paz interior. Lo cierto es que a contrapelo de las dificultades que se vislumbran en el plano interior y más allá de fronteras, además de las vigentes, hay figuras políticas del país cafetero que advierten como “inevitable” la reducción la masa crítica militar por la vía del recorte de personal de los cuerpos armados. El punto tiene negativas oficiales a cara descubierta y de manera repetitiva por los más elevados voceros oficiales, pero lo cierto es que representantes oficiosos de la máxima conducción del país habrían estado abordando el tema con oficiales superiores en actividad y en condición pasiva.

Algunos de esos oficiales son, hoy por hoy, críticos cervales de la manera como el presidente Juan Manuel Santos lleva adelante su proceso de fin del conflicto y están erizados con esa eventual reducción de la capacidad disuasiva de Colombia, que la ha resguardado de amenazas recientes, como la que se constituyó en Venezuela. Eso antes de que la brutal crisis política, social y económica del incómodo vecino se profundizara. El pronóstico de las cuentas públicas colombianas, para el futuro inmediato, no son alentadoras. No lo es para nadie en la región, pero para el caso colombiano tiene un ingrediente sombrío: el Estado no tendría disponibilidad prevista para financiar lo que demanda la reinserción de los hoy armados ilegales y tampoco para exigencias propias de lo que se ha negociado en La Habana. El solo hecho de que las Farc hayan señalado de manera reiterada de que no están en condiciones de reparar a las víctimas y que eso deberá hacerlo la sociedad castigada en el aliento largo de su accionar, muestra en un solo indicador lo sombrío del panorama.

La reforma tributaria en marcha que propone el Ejecutivo es apenas un paño tibio para el agujero negro que dejará abierto sobre las finanzas públicas el costo de la paz de Santos. Uno de esos documentos, que circula en los círculos castrenses de mando estratégico, dice que las cosas del país están en la antesala de un “un déficit fiscal por fuera de su cauce y la amenaza de un endeudamiento que podría superar el 50 por ciento del PIB”. Esto, de suceder, degradaría la inversión y podría precipitar a una crisis de proporciones imprevisibles que obligaría una reducción inédita del gasto público y “elevar la amenaza coercitva de los impuestos”. La tasa impositiva actual -que incluye al Cree y al 4x1.000- no cubriría la caída por el déficit reseñado y, como consecuencia, “la inversión también podría retrotraerse de manera dramática”. Lo anterior se sumaría a otra consecuencia: la fuga de capitales. El escrito especifica que tan solo el asumir el resarcimiento de casi “diez millones de víctimas de la guerra con 25 millones de pesos por persona” podría demandar casi 200 billones de pesos.

Esa cifra se aproximaría en equivalencia a un presupuesto anual del Estado en las condiciones vigentes. La reflexión continúa al señalar que, en el cuadro de situación actual y más aun en el postconflicto, la condición de resguardo de las fuerzas armadas a la sociedad civil se está reduciendo en términos operativos a “los de una gendarmería”. En paralelo, se aclara que esa especificidad de cuerpo armado está perdiendo importancia en el mundo ante los desafíos actuales, en particular en lo que hace riesgos globales como los del terrorismo internacional.  Esto haría que, “por ignorancia” de los factores de decisión política, se pierdan de vista las amenazas externas y, por ende, se diluyan las exigencias prioritarias de la defensa nacional. El análisis de la referida documentación en borrador indica que los riesgos cercanos no solo sobre fronteras sino incluso los que acechan en el mar Caribe, no disminuyen y que la presencia de potencias extracontinentales en esas aguas los mantienen larvados y son potencialmente más peligrosos. Lo anterior, debido a la inestabilidad geoestratégica y económica que se advierte en el mundo desde fines de la década pasada.

Uno de los escritos alerta en parte de sus tramos sobre el porvenir económico inmediato, que impactará de manera drástica la disposición de gastos del Estado y esto alcanzará a “la institución armada”. Ante lo que se anuncia como inevitable se proponen alternativas para el fortalecimiento en condiciones de debilidad superestructual. Para ello se señala la eventualidad de mantener un pie de fuerza de al menos unos 100 mil hombres en el componente ejército y, después del tremendo tajo que se produciría *, constituir una reserva activa con los otros más de 100 mil efectivos de remanente, que darían sostén a los requerimientos disuasivos eventuales del país. Eso, también con el fin de no enviar una señal equívoca de indefensión a potenciales contradictores de adentro o de afuera. Al tiempo, se propone un repotenciamiento del segmento de fuerza constreñido, aunque en servicio activo, con un importante agregado tecnológico de punta en conjunto con la capacidad de desplazamiento rápido y de fuego de las unidades que quedarían operativas. También se aconseja mantener para la seguridad ciudadana a unidades de policía como el Esmad, ante el incremento posible de la perturbación interior, en tanto resultado del postconflicto y de las dificultades financiera para cumplir con los compromisos derivados de los acuerdos habaneros (aresprensa).    

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*Aunque el material reservado no lo dice de manera explícita, el recorte de personal uniformado que se plantea podría alcanzar en algunas ramas al 50 por ciento de la fuerza actual.    

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