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EL APOYO DE UN ESTADO AL TERRORISMO LO PONE FUERA DE LA LEY Y EXIGE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SU

Publicado el 04 de marzo de 2008 / 13.00 horas de Bogotá D.C. // Archivado el 30 de mayo de 2008

EL APOYO DE UN ESTADO AL TERRORISMO LO PONE FUERA DE LA LEY Y EXIGE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SU CONDENA SIN ATENUANTES

Los últimos acontecimientos que precipitaron una de las crisis más graves de los años recientes en Sudamérica, exige una reflexión preliminar sobre una situación cada vez más compleja. Esto es: la incidencia de la acción estratégica del terrorismo internacional en la coexistencia pacífica de los estados y los disturbios que en las fronteras y dentro de ellas, generan los contingentes perversos, incluso cuando están  vestidos con uniforme en  pretensión de reconocimiento de beligerancia y etiqueta de revolucionarios.

La muerte sobre territorio del Ecuador, en operación militar, de uno de los jefes de la banda armada FARC pone de nuevo en discusión el tema sobre cuáles son los límites de la soberanía nacional cuando la acción del terrorismo hace caso omiso de las fronteras y, además, utiliza los límites políticos y emocionales propios del resguardo de esa soberanía para cobijarse en ella y atacar desde tal trinchera a otros estados. Alias Raúl Reyes era un combatiente en acción bélica, aunque estuviese dormido cuando ocurrió el ataque sobre su cuartel de conducción de la acción ofensiva sobre el sur de Colombia. Además, en el plano táctico, el factor sorpresa es un elemento que juega dentro del marco de las dinámicas bélicas para asegurar la victoria y la protección de la fuerza propia.

Por ello, se hace ahora más la evidente la complicidad de los presidentes de Ecuador y Venezuela con el terrorismo, al presentar el resultado de la operación militar de Colombia como una "masacre". Alias Reyes, en efecto, murió como eligió vivir y como ya lo había anticipado de manera pública. Cayó bajo el hierro porque con hierro había asesinado a colombianos y extranjeros de manera masiva, durante muchos años.

Nunca se vio a personalidades venezolanas, como se observó ante el mundo el domingo 2 de marzo en homenaje a Luis Edgar Devia Silva, un acto de contrición y solidaridad fúnebre por  los 11 diputados civiles secuestrados, indefensos y asesinados en forma aleve por las FARC, a mediados del año pasado. Nunca lo han hecho las actuales autoridades venezolanas por ninguna de las víctimas masacradas por el tenebroso grupo colombiano.  

Por ello, debe inferirse que los secuestrados liberados recientemente por gestión de Caracas son lo mismo, en consideración humana, que son para las FARC: rehenes, mercancía y escudo. Sólo de esa manera se explica el circense tinglado que se monta en Caracas con cada liberación.

Debe recordarse que de ese circo formó parte, como comparsa, el expresidente argentino Néstor Kirchner, en Villavicencio al finalizar el año 2007.  Eso explica también la posición de complicidad extensa con el terrorismo del actual gobierno de Buenos Aires. El matrimonio Kirchner aún debe dar explicaciones al mundo sobre su oscuro pasado de juventud y sus nunca desmentidos vínculos con la organización terrorista Montoneros, que ensangrentó la historia argentina durante toda la década de los años 70 y principios de los ochenta.

En el mismo sentido es gris la posición tanto del gobierno chileno de Michelle Bachelett como la del brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva. De forma extraña, también ha sido tibia la actitud del gobierno peruano. Este último país víctima paradigmático del terrorismo, como lo es Colombia, y que se sacudió del estigma con una acción vertical de sus fuerzas armadas, pero con un alto costo para una institucionalidad hoy en reconstrucción. 

El caso es que no puede haber medias tintas con el terrorismo. Cero tolerancia para ellos. Esa ha sido la posición inclaudicable de esta Agencia de Prensadesde su aparición hace cinco años. Contra toda forma de terrorismo, no exclusivamente el de las FARC, también contra la acción atroz de los otros grupos armados en ilegalidad, que han asolado los campos y ciudades colombianas. Las FARC son emblemáticas en su marca de perversión, pero no son las únicas en la región. 

 

En efecto, Colombia ha actuado en legítima defensa, de acuerdo con la letra del artículo 51 de la Carta de la ONU. También en concordancia con las resoluciones 1368 y 1373 del máximo organismo internacional, en observancia con la conducta que deben seguir los estados frente a las organizaciones y acciones del terrorismo. Estas disposiciones son vinculantes con el artículo 25 del Tribunal de Roma.

La banda armada FARC tenía un cuartel general permanente en territorio ecuatoriano para el ataque sobre escenarios y poblaciones colombianas. Resulta difícil creer que esa presencia, denunciada en muchas oportunidades en años anteriores y que incluye el desplazamiento de secuestrados por espacio ecuatoriano, se haya hecho a espaldas, de manera absoluta, de la administración del presidente Rafael Correa.

 

Lo ocurrido en el ataque de la fuerza armada colombiana sobre territorio ecuatoriano queda enmarcado en la legítima defensa y el delito de perfidia. Ese que señala que cuando la acción ofensiva se realiza cubierto con el escudo de un objetivo civil o neutral, en este caso el de la soberanía de Ecuador, el culpable no es quien ataca sobre el escudo sino  quien utiliza el escudo. Las FARC se escudan en la soberanía de Ecuador y de Venezuela, en connivencia con funcionarios de esos países o con el compromiso implícito de sus respectivos gobiernos. 

En tiempos de globalización y de riesgos que afectan a la humanidad, los estados, por razón de estado,  por legislación internacional o pactos interestados, recortan condiciones de soberanía en tributo al género humano. Eso es lo que está dispuesto frente al terrorismo y que, contra toda evidencia, Ecuador y Venezuela están desconociendo e, incluso, impugnan con su actitud complaciente o tangencial frente a los grupos terroristas afectados por la acción militar reciente. 

 La legítima defensa adquiere aquí una dimensión que compromete a los gobiernos de Ecuador y de Venezuela y los pone en los umbrales de los tribunales internacionales, por la eventualidad de esa connivencia y tolerancia cómplice con el terrorismo. El conjunto los deja al borde de un abismo: pasar, tarde o temprano, a la lista de estados parias del mundo (aresprensa.com). 

EL EDITOR  

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