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COLOMBIA SECUESTRADA POR SUS PROPIOS DEMONIOS

Publicada el 10 de marzo de 2007

En la víspera de la visita de George Bush  

COLOMBIA SECUESTRADA POR SUS PROPIOS DEMONIOS

El Destape de las relaciones ilegales entre los responsables del Estado, la clase dirigente y las bandas violentas que atropellan y vulneran el derecho a la vida y la dignidad de la sociedad colombiana, pone en duda la viabilidad histórica y el equilibrio institucional del país.

 Hace varios años un embajador norteamericano criticado por sus opiniones sobre las condiciones y evolución de la sociedad colombiana acuñó un término que se hizo célebre por sus extensas connotaciones: narcoguerrilla. Lewis Tambs, el personaje al que se hace referencia, probablemente estaba lejos de suponer hasta dónde iba a llegar la degradación de amplios espacios, tanto de la  vida pública como de la cotidianidad de esta República, en términos de inatajables espirales de violencia ligadas con la producción y tráfico de sustancias ilegales.

Recientemente, sobre el punto, el presidente Álvaro Uribe habló de “tragedia” cuando se refirió a la persistente y profunda relación entre la industria de la droga, los grupos armados de variado signo y la fatal pugnacidad sin fin, que tiene también como protagonistas a sectores de la élite en diversos campos del hacer nacional.   

En verdad, tanto la expresión de Tambs como la de Uribe son una gráfica concreta de la profunda erosión de valores y prácticas relacionadas con esa implosión moral que desdibuja la imagen del país en el exterior y pone sobre el tapete sus condiciones de viabilidad histórica por la línea  de su estabilidad institucional, sin duda en severo riesgo.Nadie sabe hoy hasta dónde llegará la dispersión de nombres de personajes públicos y acumulación, tanto de acusaciones como pruebas, sobre los vínculos entre  las diversas formas de  ilegitimidad, encadenadas con las distintas modalidades de confrontación crónica del país.  

 No es aventurado suponer que, un grueso segmento de las altas esferas del poder político y social, así como también  de la misma ciudadanía, se encuentran secuestrados de manera voluntaria, o sin ese factor de decisión, por unas lógicas perversas de delito, corrupción extendida y relaciones activas con actores de la marginalidad armada que,  mediante el terror, pretenden  subalternizar cualquier proyecto histórico que suponga la vigencia del Estado de derecho. Varias generaciones, durante casi medio siglo, han hecho germinar y se han  acostumbrado a vivir en contacto con  las condiciones perversas del conflicto y su contexto. 

Las recientes y continuadas denuncias, más las consiguientes consecuencias judiciales sobre  los nexos no santos y añejos, entre conocidos nombres del stablishment del país está lejos de terminar y, se asegura, llegará hasta los más altos niveles de la dirección del Estado. No escandaliza la evidencia  por su novedad, pues los señalamientos eran un secreto a voces en el hacer de todos los días de ciudades, calles y pueblos colombianos,  sino porque se han hecho a contrapelo de toda exigencia de claridad y transparencia en las dinámicas de manejo de la cosa pública y también a contravía de la negación permanente sobre la efectiva ocurrencia de las mismas, en los espacios geográficos donde el conflicto interno es más traumático .  

De la misma manera, como hace casi tres lustros, cuando un presidente y su entorno quedaron descalificados históricamente por la financiación de una campaña política con recursos del narcotráfico hoy, la vigente generación, queda enjuiciada por la historia  debido a sus relaciones con las bandas  armadas  que han sembrado el terror, enarbolando la bandera de la confrontación con las otras bandas armadas que también acuden al terror con la excusa de un metarrelato socialista y de transformación.   

La crueldad develada de unos y otros actores ilegales puso en evidencia, con el correr del tiempo que, hasta el momento, no es concebible la circulación de las secuencias de terror, sin formas de connivencia y complicidad de no pocos operadores del Estado. En esa dinámica, la narcoguerrilla del señalamiento descalificatorio ha dejado paso a una suerte de narcodemocracia que no puede seguir existiendo, excepto que se busque el hundimiento, el suicidio colectivo, por la vía de su descrédito global  y la fractura del cuerpo institucional. 

El remanente es un  panorama en el cual sólo el aparato judicial pareciera quedar al margen de la corrosión de credibilidad y, hasta cierto punto también, sectores de las fuerzas armadas. Ambas, instituciones tutelares que aparecen como retaguardia de recuperación. 

La naturaleza de la guerra irregular no debió haber contaminado de perversidad la decisión de los responsables políticos y los agentes de la institucionalidad, en sus diferentes jerarquías. Es real que la acción punitiva marginal contra las redes de apoyo de los irregulares que confrontan al Estado ha desmantelado en forma paulatina el apoyo que aquellos requieren entre los civiles.  Pero la acción de terror –que no es diferente a la que perpetran, también contra los civiles, aquéllos que impugnan al Estado- dio paso a las mayores tropelías, crímenes y venganzas que incluyen los ajustes de cuentas personales, el saqueo de bienes -incluidas las tierras de las víctimas- y su extrañamiento, vía desplazamiento. 

Todo esto cometido en los últimos tiempos y en particular, por aquéllos que en algún momento se organizaron en la ilegalidad con la excusa de defender desde allí y por la vía del genocidio, la vigencia del Estado. La acción perversa contrapuesta con otra acción perversa, de espaldas a toda estructura de respeto por los derechos humanos e, incluso, las leyes de la guerra. 

Porque, debe decirse con claridad a esta altura de la historia, la aparición de estos grupos no fue una acción inicial de política de Estado, como en verdad nunca lo ha sido, a pesar de lo que aseguran algunas organizaciones civiles nacionales colombianas e internacionales, muchas lábiles y dobladas con las atrocidades que comete de continuo la llamada guerrilla. No, fue un agrupamiento primigenio y espontáneo no siempre de gentes acomodadas, para rechazar y defenderse de los atropellos que contra la población civil perpetran y cometen sus adversarios contestatarios. 

Este panorama, que ha estallado en las semanas previas a la visita a Bogotá del presidente George Bush,  estará en la mesa de conversaciones de los presidentes y ya le ha puesto acotación, tanto a las posibilidades que fueron positivas de ratificación legislativa de un Tratado de Libre Comercio como a la continuidad de una ayuda económica y logística integral para la confrontación de las organizaciones de delincuentes. Escenario que tiene como punto relevante a la narcoguerrilla y a sus ilegales confrontantes. Un panorama poco menos que sombrío, como ya se había anticipado en esta columna, para el futuro de la administración Uribe Vélez.      

Claro que no es el presidente norteamericano el mejor interlocutor para un cuestionamiento sobre lo que ocurre en Colombia, pero esa misma situación de autoridad en duda que tiene el presidente de Estados Unidos -quien ya es “un pato manso” de la política norteamericana- hace más vulnerable a Colombia frente al poderío de quien pone la plata y las condiciones. 

 Cuando el Estado debe acudir a la fuerza no puede hacerlo al margen de las leyes, pues deja de ser representativo de la sociedad que lo sostiene y se ilegitima de forma automática. Si por inercia histórica se hace la guerra desde la legalidad de la autoridad soberana, se debe hacer con la Constitución y la ley  en aquella mano  que no sostiene las armas que la sociedad le ha delegado a sus fuerzas propias. Los ciudadanos necesitan poder confiar en sus instituciones, de lo contrario será hora de apagar la luz  y marcharse (aresprensa.com).    

El Editor

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