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EL KARMA DE LA JEP

ACTUALIDAD  //  DOXA  //  Publicado el 30 de junio de 2019  //  18.30 horas, en Bogotá D.C.

 

EL KARMA DE LA JEP *

 

Al haber concedido una suerte de vía libre a la impunidad -favoreciendo a un señalado ex integrante de la cúpula de las Farc- por la continuidad presunta de compromisos con el narcotráfico, la jurisdicción que emergió como tribunal para dirimir justicia ante los crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos durante la confrontación interior colombiana, entró en barrena en lo que hace a su ya cuestionada credibilidad. La aparición de este tribunal especial como parte de los acuerdos de La Habana había sido señalada en forma recurrente como una suerte de puerta abierta para que los que fueron subversivos armados pudiesen evitar la justicia internacional, que los buscaría por los crímenes intolerables acaecidos durante enfrentamiento entre el grupo irregular y el estado de derecho. Una eventual carta blanca otorgada a Seusis Pausías Hernández (a) Jesús Santrich, por el delito de narcotráfico ocurrido después de la firma del acuerdo de Paz negociado en La Habana, no solo fue un revulsivo que reforzó la demonización de un sector de la población sobre el convenio negociado durante la administración anterior. Además, también resquebrajó la institución de la extradición y proyectó el refuerzo de la mala imagen de la Jep sobre  el resto de la  cúpula del aparato judicial, este ya deteriorado con suficiencia en los últimos años por fallos equívocos e impresentable comportamiento de varios de los magistrados, incluso algunos de ellos ya judicializados y otros condenados.

 

En tiempos inmediatos la Jurisdicción fue señalada por no haber impedido sospechosas filtraciones y escenificación de los procesos que se llevan adelante contra militares, al tiempo que hay una discreción casi absoluta hacia las mismas dinámicas judiciales que se ejecutan contra los integrantes de la desaparecida organización subversiva. De igual forma, se ha señalado que existen demoras injustificadas en resolver procesos de aceptación de algunos inculpados en los crímenes vinculados con el añejo enfrentamiento. De igual forma, el nuevo órgano de la justicia pareciera mirar hacia el costado, luego del llamado hecho por el Comisionado de paz desde el gobierno, en el sentido de apresurar la desvinculación de aquellos integrantes de la desmovilizada organización que no se han reportado ni aparecen en los espacios destinados a los desmovilizados y que, podría sospecharse, se integraron a nuevas o residuales bandas armadas.        

Al margen de lo anterior, las denuncias reiteradas sobre la violencia sexual contra mujeres y hombres en el seno de las Farc y la sospechosa complacencia hacia el pasar por alto estos crímenes, son el ingrediente que cambia por completo el sabor de la sopa espesa cocinada durante la gestión presidencial del señor Juan Manuel Santos, en lo que tiene que ver con la justicia especial. Quienes han defendido por encima de toda objeción el proceso político y jurídico que hizo aflorar ese experimento extrainstitucional, mantienen sus posiciones. Así, se construyen hipérboles salvíficas sobre el salvajismo de quienes  participaron del desafío armado contra el estado colombiano. Suelen ser los mismos que apoyan sin restricciones al engendro de acción penal atenuada o inexistente en que redundó del largo camino de negociación que tuvo por escenario a La Habana,  y que quedan entre la espada y la pared por las acusaciones de las integrantes de la “Rosa Blanca”, una entidad creada por las víctimas  de la violencia sexual ejercida por las Farc como práctica de guerra extendida en tiempo, modo y lugar.

Eso no aminoró las expresiones catastrofistas y apocalípticas de quienes no han cuestionado el camino a la impunidad que marcó el proceso articulado por el gobierno de Santos, cuyo punto final y salida sería el premio de libertad absoluta o relativa a los heroicos violadores de tantas mujeres, varones y menores de edad. La entidad que eructó la negociación pareciera tener la protección, además, de las cortes -entre ellas la Constitucional- que hizo caso omiso de lo que fue el clamor plebiscitario en contra de la manera como se articuló la claudicación del Estado, su justicia y la misma sociedad, en la mesa de la capital cubana. La Jep en realidad sería una figura que opera hasta hoy como parapeto para que los violadores seriales y sistémicos de estos luchadores contra el sistema no sean perseguidos por los tribunales externos. Esto, en una especie de abracadabra jurídico que habría tenido varios cerebros maquiavélicos y maléficos en su articulación, entre ellos se ha señalado el del ex fiscal Eduardo Montealegre.

Pero el gobierno actual que Iván Duque timonea con dificultades propias y sumadas, debe cargar con ese karma y mina de efecto retardado que le dejó la administración anterior, entre otras tantas minas activas y con diferenciados temporizadores. Algo semejante aunque bajo diferentes factores activadores a lo que le dejó Cristina Fernández a Mauricio Macri en la Argentina. Eso de la subversión desafiante ante el estado de derecho identifican a los Kirchner con Juan Manuel Santos, y ni hablar de la corrupción que engalanó con flores negras a ambos recientes gobiernos latinoamericanos. Pero Duque debía asumir el regalo envenenado que le obsequió la herencia porque el compromiso con la desarmada subversión que operó bajo la sigla Farc estaba cocinado y servido y porque fue un acuerdo de Estado y no de gobierno, o mejor expresado fue aquel un gobierno que en su claudicación ante la arrogancia subversiva comprometió con énfasis histórico al Estado y a la sociedad como conjunto en presente y futuro.

Pero la Jep es apenas uno de los lunares de la justicia colombiana. Continúa el drama repetido de altos magistrados comprometidos con compadrazgos que tejen formas de corrupción. Uno de esos casos repetidos es el de Eyder Patiño, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, quien formaría parte del llamado “cartel de la toga” que envolvió en tiempos recientes e incluso presentes a otros integrantes de la cúpula judicial. El retiro de las visas norteamericanas a varios integrantes de esos cuerpos de alto nivel en la justicia fue un campanazo de alerta en el sentido de que la degradación del aparato judicial inquieta en el exterior. Aunque la decisión discrecional de los Estados Unidos se revirtió para algunos de los señalados, la advertencia quedó en alto y también está indicando que la tosudez en no admitir enmiendas, rectificaciones ni un cambio de rumbo en beneficio de la sociedad a la que se deben, anuncia consecuencias más ríspidas para esos magistrados y jueces a quienes la elemental vergüenza, al menos, debiera sonrojar (aresprensa).

EL EDITOR

Junio de 2019

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* La columna Doxa expone la posición editorial de la Agencia de prensa ARES  

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Actualizado: domingo 30 junio 2019 18:52
farc justicia transicional jep

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