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ARGENTINA: A 4 DÉCADAS DEL GOLPE MILITAR

Publicado el 23 de marzo de 2016 / 23.45 horas, en Bogotá D.C.

ARGENTINA: A 4 DÉCADAS DEL GOLPE MILITAR *

Es el aniversario 40 de aquella jornada que derribó al traumatizado gobierno de María Estela Martínez, viuda de Perón, y produjo el ascenso de una junta militar que tomó sin mayor esfuerzo el timón de la Argentina para sumirla en uno de los procesos más complejos, sangrientos y contradictorios de su historia reciente.  Una historia nacional azotada con largos periodos de disolución institucional y espirales de violencia. Fue aquel 24 de marzo de 1976 cuando la cúpula castrense se hizo cargo del Estado en nombre propio y de sectores importantes de la sociedad civil. Una gestión de ruptura del juego democrático que profundizó en el largo plazo el hundimiento que vivía por entonces el país, aunque neutralizó a la subversión que era parte del problema que lo azotaba. Esto último con un desmesurado costo institucional y humano. Al tiempo, se comprometió a la Argentina en dos conflictos internacionales: uno con Chile por los islotes al sur del Cabo de Hornos y otro con Gran Bretaña por las islas Malvinas. La confrontación con los ingleses terminó en derrota y en el rápido alejamiento de los uniformados del manejo de la nación, con un también sombrío retorno a los cuarteles y la puesta en riesgo de la seguridad estratégica nacional, por el debilitamiento vigente de la institución castrense.

Antes de la fecha fatídica los mandos habían decidido la ruptura del orden democrático, desde al menos seis meses antes. Fue como consecuencia del asalto al Regimiento de Infantería de Monte 29, en la norteña provincia de Formosa, fronteriza con Paraguay. Allí murieron 12 uniformados y 15 asaltantes. Fue la gota que rebasó la copa en lo que hacía al desafío subversivo y en momentos en que la Argentina se sumergía en una espiral de violencia y terrorismo. En el torbellino de locura que vivía el país, que tenía como ingredientes los atentados constantes, el asesinato en seguidilla de civiles e integrantes de las fuerzas armadas y de policía, además de la desaparición germinal también cotidiana de civiles señalados de ilegales armados, o sospechosos de ello, llegó el momento del golpe de estado en ese inicio de otoño de 1976.

Los números de la crisis que definieron la ruptura del orden constitucional fueron elocuentes, aunque jamás suficientes para justificarlo: un muerto por violencia política cada seis horas y la mitad de ese tiempo para el estallido de un artefacto terrorista en cualquier parte del territorio argentino. El hundimiento económico de coyuntura y la señalada corrupción del entorno institucional y político, que orientaba el justicialismo heredero de Juan Perón, le daban mayor combustible a la intención golpista y en eso -el reacomodamiento económico y el “desescalamiento” de la corrupción- también quedó como legado el fracaso del llamado “Proceso”, que encabezaron los militares. El contexto y los anuncios al respecto en el tiempo previo, eran ilustrativos. Entre fines de 1975 e inicios de 1976, nadie se llamaba a engaños en la Argentina en el sentido de que las fuerzas armadas interrumpirían la actividad del escenario civil y democrático reiniciado apenas tres años antes.

Antes de marzo de 1976, la cabeza visible del movimiento golpista, Jorge Rafael Videla, había señalado que en la Argentina “morirán todos los que deben morir” en el esfuerzo para extirpar “el veneno de la subversión”. Ya el gobierno constitucional, en 1975, había emitido los 3 famosos decretos de “aniquilamiento” de las formaciones irregulares, ordenando a los cuerpos militares someter por todos los medios a los impugnadores armados, que habían declarado la guerra a las instituciones y a la sociedad en su conjunto. Pero el fatídico anuncio no fue el único de ese tono, antes y después de marzo de 1076. En 1977, el general Ibérico Saint Jean dijo en una concentración civil: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente a los tímidos”.           

En ese marco y a partir del momento en que giró el gozne de la historia, el terrorismo de Estado pasó a ser un ejercicio sin tapujos y de dimensiones totales, aunque esto ya había comenzado antes, durante el gobierno de María Estela Martínez, viuda de Perón, con las acciones de la Triple A, la tenebrosa organización que fundó el exministro José López Rega. El secuestro tenía una lógica que, se suponía, era propia del hacer de la guerra -que los militares llamaron “sucia”- y a la que siempre señalaron que habían sido obligados a aceptar como reto, empujados, por el desafío de la subversión hasta ese momento incontrolable. También se llamó a esa práctica como “guerra argelina”, por tomar el modelo de represión ejercido por las tropas francesas contra los civiles resistentes que luchaban en el norte de África por la independencia de Argel, entre los años 50 y 60.

El sistema consistía a tratar de “cazar” al sospechoso señalado de pertenecer a una organización ilegal -en especial de los autodenominados Montoneros y también de las formaciones del ERP- y se consiguiese o no el objetivo principal, también neutralizar a los círculos concéntricos de relaciones del sujeto de atención básica para la represión. La acción punitiva buscaba la captura como posibilidad complementaria, aunque en especial la eliminación de los blancos y de su entorno potencialmente comprometido. El trabajo de inteligencia pasó a ser un elemento trascendental del proceder “quirúrgico”, más de lo que suele ser necesario en una guerra convencional. Ese es el origen de la masa de “desaparecidos” que dejó lo que se llamó Proceso de Reorganización Nacional, surgido hace 4 décadas como proyecto de las fuerzas armadas con apoyo de un sector importante de la sociedad, que incluyó a la cúpula de la Iglesia y al Partido Comunista argentino alineado con la Unión Soviética.

Fue una técnica de escalpelo en seco, con movimiento concéntrico y dialéctico tanto de la periferia al centro como al revés, de todo aquello que oliese a célula subversiva. Eso originó un plan de tareas que incluía el combate abierto, urbano o rural, el secuestro y la tortura. El resultado fue la aniquilación de la guerrilla y de parte del tejido social, cuando este último aparecía comprometido, apoyase o no al movimiento de los armados por fuera de la ley. La represión también dejó un saldo de casi 10 mil desaparecidos, no todos ellos impugnadores beligerantes. No fueron 30 mil, tal como después divulgaron en cifra inexacta los detentadores de los derechos humanos y sus organizaciones -algunas nostálgicas o abiertamente partidarias de la subversión vencida- que falsearon el informe “Nunca Más”, de la comisión encabezada por Ernesto Sábato, con fines políticos subalternos o simple interés económico.

Pero las cifras al respecto poco importaban pues una sola víctima de desaparición forzada, como política de Estado, hubiese sido suficiente para condenar tal política. Esa dinámica de desaparición y muerte en cautiverio estuvo acompañada de los bebés que nacían de mujeres en esa suerte de “Nacht und Nebel**.  El conjunto de acciones atroces por parte de los agentes del Estado terminó enterrando cualquier aspiración de enrumbar al país dentro de la normalidad. Mucho después, preso y condenado, Videla dijo en entrevista antes de su muerte, que ese procedimiento se llevó adelante porque los argentinos “no hubiesen tolerado” el fusilamiento masivo de los ilegales en armas. Así, se produjo el exterminio de los impugnadores violentos, pero resultó un remedio peor que aquello que se quiso aniquilar y los herederos de los violentos regresaron para reclamar su venganza, que envolvieron en papel y rótulo de justicia.

El retorno a la democracia trajo a escena otros fracasos, como el de los juicios para imponer un “punto final”, que tuvieron intención restaurativa y cierre de las heridas abiertas en el conflicto interno. También en el periodo posterior los argentinos sufrieron otras debacles económicas y nunca se pudo reconstruir el tejido social roto a partir del acceso militar al manejo del país. El corolario fue la llegada al poder de la dupla kirchnerista, Néstor y Cristina, que dio nuevo aire a la inacabable sed venganza de la subversión supérstite y a un pináculo inconmensurable de corrupción que incluyó a personajes nefastos en el saqueo a los bienes del Estado con pancarta justiciera, entre ellos Milagro Sala y Hebe de Bonafini, además del matrimonio presidencial. Todos ellos voceros de condenas verticales a quienes los enfrentaron y de un presunto relato reivindicativo de los desposeídos. El rédito al asumir el nuevo gobierno de Mauricio Macri, es nada menos que el vaciamiento de las reservas del Banco Central, el aislamiento y marginalidad del país, un 40 por ciento de pobreza y una inflación que alcanzó a llegar al 30 por ciento. Aunque, sobre todo, al hecho cierto de que hasta hoy en la Argentina no hubo verdad, ni justicia ni reparación integrales.   

Lo anterior muestra la mediocridad de la clase dirigente argentina en su conjunto, en lo que hace a la voluntad y ejercicio de una “buena praxis” en el manejo de los asuntos públicos, su hacienda y los problemas acuciosos de la sociedad. Eso incluye a la misma institución militar, el aparato de justicia y a la instancia política, por mencionar solo a tres estamentos de decisión. Por si lo anterior fuese poco, debe decirse que hay un núcleo de 300 oficiales, suboficiales y cuadros de las fuerzas armadas que se encuentran aún presos por lo acontecido en la historia reciente, muchos de ellos sin el debido proceso, a partir del golpe militar. Otro número similar de uniformados vinculados a esa saga ya murieron en prisión y todos se han considerado “presos políticos”. La cifra es significativa, pero pequeña comparada con lo que sucede en Colombia, donde los hombres de las fuerzas armadas y de seguridad en condiciones similares a lo que acontece con sus colegas argentinos, superan los 2 mil.

Si se hace aquí una comparación con el país cafetero es porque en este último caso, sin golpes militares ni debacles económicas, las cosas se parecen en varios aspectos. Hubo y hay lucha antisubversiva, existe marcada corrupción y anomia en el manejo del Estado, además de mala praxis administrativa y económica. La principal organización en armas no fue aniquilada como ocurrió en tierras australes, pero sí fue arrinconada al punto de obligarla a negociar. Otra semejanza es la convergencia eventual de criterios en el sentido de que serán los militares quienes pagarán los platos rotos, por defender la institucionalidad. También, en que todo el panorama en conformación anuncia que se dará paso a la pretensión de venganza por parte de la subversión, doblegada en su intención de continuar con su violencia irracional pero no dispuesta a aceptar un punto final que cierre las grietas y heridas que deja la guerra (aresprensa). 

EL EDITOR

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* La columna Doxa expone la posición editorial de la Agencia de Prensa ARES. 

** Un decreto del Reich a comienzos de la Segunda Guerra Mundial ordenaba hacer desaparecer toda huella de los prisioneros y borrar toda memoria sobre los mismos. En traducción literal del alemán la expresión significa “noche y niebla” y fue el procedimiento que en Colombia aplicaron las Farc a muchos de sus cautivos.  

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