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COLOMBIA: MILITARES EN EL CONGRESO

Publicado el 12 de julio de 2016 / 09.30 horas, en Bogotá D.C.

COLOMBIA: MILITARES EN EL CONGRESO

El ciudadano del común siente un contradictorio alivio bajo una lluvia de información que le señala una paz cercana. Un alivio que se refuerza en la reiteración de la voz oficial, en el sentido de que es inminente la firma de un acuerdo integral de fin del conflicto con el principal grupo armado que en la ilegalidad confronta al Estado desde hace 7 décadas.  Es posible que ese parecer contradictorio se agudice por fuera de las grandes ciudades. Los colombianos de Villarrica o Planadas, en el Tolima, llevan a cuestas la pesada carga de soportar la violencia desde 1948 y ahora deberán compartir los espacios de concentración con quienes se supone que silenciarán sus armas, a partir de este 2016.  Estos ciudadanos de regiones apartadas y castigadas con todas las formas de violencia, desde 1948, recordarán el impacto que causó en esas zonas del país el Partido Comunista. Una estructura política que, aprovechando la confusión reinante después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, estimuló la organización de campesinos para apoyar una resistencia armada que nacería en 1954 en esos municipios, al mando de Pedro Antonio Marín (a) Tiro Fijo y (a) Mayor CiroEn el entretiempo de la reflexión por lo que viene, cabría preguntarse en plena lógica que, si es bueno premiar a la subversión que se integra a la legalidad, por el hecho de hacerlo, ¿por qué no podría ser igual de bueno el también otorgar curules a quienes vistieron con honor el uniforme para defender el estado de derecho y la democracia?  

Escribe: RUBÉN HIDALGO

El despertar frente a las contradicciones, en lo que hace a la paz anhelada, podría ser brusco. Salir de la pesadilla podría ser hoy poco diferente a otra cosa que una continuidad traumática y quizá sea más de lo ocurrido hasta ayer: un mal recuerdo y sinsabor que sólo cambia los ropajes y los métodos. Algo así como cuando se allana el Bronx, pero surge la impotencia para hacer desaparecer al fenómeno que lo originó. Porque eso es lo que muestra un panorama donde coexisten el autodenominado ELN, el microtráfico generador del delito en las urbes, las llamadas Bacrim, la extorsión y, por si esto fuese poco, las grandes lavanderías de activos de esos detractores aún armados e incluso las amenazas externas, siempre en la sombra y siempre allí presentes.

Ese flujo de dinero negro y la sombra señalada, tanto en el interior como en el exterior inmediato, serán administrados para aceitar actividades de superficie como las de Marcha Patriótica y similares, dirigidas a la activación de la protesta social generalizada y profesionalizada con un fresco rostro de la misma finalidad subversiva. Esto último con el propósito de paralizar la economía nacional, hacerla implosionar y precipitar otras formas de confrontación entre las autoridades y el pueblo. Esa es una de las causas por las que en La Habana se insiste en desarticular al Esmad de la policía, el único cuerpo de seguridad entrenado y experimentado para contrarrestar los fenómenos de violencia y pugnacidad emergentes en el cuadro de situación que se avecina.

En ese conjunto, es probable que se abra un capítulo más de persecución encarnizada hacia quienes tuvieron que afrontar en diversos momentos la defensa del Estado Social de Derecho. También se emprenderá la persecución de los empresarios y civiles, hasta ahora anónimos, que aparecerán ante los nuevos “fiscales” como favorecedores de grupos paramilitares y se convertirán en objetivos a neutralizar en los escenarios que abre la novel situación surgida en definitiva de la mesa de La Habana. En el mismo plano de la desequilibrada balanza en gestación aparecerán estos “luchadores” de la justicia social, ahora de civil, para hacer efectiva la venganza investida de justicia.

Lo harán a despecho de un haber histórico propio abundante en masacres, toma de rehenes, reclutamiento forzado de niños, atentados terroristas financiados por el narcotráfico o como su consecuencia, además del ejercicio de la minería ilegal y el desprecio de los derechos de quienes no piensan como ellos. Estos nuevos operadores civiles de la utopía social a contrapelo de los derechos elementales de los otros, legislarán para el resto y vigilarán que se cumplan las nuevas prioridades del Estado. Al tiempo, exigirán que la población víctima de sus acciones disolventes y continuadas durante décadas, sufraguen indemnizaciones a las víctimas de los flamantes salvadores de la patria colombiana. El símbolo quizá más irritante del emergente cuadro es el de esos monumentos propuestos, que se supone serán construidos con las armas que en la letra se silenciarán.

Lo previsto señala que una de esas obras reivindicatorias del crimen se levantaría en la sede de la ONU, en Nueva York. Otra se erigiría en Cuba y la restante en Colombia. Lo inquietante del icono pretendido no sería una abstracción, en figura de homenaje a la paz, sino que sería una exaltación para quienes afrentaron a la sociedad durante tantos años, con sus acciones atroces, y que ahora se abrirán camino con cantos a la democracia para socavarla desde el interior. Esto se haría con un proceso parecido al seguido por el chavismo de primera y de segunda ola, como el que hoy por hoy encabeza el compatriota colombiano Nicolás Maduro. No obstante, es comprensible y aceptable que se les abran las puertas para la participación en política, en aras de la reconciliación, a quienes pretendieron hacerlo durante décadas con el desafío armado.

Pero al tiempo aparece como un golpe al sentido común y una ofensa a los valores básicos de la mayoría de los colombianos, el que los cabecillas de las Farc ocupen curules en las corporaciones públicas, sin cumplir antes con las dinámicas elementales de la democracia. Es una versión del mundo al revés el que envuelto en papel de regalo se le presente a la opinión como razonable que el narcotráfico y la toma de rehenes, que son delitos atroces, aparezcan en propuesta de Estado como conexos con el delito político y, como corolario, que los máximos responsables de haberlos perpetrado reciban tibias sanciones que se sublimarán con los ya referidos puestos de premio en el poder legislativo. Sería un trago menos amargo el suponer que la impunidad que aparece en el horizonte quede atenuada por algún tipo de penalidad concreta, por mínima que sea, antes de que aparezca la dulzura del honorable cargo y el salario del Estado.

Ojalá que, al definir el tiempo y el modo de participación política de los responsables máximos de delitos graves, como los de lesa humanidad, se pueda diferenciar un monumento a la impunidad como este, de los otros monumentos con aura de perversión que se pretenden levantar. Si se aceptara el crear asientos agregados en el Congreso sin el voto popular y antes del pago de las penas que establezca el aún inexistente tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz, la reacción social sería imprevisible. En buena medida, porque el criterio en el cual se fundamenta ese paso es el que valida aquella noción de que “el fin que justifica los medios” y ello no obstante de que ese razonamiento abra en contraposición el sendero por el cual, en función de la presunción de legalidad y “el trato simétrico, equitativo, simultáneo, equilibrado e inescindible” se le reconozcan la misma cantidad de curules en el Congreso a los militares condenados por delitos culposos, como el de omisión(aresprensa). 

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