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LA GRIETA DESPUÉS DE UN CONFLICTO

Publicado el 27 de septiembre de 2016 / 16.30 horas, en Bogotá D.C.

LA GRIETA DESPUÉS DE UN CONFLICTO *
 
Mientras los colombianos se preparan para definir en las urnas la aprobación de lo realizado por la administración Santos para traer a las Farc al diálogo civilizado, los cultivos de hoja de coca y otros vegetales metaestimulantes han crecido de manera exponencial en las zonas del país con presencia armada ilegal. Incluidas aquellas en las que los ilegales en proceso de aparente repliegue tienen influencia. Una noticia nada halagadora y de pésimo pronóstico para el inmediato futuro de una eventual pacificación. Se calcula que los sembradíos ilícitos en aumento llegan por ahora a una extensión de hectáreas cultivadas que se calculan entre las 150 mil y las 200 mil, frente a una reducción que bajó la rata a 45 mil hace pocos años. Así, Colombia volvió a los para nada honrosos primeros puestos mundiales entre los países que producen y exportan drogas. La progresión de esos sembradíos fue geométrica, y continúa, mientras evolucionó la negociación de La Habana recién sellada. Una buena parte de las miradas acusadoras señalan al gobierno como directo responsable del delirante desarrollo de esa forma de producción “agroindustrial” al margen de la ley. El señalamiento se basa en la presunción de una enfática tolerancia que mostró la conducción del Estado a su contraparte ilegal en la ahora concluida mesa de concesiones de la capital cubana.

La esperada firma de un acuerdo entre la subversión y la orilla de la legitimidad se concretó en agosto sin que esto atenuara la delicada radicalización del país en torno al tono y materialidad de lo que se negoció. Esa es la grieta abierta, difícil de soldar y sin pronóstico de cierre. Es cierto que no se entregaron de manera absoluta las instituciones a quienes habían sido obligados a sentarse en la mesa de pulso por el asedio de las armas legítimas del Estado. Sin embargo, también es cierto que durante todo el proceso de largos cuatro años, los representantes de las fuerzas terroristas desafiaron a la opinión y la sociedad con sus desplantes y elusiones de responsabilidad por sus espantosos crímenes, además de las exigencias aceptadas que volcaron sobre el acuerdo la sombra de la impunidad, dejando además la sensación de que los armados ilegales obtenían en un marco de alegría propia, una victoria que las armas les negaron.

El proceso dio incluso para articular un tramado de escenas con paradojas propias del realismo mágico y de la mejor literatura de este género, que tanto le dio al continente como icono de lo pintoresco, incluso para ganar algún Nobel con trampas y en la convicción de que ya, con este cuadro, se preanuncia la posibilidad de un segundo lauro de esas dimensiones y con la misma connotación perversa de la trapisonda previa. Es esa una paradoja, como lo ha sido la también la del nuevo mejor amigo que pareciera, en la cadena de hechos históricos, la vigencia de un amigo permanente por las afinidades tejidas a través de los años de ejercicio del gobierno y complicidad negadora del derrumbe. En el caso de uno de ellos, la mesiánica ideología disolvente lo ha llevado al precipicio. En el otro caso, se vislumbra un posible hundimiento por inflexión institucional, con base a lo concedido a la subversión en la mesa de La Habana que, en el mismo giro, se considera según el principal operador de ese proceso, como “el mejor acuerdo posible”.

Después de signar el primer documento en La Habana y luego de un paso de afirmación por la Asamblea en Naciones Unidas, volvió a repetirse otra escenificación internacional en el emblemático espacio de Cartagena de Indias, en vísperas del veredicto soberano sobre la legitimidad del acuerdo y como ratificación del mensaje indirecto dirigido a Oslo y Estocolmo. El paso político dado ha sido de la más alta cota histórica, es cierto, aun cuando quede empañado por los intereses personales del timonel del hecho, dirigidos hacia la península escandinava, con la repetición del embuste en la neoyorkina sede del gobierno mundial. Ese gran embuste repetido hasta el cansancio, como lo hacía el gobierno alemán de los años 30 y hasta mitad de los 40, es el de que ese acuerdo entre las Farc y el gobierno de Colombia es la paz sin predicados. Una paz que en palabra de corifeos y amanuenses del Ejecutivo disolvería por la propia magia que surge del pacto, los conflictos armados vigentes en Colombia. Nada más contraevidente y distante de toda verdad

Apenas se ha llegado a la posibilidad de cancelar una parte importante del conflicto y como cuota inicial de ese proceso. Lo dijo la cabeza de los criminales de guerra que negociaron con éxito los descomunales intereses de la subversión y al borde del colapso militar, antes de la generosa negociación que ahora los beneficia: “la firma del acuerdo no es la paz”. Eso lo afirmó alias “Iván Márquez” no hace mucho tiempo en otra bofetada retórica a los voceros del gobierno. Los ilegales pueden eludir con sorna la ficción -es parte de su lograda impunidad- montada por las usinas de propaganda oficial, esta última alucinada e ilusionada por la intención de que la soberanía popular no se tuerza a último momento en su veredicto, indecisa ante las troneras y abismos institucionales que generó el gobierno de Santos en su objetivo político. Una voluntad histórica grande del jefe de Estado, en el acompañamiento de la aspiración general para que se silencien las armas, pero menor en el desafío de que la negociación fuera la inferencia natural al doblegamiento de la vocación de lucha de la subversión, lograda con el sacrificio de las fuerzas armadas y de seguridad.

Es cierto que lo alcanzado pone fuera de la confrontación al grupo que con mayor sevicia y más tiempo atacó a la sociedad comprometida en lento holocausto de más de medio siglo. Pero de ninguna manera es el fin del enfrentamiento interno integral, tal como el gobierno lo agita en consigna reiterada en la campaña por el “sí” de las urnas. Es en ese punto que se ahonda la grieta de sensibilidad en la opinión por lo alcanzado en la gestión del gobierno Santos. Es insondable por ahora mensurar el riesgo que se genera como remanente a lo acordado y ratificado en Cartagena para el equilibrio institucional del país andino. En lo económico inmediato, vale señalar que la cobija de recursos no alcanza para tapar la masa de los compromisos oficiales frente al segmento de la subversión que acordó silenciar sus fusiles. Los avisos al respecto llegan de todos lados y se refuerzan ante la evidencia de que los impugnadores del Estado se niegan a entregar sus finanzas ocultas para aliviar las penurias que pesarán sobre los bolsillos de la castigada población beneficiaria de la paz parcial. Eso abre paso a la eventual convulsión social permanente que preanuncian las fuerzas políticas de superficie, ligadas de manera oficiosa con los criminales de guerra reconvertidos ahora en ciudadanos plenos.

Eso no es lo único, también debe señalarse que las fuerzas armadas que llevaron la carga mayor de sacrificio en el medio siglo de confrontación con las Farc, quedan expósitas ante la sed de venganza de los impugnadores de la democracia imperfecta. Eso ya quedó demostrado con lo ocurrido en los últimos 30 años en la Argentina y lo que se viene a Colombia aparece como más grave, pues la lucha tuvo allí mayor degradación y barbarie a lo ocurrido en el Cono Sur. En la sombría saga de la administración Kirchner la subversión, que fue aniquilada en lo militar, llegó al poder comprometida con la corrupción y el narcotráfico, tal como lo señala en su libro Álvaro de Lamadrid **, con pactos por debajo de la mesa, que incluyeron a las Farc y al gobierno bolivariano de Venezuela. Al igual que en Colombia, más de un millar de militares argentinos permanecen en prisión y sin juicio definitivo por las consecuencias de la lucha antisubversiva, no pocos de ellos ya fallecieron encarcelados como “presos políticos” y con mengua oficial hacia su honor militar. Ahí es donde se ahonda la grieta y aparece la retaliación vestida de justicia.

Al respecto debe decirse que la llamada “justicia especial” que se constituirá en Colombia, con tribunales paralelos al aparato de la justicia penal cuya eventual imparcialidad queda bajo sospecha por las condiciones anfibias que influirán en su composición y evolución de procesos, es una amenaza para quienes ejercieron la fuerza legítima por mandato constitucional. Los militares presos en Colombia por circunstancias similares son muchos más de los que aparecen en los listados de sus colegas argentinos. El número de los uniformados colombianos que engrosarán esas cifras son imprevisibles, pues los señalamientos sobre ellos, con razón o sin ella, lloverán. Ya decía Jorge Luis Borges en su momento que la mentalidad de quienes integran las filas del “progresismo retrógrado” es incorregible y la historia demuestra la certeza de ese juicio. Cabe recordar que las acusaciones sobre las nuevas víctimas no surgirán solo de fiscales normales, también se sumarán a estas las que provengan de un buen lote de ONG que, como comisarios políticos, han respaldado de manera consuetudinaria las posiciones radicales de los irregulares y son por ello parte de sus frentes de superficie. Todo está listo para la venganza contra quienes los doblegaron con el legítimo uso de la disuasión armada institucional, y después no se diga que no les avisamos” (aresprensa).

EL EDITOR

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* La columna “Doxa” fija la posición editorial de la Agencia de Prensa ARES

** Léase al respecto el libro “La Década enterrada”, del autor mencionado

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