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INTERVENCIÓN HUMANITARIA EN VENEZUELA

ACTUALIDAD  //  Publicado el 20 de abril de 2019  //  12.30 horas, en Bogotá D.C.

 

           INTERVENCIÓN HUMANITARIA EN VENEZUELA

 

Heinz Dieterich, diseñador del socialismo del Siglo XXI, y aun los llamados no revisionistas con sus nociones darwinistas de la lucha de clases, la estatización de las formas de producción y la extremista idea  de una dinámica social mesiánica, deberían estar desmoralizados con la presunción de “logros alcanzados por parte de los bolivarianos, como expresión radical  del neocomunismo venezolano. Han logrado, eso sí, la aniquilación del país más rico de Latinoamérica, en medio de hechos ilícitos, violación de DD.HH y una evidente tragedia social ya difícil de enmendar en el corto plazo. En este cuadro de situación se perfilan dos únicos y excluyentes escenarios: una intervención humanitaria o, para mayores males, la perpetuación de la dictadura. Antes de abordar el tema de la intervención internacional, no sobra traer a colación algunos pocos elementos de juicio como contexto de su justificación: gran parte de la cocaína producida en Colombia pasa por tierra a Venezuela y de allí parten sin obstáculos en aviones hacia Centroamérica y algunas islas del Caribe, con apoyo de militares y funcionarios de primer nivel que reciben directivas de Maduro. Así se hace evidente al observar las trazas grabadas por los radares colombianos a las aeronaves que transportan el material crítico del ilícito negocio.

 

Escribe: Néstor RAMÍREZ MEJÍA *

 

En segundo lugar, se conocen testimonios de empresarios expropiados por generales cuyo destino ha sido el de sus arcas personales, con amenazas de encarcelamiento ante la pretensión de obvias demandas. Igualmente, el saqueo del erario público es generalizado, unos y otros se delatan al conocerse los montos que tienen las propiedades congeladas o detectadas en el exterior a funcionarios del régimen **.

De la violación de los derechos humanos, en tercer lugar, baste el testimonio propagado por imágenes de los medios de comunicación, sobre la muerte violenta de cientos de ciudadanos por parte de los “colectivos armados, o acciones de organismos estatales, así como el apresamiento o despojo de sus cargos mediante juicios injustos y montajes perversos contra figuras de prestigio social y público ***. De la tragedia humanitaria dan fe los millones de migrantes que marchan hacia los países vecinos.

Es inevitable pensar, que parte sustancial de la cúpula gubernamental hoy sostenida por la fuerza, y del PSUV, pensaron en un régimen estalinista como el cubano, que durase el tiempo suficiente con el propósito de abandonarlo en mitad del camino a fin de disfrutar las riquezas previamente trasladadas al exterior. Estas y otras razones permiten inferir la probabilidad de que sean intereses extra estatales, los que  sostienen en lo ideológico y político el proyecto nominalmente “revolucionario, a fin de crear una especie de nueva Gran Colombia socialista en el patio trasero de los EE.UU. Algo muy acorde con uno de los cuatro ejes del socialismo del siglo XXI: un eventual desarrollismo democrático regional ****.

Abordados de forma somera los temas anteriores, debemos pasar a reconocer que la miseria venezolana, que bien podría ser el fruto de gobernantes torpes e incapaces como lo es buena parte de la cúpula estatal, obedece a un plan en marcha: el establecimiento de una economía de valor del trabajo, no basada en la oferta y demanda. Es decir, para precisar el neologismo, armar una nueva manera velada de pobreza generalizada, como ha sido la constante de todos los esfuerzos por eliminar la economía de mercado, con el fin de alcanzar una sociedad más justa.

En este sentido, la crisis humanitaria bien les sirve para colocar a una escala viable la supervivencia a un número razonable de poseedores del ominoso Carnet de la patria, convirtiendo en migrantes a la población excedente, que en términos potenciales no respondería a los intereses del régimen. Es decir, una minoría que pueda sobrevivir con los recursos mínimos a los cuales pueda acceder en medio de bloqueos y medidas restrictivas. En este estado de cosas, el gobierno ilegítimo no va a cambiar o negociar su proyecto mediante presiones o negociaciones, además tampoco lo haría porque para una gran parte de los miembros de este gobierno ilegítimo, es un asunto de supervivencia personal.

Una intervención humanitaria, inicialmente garantizaría la llegada a su destino de la ayuda impedida por las fuerzas que responden al poder usurpador. Su ejecución contaría con la capacidad logística y la protección armada de la fuerza participante, para la cual ayudaría la autorización del gobierno legítimo de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional venezolana con la activación del artículo 187. Una norma constitucional que autoriza la presencia militar extranjera. Un probable tercer escenario, el de la responsabilidad de proteger (R2P), como respuesta a crímenes masivos y continuados se ha descartado por ser inoperable en este caso, dada la obligatoriedad de su previa aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, con el veto seguro de China y Rusia.

La intervención planeada podría llevarse a cabo, tal como lo sugiere el periodista norteamericano Steve Salisbury, ubicando varios bolsones un paso más allá de la frontera venezolana. El dictador de Miraflores, como respuesta y en medio de la limitación de recursos y escaso apoyo popular, se vería impelido a la disyuntiva de abandonar su proyecto criminal, o bien decidirse a atacar los diferentes bolsones con una fuerza al menos tres veces superior a los efectivos comprometidos en la injerencia humanitaria, dando pie a una réplica que en este caso tendría como objetivo principal la erradicación total del oprobioso estado de cosas.

Maduro con torpeza propia de su falta de estructuración intelectual, afortunadamente no captó que al permitir el ingreso de la ayuda transportada por los propios venezolanos, el 23 de febrero del año en curso, hubiese facilitado lo que venía logrando con falsas negociaciones: la consolidación de la revolución. Bajo ese cuadro eventual que no se concretó, el presidente Guaidó y sus aliados, quizás hubiesen sobrepasado el punto culminante de Carl von Clausewitz, el cual expresa que una ofensiva por razones de tiempo, espacio, recursos y energía, se debilita hasta el punto que de ser sobrepasado sin lograr el objetivo decisivo, lo cual probablemente trae aparejada la derrota, como lo muestra la lección histórica.

Pero la respuesta del Grupo de Lima, injustificadamente renuente a la posible pérdida de soberanía y erosión del principio de No Intervención, le permitirá al régimen diluir su debilidad hasta que los aliados se insensibilicen, los venezolanos pierdan la esperanza como millones que abandonaron su patria y la Asamblea Nacional se convierta en  decorativa, o en el peor de los casos el presidente Guaidó, sea judicializado y apresado, y de suceder algo así de desafortunado, el punto crucial se habrá sobrepasado. Así como la derrota revolucionaría venezolana traería consecuencias graves para la izquierda radical en América, especialmente para populismos como el de la Colombia Humana de Gustavo Petro, con similar proyecto, la realidad actual generará efectos funestos para la región.

El país más afectado sería en este caso el vecino inmediato, incapaz de asimilar una fuerza laboral de millones de refugiados, para no hablar de las amenazas futuras y permanentes que se lo acecharían de manera más fuerte. Es por ello que Colombia con 2.219 kilómetros de frontera porosa debe escoger lo mejor de lo peor, estimulando el interés norteamericano en la intervención humanitaria,y facilitando bases y apoyo logístico. Desde luego, también recibiendo garantías concretas de equipamiento concreto por parte del país del norte para, hacia el futuro, disuadir las amenazas a su seguridad nacional. En ese cuadro de situación derivado y posible, el Congreso de Colombia tendría la última palabra (aresprensa).

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* General en retiro del Ejército de Colombia

** Léase El Nacional de Caracas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, así como también contra Marleny Contreras (ministra de Turismo); José David Cabello (presidente del Seniat) y el empresario Rafael Sarria, este último con varias propiedades y empresas en territorio norteamericano (mayo 18 de 2018). Militares, ministros, magistrados y legisladores, entre otros funcionarios venezolanos han sido sancionados del 2008 por el gobierno de Estados Unidos, por la presunción de vínculos con el narcotráfico, terrosimo y violación serial de derecho humanos. Durante 2018 al menos 12 altos jerarcas de los poderes venezolanos fueron sancionados.  Por otro lado, Bloomberg ha informado que la Administración Federal de Drogas (DEA) ha registrado un movimiento de 15 a 20 toneladas mensuales de cocaína que salen hacia los Estados Unidos, con el apoyo de militares y funcionarios vinculados  con Miraflores. Esa cifra en proyección representaría unas 250 toneladas anuales. El cuadro señalado permitiría estimar que en las calles de los Estados Unidos generaría unos 50 mil millones de dólares. Un estimado que sirve de comparativo, es esa la dimensión de esa última cifra con el total de préstamos que ha hecho el F.M.I a la Argentina para rescatarla de la crisis económica: 57 mil millones de dólares.

*** La ONG Foro Penal Venezolano -Alfredo Romero, director- envió la lista de presos políticos a la OEA, Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. En esa relación figuran 11 casos de desaparición forzosa.

**** Los cuatro ejes del esquema son: desarrollismo democrático regional, economía de equivalencias -forma heterodoxa del valor del trabajo- junto con la democracia participativa y protagónica; además de la elevación a rango estratégico de las llamadas “organizaciones de base”.  

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VÍNCULOSTODO HUELE A INTERVENCIÓN IV  //  TODO MADURO SE ESTRELLA EN SU MURO
Actualizado: jueves 09 mayo 2019 20:56
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