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ASESINATOS QUE CRECEN

DOXA // Publicado el 31 de julio de 2018 // 10.40 horas, en Bogotá D.C.

ASESINATOS QUE CRECEN  *

Pareciera una página de literatura, sobre lo tenebroso, esto del día a día con titulares en los que se muestran en siniestra sumatoria los asesinatos selectivos. Esos que son una nueva página -otra más- de la histórica saga que martiriza a los colombianos. La esperanza puesta en una contracción de las cifras macabras, luego del cierre del proceso que selló el gobierno de Juan Manuel Santos, hacía imaginar que la sociedad se encaminaba de manera irreversible a la pacificación integral. Algo difícil pero sin merma después de superar el escollo del avenimiento y reinserción a trancazos en la sociedad de dirigentes y tropa del principal grupo armado ilegal, quienes aceptaron los términos de un acuerdo llamado de “paz”. La esperanza en veremos aún no se cierra pero va en camino de desesperanza ante el crecimiento de los asesinatos individuales que aumentan casi cada jornada en diferentes puntos del país y que golpean sobre todo a humildes líderes sociales. Es real que la economía boyante de la industria del narcotráfico y otras de similar nivel de ilegalidad, contribuyen a enervar los vectores violentos, pero hay sospechas fundadas de que también hay factores que operan desde la criminalidad con intención política real aunque con máscaras. Lo siniestro de matar, vinculado con el rechazo hacia el discurso y práctica de reivindicación es demasiado grave para la estabilidad interna del país afectado, que está aún demasiado lastimado, polarizado y sufriendo heridas renovadas en hechos como los que suman y se señalan.   

Una de esas intenciones sería la de entorpecer y torpedear por anticipado el inicio del mandato del presidente electo Iván Duque y de la corriente política que lo llevó al triunfo electoral. Otro vector en colusión sería el eventual renacimiento de sectores armados ilegales disconformes con el proceso que llevó adelante Santos y que ahora ejercerían retaliación sobre los hombres y mujeres vinculados de alguna manera o sospechados de vínculo con ese proceso de pacificación, tal como se hizo en el pasado en circunstancias que parecieran semejantes. Ambos extremos tendrían una coincidencia perversa que de sólo imaginarla genera repulsa. No es un rechazo de bien pensantes a lo que es políticamente incorrecto sino que es un impulso de básico asco frente al crimen que pretende quedar impune. Las víctimas en general son líderes sociales o dirigentes de comunidades que ya han sido golpeadas y martirizadas por la violencia endémica, no solo la armada sino también la económica, la étnica y la de la marginalidad social, en un marco recurrente de sectores sin oportunidades palpables de reivindicación histórica. 

En el momento de realizar estas líneas la masacre en goteo rápido contabiliza el asesinato de unos 200 líderes sociales en los últimos tres años, aunque hay investigaciones -una de ellas de la Defensoría del Pueblo- que suman más de 300 en sólo dos años y recién iniciado el segundo semestre de 2018. Cualquiera de esos topes causa pavura pues niega la vigencia de un Nobel de Paz para quien llevó adelante el proceso inicial de reconciliación con el grupo armado ilegal más añejo de la historia continental. La “paz” como metarrelato de la administración que culmina tuvo ese horizonte como bandera insustituible de su mandato. Las víctimas de los asesinatos han sido en algunos casos revictimizadas después de la muerte y cayeron luego de haber salvado su existencia, amenazada en ocasiones anteriores. No pocos de ellos ya habían sufrido desplazamiento y desarraigo en el fragor de la confrontación. Las organizaciones armadas ilegales, tuvieron un fuerte protagonismo en la victimización de civiles durante el tiempo de su impugnación violenta al Estado. 

No solo fueron victimarias aquellas organizaciones que levantaban una bandera ideológica en su interpelación al orden vigente, sino que también aprovecharon el caos y la turbulencia macabra las diferentes formas del crimen organizado, que por la vía de las armas y adquiriendo diferentes patentes y formas de justificar sus delitos, aprovecharon de manera secuencial los nichos territoriales y de población para convertir en sometidos transables a sus víctimas. La costumbre de ese accionar se reitera ahora en estas formas y fórmulas de criminalidad. No se descarta que también haya referentes marginales bajo cubierta del Estado, como ya los hubo, en estas nuevas violencias de máximas consecuencias para los indefensos, quienes con la palabra mantienen en alto la bandera de la defensa de sus derechos postergados. Pero la gravedad de lo que sucede en esta muerte sumada por plazos requiere de una voluntad política inquebrantable para ponerle el coto impostergable, pues de lo contrario queda en entredicho la propia institucionalidad. 

En tal sentido, no podría sostenerse de manera responsable, tal como se ha deslizado por algunos voceros de la oposición al establecimiento, que estos crímenes responden a una política oculta de los responsables de la administración pública, en coyunda con operadores de la ilegalidad. Esto último en alusión y memoria a lo sucedido con el genocidio que se provocó, por ejemplo, contra de la Unión Patriótica en los años 80 y 90 del siglo pasado. Al respecto la institucionalidad debe dirigirse con firmeza y sin pausa al esclarecimiento de las causas de los asesinatos y al sometimiento de los responsables, a la vez que se deben dejar de hacer declaraciones antojadizas, temerarias y banalizadoras sobre las causas y responsabilidades al respecto. Ello si es que los altos funcionarios del gobierno no quieren que crezcan las dudas sobre la necesaria transparencia en el enfrentamiento de estos crímenes ya numerosos y en aumento. Las dudas al respecto no deben crecer como las muerte de estos líderes sociales, ni quedar justificadas en lo que hace a eventuales complicidades de agentes del Estado con los asesinos. 

Son pavorosas las cifras que ha dejado el prolongado fenómeno de confrontación interna que golpeó al país durante medio siglo y que pareciera no haber concluido a la vista de lo que ocurre con los líderes sociales y a la vista de los otros focos de violencia que parecen crecer con debilitamiento de la respuesta del orden legítimo. Casi siete millones de víctimas en cifras que no cierran por su multidimensionalidad, ni pueden considerarse certeras por lo espeluznante del dato. Sean más o menos los afectados contabilizados da igual en lo que hace a la magnitud de la tragedia colectiva. De ese tope, los muertos llegarían a casi 250 mil. Si se hace referencia a los desplazados internos y los que emigraron del país asediados por la violencia, los números también impactan por encima de la fría estadística. Se estima que las flujos migratorios motivados por el conflicto en los últimos 30 años tienen pocas equivalencias con los topes de víctimas, en otros lugares de conflicto en el mundo. Adán Quinto, en 2014, o Margarita Estupiñán, en 2018, son una marca arbitraria de nombre, tiempo y al parecer sin frenos en el horizonte, de dos líderes que salieron del anonimato por su muerte trágica perpetrada por terceros para silenciar y abortar una labor social. Entre ambos nombres hay centenares de otras víctimas fatales que reclaman justicia plena (aresprensa).  

EL EDITOR

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* La columna Doxa expone la posición editorial de la Agencia de prensa ARES

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VÍNCULO DIRECTO: COLOMBIA SE SIENTE UN FRESQUITO //  UN VIRAJE PARA MÉXICO

Actualizado: martes 31 julio 2018 10:57
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