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COLOMBIA: INSTITUCIONALIDAD GASEOSA

Publicado el 27 de septiembre de 2012 // 13.45 horas, en Bogotá D.C.

COLOMBIA: INSTITUCIONALIDAD GASEOSA 

Los dos nuevos escándalos y más recientes de las instituciones colombianas son el que han protagonizado, en primer término, los tres poderes básicos de cualquier democracia en torno a la reforma a la justicia. Una verdadera feria de malabares para sostener privilegios, ampliarlos y aclimatar condiciones de impunidad que provocaron una repulsa generalizada por parte de la opinión pública, precipitada además por la vindicta de los medios de comunicación social a la fea conducta de sus máximos representantes en los mencionados poderes. Para colmo esa condenada reforma no le resolvía nada a un poder judicial aletargado en su propia ineficiencia, sospechoso de su propia cadena de corrupción, sospechado también de estar infiltrado por grupos oscuros y que, en definitiva, no brinda a la ciudadanía lo que es de su naturaleza y obligación: impartir justicia. El otro escándalo se ajusta dentro del complejo y largo conflicto que ha vivido esta sociedad y que ha permeado a la institucionalidad incluso en sus más altos niveles de decisión: la connivencia entre delito y autoridad. Eso es lo que deja la confesada relación entre el general retirado de la policía, Mauricio Santoyo, y tenebrosas fuerzas al margen de la ley. Este hombre que llegó a la máxima jerarquía de uno de los organismos más respetados por los colombianos, no era un simple cuadro del alto mando policial. Era el jefe de seguridad del anterior presidente Álvaro Uribe. Una verdadera crisis de consecuencias aún imprevisibles en el largo y mediano plazo. 

Pero los hechos ocurridos hace pocas semanas en el departamento de El Cauca agravaron una situación institucional y de seguridad ya grave por sí misma: nada menos que las vejaciones de la llamada Guardia Indígena a esos soldados acostumbrados a jugarse la vida en las selvas, trochas, caminos y ciudades colombianas. Ellos no respondieron con las armas, pero el sólo hecho de que unos grupos de otros colombianos, sin elementos ofensivos en mano, se hayan atrevido a degradar a la autoridad uniformada del país, la que debe tener el monopolio de la fuerza, refleja el desprecio de una parte de la población a las instituciones y la falta de credibilidad en las mismas.  

Ese es el tránsito en reversa de los estados viables al cuadro de los estados fallidos, una dinámica de la que Colombia aparecía alejada, después del cono de sombras que pasó el país desde mediados de los años setenta y hasta fines de los 90. En efecto, en una controversial década del nuevo siglo que orientó primero el expresidente Álvaro Uribe, la presumida continuidad de ese realce de la figura institucional por parte de su heredero por mandato constitucional, Juan Manuel Santos, parece tender a que el país caiga en un nuevo cono de sombras.  

No obstante la continuidad del crecimiento económico y la suposición de que las tendencias de regularización de la situación interna aseguraban su continuidad, los dos años de administración de Santos reciben una lluvia de críticas que no son sólo de aquéllos que entienden que el camino que trazó su antecesor fue abandonado sino que, por el contrario, también está en giro inverso de manera irreparable. Aunque Santos y su círculo más cercano lo desmienten de manera reiterada, las cosas muestran otro panorama.  

En ámbitos como el de la seguridad las cifras se cruzan entre los que sostienen que la parábola de contención de la violencia de los grupos armados de izquierda y de otros factores de erosión violenta de la institucionalidad y aquéllos que, como el mismo presidente del país lo hace, afirman que las líneas de la antigua “seguridad democrática” y ahora “prosperidad para todos”  se sostienen y se amplían porque “se arrincona a la subversión en sus madrigueras”. 

La crisis del sistema de salud pública, privatizado hace más de una década con el concurso de primera línea del expresidente Uribe, el rechazo a la reforma judicial y la caída estrepitosa de la intención de introducir una reforma educativa, le han jugado una mala pasada a la gestión de Santos. A ello se suma la crisis de hacinamiento en las cárceles y ciertos amagos de contagio de la crisis mundial -aunque debe decirse que la movilidad de las cifras económicas son las menos golpeadas durante  el vigente gobierno- y de acusación de corrupción en ámbitos sensibles para los planes del gobierno, entre ellos el de la cabeza del ministerio de Transportes, Miguel Peñaloza, reemplazado en el reciente cambio de colaboradores inmediatos. 

Dentro de ese panorama gris el tema del aparato judicial en extenso es el que más ofrece puntos de dudas y críticas, no sólo de los medios nacionales e internacionales, sino de la misma opinión colombiana que no cree en sus jueces, en las dinámicas judiciales ni en los integrantes de lo que en el lenguaje cotidiano se denominan “altas cortes”. En un inaudito giro de autodefensa de cuerpo, negación de los hechos y de huida hacia adelante, integrantes y voceros de esos cuerpos, señalan a los medios de información como los culpables de la crisis de credibilidad, también lo hacen con los otros poderes, e invocan una “majestad” de la figura jurídica que hace mucho se perdió en el desgreño de sus propios manejos y en la sospecha sostenida de que sus intereses de grupo van en contravía del bien público. 

Dos recientes muestras al respecto afirman aquello que el “gremio” judicial niega: la pretensión de enjuiciar periodistas, con clara intención de intimidación y vulneración de la libertad de expresión y el reciente fallo de la justicia norteamericana imponiendo justicia y aceptando el error en la identidad de un presunto narcotraficante colombiano que resultó ser un inocente capitán de aviación. La lavada de manos al respecto de una las máximas representantes de las referidas máximas cortes muestra que el ejercicio notarial de los altos jueces para aceptar la extradición de nacionales niega al tiempo sus derechos básicos. Una verdadera vergüenza para un país que pretende ser reconocido como interlocutor válido en el plano internacional.  

Si a esto se suma que sentencias condenatorias emblemáticas como la se ejecutó contra el coronel Alfonso Plazas Vega, violatoria en su esencia del honor y la condición de soldado de ese oficial que defendió al Estado luego del asalto terrorista del M-19 al Palacio de Justicia en 1985, o la mancha que deja en una entidad del prestigio de la Policía Nacional de Colombia la confesión propia del general en retiro Mauricio Santoyo, sobre su asociación y connivencia con grupos delincuenciales como  lo fueron los paramilitares, las conclusiones son simples y palmarias: no sólo están fallando los hombres, también las instituciones. 

Un reciente fallo judicial, condenando a un joven oficial del Ejército por el asesinato de tres hermanos campesinos, menores de edad, uno de ellos una niña que fue abusada por el uniformado, fue recibido con un respiro de alivio por parte de la traumatizada sociedad colombiana. Pero la existencia de un juez probo, con un fallo excepcional, es apenas una golondrina que no quita las invernales brumas  que envuelven tanto a la justicia como a la institucionalidad colombiana (aresprensa). 

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Actualizado: jueves 07 septiembre 2017 22:46
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