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LA OPERACIÓN MILITAR EXTRATERRITORIAL DE COLOMBIA Y SU LEGÍTIMA DEFENSA

Publicado el 17 de marzo de 2008 / 17.50 hora de Bogotá D.C. 

LA OPERACIÓN MILITAR EXTRATERRITORIAL DE COLOMBIA Y SU LEGÍTIMA DEFENSA

 

 

La crisis internacional surgida en Sudamérica tiene fundamento ideológico y geopolítico estructural. Por lo tanto, la distensión alcanzada en Santo Domingo no parece definitiva. La letra de la Constitución Bolivariana de Venezuela anuncia para Colombia un futuro difícil en su integridad territorial y esto sumado a la distancia ideológica entre los principales protagonistas, deja en claro que no queda sellada la fractura  con las sonrisas y abrazos de Santo Domingo. Por otro lado, queda por resolver la presunta connivencia de gobiernos de la zona con el terrorismo internacional, situación que supone que, en la Región, no se han asimilado las nuevas condiciones globales y jurídicas que exigen verticalidad y univocidad de los estados frente al terrorismo.  Eso es lo que dice la juridicidad impuesta por la Naciones Unidas desde el año 2001. En todo caso, esa legislación admite la legítima defensa como recurso para que un Estado actúe por fuera de sus fronteras. Tal argumento aún no ha sido esgrimido con total fortaleza por Colombia.

Escribe: Néstor RAMÍREZ MEJÍA

Sin desmedro de la seguridad humana, parte sustancial de la seguridad democrática que es uno de los ejes de la actual gestión de gobierno en Colombia, la seguridad del Estado adquirió mayor relevancia para el país. Esto en el marco y encadenamiento de hechos internacionales que se precipitaron luego de la acción militar que tuvo como consecuencia la desaparición de alias "Raúl Reyes".

Las amenazas a la supervivencia y a la dignidad del Estado demandaron esa alta cuota de coraje y las dotes de liderazgo que requiere todo  líder para salir adelante en situaciones de riesgo, tal como lo demostró el primer mandatario colombiano en los hechos recientes.

Colombia se la jugó entera, el momento lo exigía. Superó en la emergencia los crudos desafíos de la hora y recogió los mayores réditos. En lugar de sanciones por los hechos que produjeron una previa decisión política y la consecuente acción militar exitosa, Bogotá construyó una oportunidad.  

Al contrario de ser  objeto de un rechazo regional, como lo pedía la nueva triple alianza (Venezuela, Ecuador y Nicaragua), se abrió como oportunidad un escenario impensable hace pocas semanas, para denunciar ante la comunidad nacional e internacional lo que se ha venido gestando con epicentro en Caracas, dirigido a estrangular en lo geopolítico a Colombia, como objetivo principal. Se hizo evidente la participación y el beneplácito de Ecuador y Nicaragua con ese desarrollo de aislamiento regional, además de la simpatía poco discreta de otros países, en su convergencia de fines y afinidad con la llamada vía al socialismo del siglo XXI.

Quizá Colombia hubiera podido recorrer un camino lineal para alcanzar los mismos logros. Bastaba con haber tomado una iniciativa de alta política, llevando ante el Consejo de Seguridad de la ONU los desarrollos que estaban ocurriendo debajo de la mesa  en Sudamérica y que, de manera inexorable, iban conduciendo a las pasadas fricciones internacionales, las cuales ya habían estado precedidas de una tensión creciente y evidente.

Claro está que, con la sola movilidad diplomática, no se hubiera logrado golpear a la máxima conducción de las FARC y alias "Raúl Reyes" hubiese seguido elaborando planes genocidas desde Ecuador para vulnerar, en especial, a la sociedad civil de Colombia. Esto en connivencia y cooperación de la red de complicidades internacionales que había tejido el jefe terrorista. La acción militar permitió la neutralización de uno de los principales  generadores de muerte y destrucción que existían en el mundo contemporáneo y también posibilitó el  desenmascaramiento de la cadena de relaciones perversas que se han construido entre uno de los grupos terroristas más funestos del planeta y dos de los vecinos de Colombia.

La incursión en territorio ajeno no inspira aplausos y tiene una difícil defensa, es en ese punto desde  donde se  articuló el éxito de las decisiones del Presidente Uribe. El perdón tácito del mandatario colombiano a los países del hemisferio que aparecen con actitudes laxas o dubitativas con las estructuras y tácticas de los grupos ilegales que atacan a Colombia allende sus fronteras, debe entenderse como un gesto de solidaridad con la carta de la OEA y una manifestación de ecuanimidad y grandeza.

Bogotá no atacó al Ecuador, ni a su pueblo, ni a su ejército, ni a su infraestructura: atacó a un grupo terrorista en una selva aislada del país vecino, cuyo gobierno violando la resolución 1373 de la ONU, la cual es de carácter vinculante para sus miembros, le prestaba albergue y apoyo como confirman los computadores de Reyes y que el gobierno colombiano ya conocía con holgura de detalles y circunstancias.

Colombia hubiera podido aducir la violación del artículo 19 de la carta de la OEA, por la previa injerencia en los asuntos internos colombianos y la tendencia atentatoria a la personalidad del Estado colombiano. El minuto de silencio pedido por Chávez por la muerte de alias "Raúl Reyes", verdugo de la democracia en Colombia y genocida de su pueblo, es elocuente al respecto.

La actuación de Colombia se enmarca estrictamente de acuerdo con la norma. El artículo 22 de la misma Carta de la OEA, expresa: "...los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legitima defensa...".

El derecho a la legitima defensa de Colombia, que fue origen de la incursión en territorio ecuatoriano, se encuentra igualmente respaldado por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice: "Ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legitima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas...".

En este caso, la omisión del gobierno ecuatoriano, tenía el agravante de ser consumado con el auspicio, directo o indirecto, a terroristas. Desde el territorio de su vecino en el sur, las FARC consumaban hacia Colombia planes y ataques contra la infraestructura, el Estado democrático y la sociedad civil desarmada.

Dos grandes ganadores dejó la arena internacional de Santo Domingo, en el acto culminante que cerró la crisis en una de sus etapas: Uribe y Chávez. Éste último fue quien facilitó la solución mediática de la crisis, a cambio de no ser llevado por Álvaro Uribe a la Corte Penal Internacional de Roma y, en cierta forma, por resucitar al protagonista de Caracas como actor del intercambio humanitario. Mediación esta que se ha mostrado poco conveniente para Colombia, aunque de beneficio afectivo, efectivo y vital para las familias de algunos de los secuestrados y para esas mismas pocas víctimas del sadismo de las FARC.

Dos tendidos yacen en la arena: las FARC, al quedar en peligro de suspensión el oxígeno  político y material que  llegaba desde Caracas y Quito, con refugios fronterizos y el apoyo internacional, al menos el explícito. El otro derrotado ha sido el presidente  Rafael Correa quien no logró su doble objetivo: uno, de abierta condena a Colombia y otro, pasar de agache en sus relaciones políticas y estratégicas implícitas y siempre non sanctas con el terrorismo internacional, quedando en observación de los países del hemisferio y del mundo.

Sin embargo, cuando todo se decante, aparecerá lo evidente: el problema de fondo no se resolvió. La personalidad no se puede modificar después de los 20 años y la compleja subjetividad del presidente Chávez no es la excepción. La prudencia no es su fuerte y el narcisismo es su aliento.

Escrito está, por ejemplo, el artículo 10 de la Constitución Bolivariana, implantada en el año 1999, expansivo en contra de Colombia y  violatorio del derecho internacional. También está vigente el proyecto para la construcción del socialismo del siglo XXI y su  supuesto "sueño de Bolívar". En  esa estrategia Bogotá aparece como un obstáculo y esa situación permanecerá inalterable, más allá de las sonrisas, los abrazos, apretones de manos y exposición mediática. Entre tanto,  sigue su desarrollo el Juego de Guerra Guaicaipuro, ya convertido en plan,  cuya principal manifestación, aunque no la única,  es la adquisición de armamento ofensivo que no puede usarse sino contra Colombia.

Ninguno de los países presentes en la Cumbre de Santo Domingo asumió compromisos específicos en materia de seguridad fronteriza, entendible en cierta manera dado el propósito de la reunión. Por eso, la Secretaria General de la OEA debe diseñar mecanismos efectivos de control en las fronteras comunes. Colombia, entre tanto, debe desplegar acción diplomática preventiva de largo plazo. Ante el menor indicio de nuevos desarrollos de la crisis, que es estratégica,  debe acudir ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Bogotá debe además perfeccionar y tener siempre lista la anunciada y congelada demanda contra Hugo Chávez, ante el Tribunal de Roma, para frenar sus actividades expansionistas y ante el menor asomo de intromisión en asuntos internos colombianos.

Finalmente, Colombia no debe descartar, a mediano plazo, el decidir la adquisición de equipo militar mínimo disuasivo, sin la tentación de comprometerse en una carrera armamentista que no favorecería su permanente política de paz más allá de sus fronteras. Existen soluciones más efectivas y prácticas para explorar e intereses comunes por explotar (aresprensa.com).   

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Néstor RAMÍREZ MEJÍA

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