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LOS KIRCHNER: EL HAMPA COMO RAZÓN DE ESTADO II

Publicado el 26 de octubre de 2017 // 18.30 horas, en Bogotá D.C.

El Magnicidio de Alberto Nisman

 

LOS KIRCHNER: EL HAMPA COMO RAZÓN DE ESTADO II

En el insospechado y reciente informe que se realizó bajo la guía e intervención de la prestigiosa Gendarmería argentina, aparece como incontrovertible la siguiente conclusión: el fiscal Alberto Nisman fue  asesinado en la madrugada del 18 de  enero de 2015. El crimen se produjo pocas horas antes de que el alto funcionario judicial se presentara ante el Congreso de la Nación a rendir informe sobre una extensa investigación realizada en torno al atentado a la mutual judía Amia. Hecho ocurrido en Buenos Aires con un costo de 85 víctimas civiles fatales, 21 años antes del crimen del fiscal. En su presentación, frustrada por la muerte provocada, el fiscal acusaba a la presidenta argentina, Cristina Fernández, de haber pretendido armar un atroz encubrimiento a los culpables del atentado, tanto extranjeros como locales.

Eso, articulado en el corolario del tenebroso compromiso final anudado entre el gobierno argentino y la República Islámica de Irán, por encima de la justicia argentina. El conjunto del señalamiento del acusador incluía el señalamiento a la mandataria argentina del mayor crimen que tienen la Constitución y el código penal de su país: traición a la patria. El polivalente equipo de peritos que aportó al trabajo de la Gendarmería elevó su dictamen a la justicia en el marco de la inquietud de los funcionarios y amigos del anterior régimen kirchnerista. Lo que se establece por inferencia y se convierte en hipótesis maestra, es que la muerte de Nisman fue un crimen de Estado. Eso es también lo que entiende el aparato judicial, al menos así lo considera el segmento que no es afín con la macrocorrupta y criminal gestión del anterior gobierno.

El cuadro se suma al voluminoso y variado expediente de causas que comprometen la administración de Cristina Fernández al frente de la Casa Rosada. El siniestro marco de referencia que encuadró la muerte del fiscal tiene todos los ingredientes de una conjura internacional en la que la intriga del espionaje y la capacidad nuclear de algunos de los estados comprometidos, al tiempo que la apetencia de otros por alcanzarla, apuntaron al desenlace trágico. Países como Irán, Venezuela, Cuba o el mismo Israel son parte del cuadro, de distinta manera y con diferentes intereses. La víctima mortal, también miembro de la comunidad judía argentina, tenía la responsabilidad de develar la trama que había producido el atentado con bomba contra la más importante entidad civil de ayuda social argentina, vinculada con la importante comunidad hebrea asentada en país del Plata.

Un atentado que sucedió en 1994, en pleno centro de Buenos Aires y dejó el ya señalado casi centenar de víctimas mortales y varios centenares de heridos, además de la destrucción total de la mutual y grandes daños en el entorno. La acción terrorista estuvo precedida por otro ataque de similares características a la embajada de Israel, ocurrida dos años antes con un saldo de 22 víctimas fatales y unos 250 heridos.  La información de inteligencia sostenida durante años y nunca desmentida señala que ambos atentados tuvieron origen en la confrontación de Irán con Israel en lo general y, en lo puntual, en la decisión del presidente Carlos Saúl Menem -de ancestro sirio- en abortar el apoyo estratégico argentino al desarrollo nuclear iraní que se había iniciado durante el reinado en Irán del sha Mohammad Reza Pahleví, al promediar los años 70.  

En ese marco y por determinación del presidente Néstor Kirchner, a inicios de su gestión en el amanecer del nuevo siglo, el fiscal Nisman recibió el encargo de trabajar y hacer luz sobre la oscura trama que envolvió los atentados. Al tiempo, se debían  determinar responsabilidades precisas que no dejasen dudas sobre motivaciones y protagonistas; además,  que se develase en un sentido u otro la supuesta existencia de una red internacional que había ejecutado actos de guerra contra la Argentina, con el dramático número de víctimas civiles que en efecto dejaron ambas acciones. Ese fue el inicio de la otra cadena y del recorrido de conjunto que se complementó con la llegada al cuadro en negro de Venezuela y Cuba. Estos dos países medraban alrededor del tejido construido entre Argentina e Irán, que terminó en tragedia, en torno a los intereses nucleares.  

Bastaría para ello recordar el marcado y obsesivo deseo en vida de Hugo Chávez, para que Venezuela obtuviese un reactor argentino para su propio desarrollo en esta secuencia tecnológica y científica, al promediar la década pasada. Tan marcado fue el esfuerzo venezolano como la negativa del gobierno de Néstor Kirchner, aliado estratégico del chavismo, en negarle esa posibilidad al país del trópico. Lo delicado de la situación habla por sí misma en la elusión de Buenos Aires para proporcionar esos equipos, tecnología y apoyo científico continuado al país caribeño y a su aliado antillano. Argentina ha vendido en un marco de fundamentada y evidente discreción en las últimas tres décadas, varios reactores nucleares al exterior, con el amparo científico y el seguimiento en el tiempo que esas operaciones requieren, en las cuales se juega el prestigio y la seguridad, tanto de quien compra como de quien vende. Se trata de material e instalaciones nucleares y no de trigo o carne.

El beneficio de los reactores argentinos, que no es gratuito, lo han recibido Austria, Egipto, Australia y Perú. El único comprador sobre el que en su momento hubo reservas fue el norafricano. El tema de las restricciones en esa línea de transferencias es de máxima importancia: deben ser países con la estabilidad y seguridad suficientes. Tanto como para asegurar que no entrarán a una peligrosa carrera con fines militares e imprevisibles derivas. Eso no podían garantizarlo ni Venezuela, ni Cuba por los vasos comunicantes que existen entre ambos regímenes y las alianzas de riesgo de los nombrados para las potencias occidentales. Irán volvería a sumarse entre bambalinas en la temible perspectiva. En efecto, después de la muerte de la muerte de Néstor Kirchner, su mujer, elegida como presidenta sucesora fue convencida por el propio Hugo Chávez de volver a la carga con las intenciones de participar en los avances argentinos en tecnología y desarrollo científico centrado en el átomo.

Detrás de ese interés estaba la contrariada teocracia iraní, que ya había sido acusada de haber participado de los atentados cabeza de investigación del fiscal Nisman y quien ya había sido condenado por una sharia iraní. Los iraníes insistían por la ayuda de Buenos Aires, detrás de los mediadores venezolanos, no obstante el haber sido protagonistas de los actos de guerra contra la población civil austral, motivada en la interrupción del apoyo estratégico que les habían brindado los argentinos en los primeros pasos de su plan atómico. Ahora pretendían con sus aliados de la hora -Venezuela y Cuba- reanudar el respaldo a lo que ya eran sus progresos propios en el delicado tema. Eso se cerró en el pacto secreto firmado por Irán y el gobierno de Buenos Aires, negociado en la ciudad siria de Alepo y perfeccionado después, hacia el 2011. En todo este segmento final del turbio proceso tuvo intervención como actor principal por parte de los argentinos el canciller Héctor Timerman, también miembro de la comunidad judía del país agredido.

La intervención venezolana y, en la distancia, la cubana dentro de los hechos tenía latente la expectativa de que algo de los beneficios científicos y tecnológicos del nuevo pacto Irán-Argentina redituase también para ellos. Timerman aparece en la primera línea del torvo anudamiento por debajo de la mesa de la indignación, y que hizo estallar la prensa -aunque fue negado en principio- a través del ya fallecido periodista Pepe Eliaschev. El acuerdo entre bambalinas se hizo desconociendo las decisiones judiciales argentinas, cuyo trabajo preliminar ya apuntaba con suficiencia y en ausencia hacia los iraníes, además de haber realizado lo pertinente para que Interpol pusiera en alerta al mundo a través de la famosa “circular roja”, levantada contra altos funcionarios iraníes. En las horas posteriores a la muerte de Nisman y después, en el tiempo largo, el gobierno de Cristina Fernández trató de enlodar la imagen del fiscal martirizado; vale decir, el gobierno de entonces lo mató dos veces y hasta hoy los victimarios sospechados lo siguen rematando.

Esa segunda vez los golpes fueron en la honra y en el pundonor de la víctima fatal, por causa del trabajo hecho para el Estado que le había encomendado una delicada misión en la que, al final, ofrendó su vida. El asesinato no hizo otra cosa diferente a incriminar a la cúpula del gobierno de Cristina Fernández, que la voz de la opinión señalaba como culpable o con demasiadas sospechas sobre su comportamiento hacia un alto funcionario que tenía la obligación de proteger. En el sitio del crimen y en la noche fatal, los responsables policiales, de seguridad e iniciales de la justicia, se encargaron de “embarrar la cancha”, para nublar además de entorpecer la cadena de custodia y dejar las cosas en condición de hacer suponer que el occiso se había suicidado. Ahora, casi dos años después, la nueva investigación en la que intervinieron los gendarmes demostró que el suicidio fue imposible, el cuerpo de la víctima había sido golpeado antes de la muerte y luego fue acomodado a conveniencia durante la agonía (aresprensa). 

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Actualizado: jueves 26 octubre 2017 19:03
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