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LA CRISIS DE VENEZUELA: TRANSPARENCIA EN LAS REGLAS DE JUEGO O FUTURO INCIERTO

Publicado el: 30 de Diciembre de 2003

Escribe: Pedro Carmona Estanga

Venezuela atraviesa por una de las crisis más severas de su historia contemporánea. Su raíz es política, pero se proyecta bajo una vertiente múltiple: económica, social e institucional. Hugo Chávez, mandatario electo legalmente en 1998, se ha ido deslegitimando en el desempeño del poder, tras el persistente empeño de imponer una autocracia de izquierda, que las mayorías rechazan, e irrespetar la independencia de los poderes y el estado de Derecho.

Durante buena parte del siglo XX, Venezuela gozó de una estabilidad económica envidiable, con baja inflación, dureza del signo monetario, inversión, ahorro y una de las tasas de crecimiento mayores de América Latina, con lo cual emergió una robusta clase media. A la par, desde la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958 se inició una etapa de alternabilidad política entre dos partidos principales: Acción Democrática y Copei que duró hasta 1993, fecha en la cual fue electo para un segundo mandato Rafael Caldera como candidato extrapartido, marcando la preferencia de la población hacia opciones diferentes al bipartidismo.

En ello influyó la pérdida de esa estabilidad referida, a partir de 1983, cuando se produjo la primera devaluación del tipo de cambio y se anquilosó un factor desconocido hasta ese entonces por los venezolanos: la inflación, la cual golpeó el patrimonio de la población en general y su poder adquisitivo, coincidiendo con un largo ciclo de bajos precios del petróleo y de caída del ingreso per cápita, que duró hasta 1998.

Así, se alteró el ritmo de progreso social alcanzado y afloró la pobreza, la turbulencia económica y la corrupción, que afectaron la credibilidad de los partidos tradicionales. En ese ambiente encontró terreno fértil el mensaje populista de Hugo Chávez, en las elecciones de 1998. No obstante, debe recordarse que este oficial retirado del ejército había intentado llegar al poder en 1992, mediante un golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992, siendo luego perdonado por magnanimidad presidencial en 1994.

Al asumir el poder en 1999, Chávez tuvo la oportunidad irrepetible de liderar el proceso de cambio al cual el país aspiraba y aglutinarlo bajo una visión compartida, pero decidió impulsar un proyecto "revolucionario" excluyente y de confrontación con los sectores principales de la sociedad. Chávez impuso una Constitución a la medida de sus deseos, politizó a las Fuerzas Armadas, debilitó las instituciones y aprobó un paquete de 48 decretos-Leyes vitales, lo cual radicalizó al país, hizo bajar su popularidad y generó fuertes reacciones contra el totalitarismo en ciernes y la falta de respuesta a las banderas que enarboló de erradicación de la pobreza y la corrupción. La sociedad civil formuló reiteradas y cívicas solicitudes de rectificación al régimen y al no obtener respuesta, emprendió una etapa de álgidas protestas, paros y la búsqueda de una salida electoral que conduzca a la relegitimación de los poderes.

Anulada por presión oficialista la celebración de un referéndum consultivo convocado el 2 de febrero del 2003 con el respaldo de las firmas requeridas y el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras varios meses de negociación se suscribió un documento con el apoyo de la OEA, el Centro Carter y el PNUD, en el cual se centró la salida a la crisis en torno a la convocatoria a un referéndum revocatorio del mandato presidencial en los términos del artículo 72 de la Constitución, vale decir con las firmas del 20 por ciento del electorado, a partir de la mitad del mandato presidencial, cumplido el 19 de agosto pasado.

Las 3 millones de firmas recabadas en febrero fueron desconocidas por el CNE y bajo un exigente reglamento aprobado y pérdida de tiempo valioso, se organizó una nueva jornada de recolección de firmas por parte de la oposición entre el 28 de noviembre y el 1º de diciembre pasado, que incluyó la solicitud de revocatoria a más de 30 diputados oficialistas. Una semana antes se recogieron firmas del oficialismo para la revocatoria de los Diputados de la oposición representados en la Asamblea Nacional.

El número de firmas alcanzado por la oposición excedió con creces las exigencias constitucionales, con más de 3.600.000 contra 2.400.000 requeridas, en el marco de una participación fervorosa y masiva, pese a la campaña de amenazas e intimidaciones desatada por el gobierno, atentatorias de la libertad de conciencia de los venezolanos. Los requisitos han sido pacientemente cumplidos y ahora corresponde al árbitro, el CNE, la validación de las firmas en un plazo no mayor de 30 días a partir de su entrega y en caso afirmativo, convocar al referéndum en un plazo de 90 días más. El gobierno ha reaccionado ante la derrota con acusaciones de fraude, pese a que se cumplió el rosario de exigencias del CNE, hubo observadores internacionales y testigos del oficialismo.

 El país esperaba reacciones dado el afán del régimen de Chávez de aferrarse al poder a cualquier costo y enraizar su proceso revolucionario pro cubano. Pero no podía imaginar que llegaría tan lejos como tratar de descalificarlo y exigir una verificación de firmas, una por una, para ganar tiempo hasta agosto, fecha en la cual, de producirse un referéndum no se celebrarían ya elecciones, sino que asumiría el Vicepresidente Ejecutivo hasta el término del mandato de Chávez, en cuyo caso el régimen gobernante continuaría en el poder y éste podría ser de nuevo candidato en el 2006.

Bajo tales circunstancias, el papel del CNE cobra mayor significación histórica, pues es el único facultado para verificar las firmas y avalar la decisión popular conforme a la Constitución, en una última oportunidad para encontrar una salida pacífica y electoral a la crisis, como lo expresó la Decisión 833 del Consejo de la OEA. Se inicia así otra etapa delicada de la vida política de Venezuela, de la cual depende la paz interna y su futuro mismo. Si el gobierno de Chávez trata de desconocer de nuevo la voluntad de las mayorías que desean un cambio apegado a la Carta Magna, a empujaría al país una crisis de graves proporciones y al riesgo de una confrontación de consecuencias impredecibles. Para el gobierno "el fin justifica los medios", pero el país está dispuesto a que a defender su acceso a ese claro recurso constitucional.

El problema no atañe sólo a los venezolanos. Chávez privilegia sus relaciones con el régimen castrista, es amigo de las FARC y estimula a los dirigentes indígenas radicales del área, a unirse para "la globalización de la revolución, de las luchas por la libertad e la igualdad de los hombres". Propone además ir contra el ALCA, la OMC, el FMI, la deuda externa y el neoliberalismo.

En suma, propicia una revolución "bolivariana" continental que enfrente a los Estados Unidos con la ayuda de países fundamentalistas y alienta a los líderes del indigenismo, los partidos revolucionarios del Continente y movimientos como el de los piqueteros de Argentina, los Sin Tierra del Brasil y otros de corte extremista de la región. Los testimonios sobran: la reunión del 14 de abril en Caracas y las expresiones en la reciente cumbre social de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, hablan por sí solas.

Por ello, en el marco de los principios de la Carta Democrática Interamericana, el Grupo de Amigos de Venezuela, la OEA, las NU y el Centro Carter, tienen el deber de ayudar a que Chávez respete la voluntad popular, pues una conducta contraria del gobernante no sólo conduciría a la fase final de deslegitimación del régimen, sino que se haría acreedor de las consecuencias y sanciones que dicha Carta prevé (aresprensa.com).

Archivado el 05 de Mayo de 2004.

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Pedro Carmona Estanga

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