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MARCHAS CONTRA LA MUERTE

PUBLICADO el 19 de marzo de 2008 a las 15.00 hora de Bogotá D.C. / ARCHIVADO el 06 de agosto de 2008

MARCHAS CONTRA LA MUERTE

Desde febrero se reabrió en Colombia el tiempo de las marchas civiles contra la violencia y el crimen colectivo. Esas movilizaciones han tenido dos momentos multitudinarios en lo corrido de este año, uno de ellos el 4 de febrero y el otro el 6 de marzo. Ambos tuvieron señalamientos diversos aunque un horizonte común como argumento y fundamento: el rechazo al irracional ciclo de muerte, de casi medio siglo, que ha puesto interrogantes y sospechas sobre la institucionalidad colombiana en su conjunto. Se ha propuesto a través de la red mundial una tercera marcha, esta vez con intención de rescate de los secuestrados que mantiene, como atentado de lesa humanidad, la banda FARC.

 

Escribe: Rubén HIDALGO

 La primera manifestación masiva fue contra el genocidio de las FARC y el segundo contra las otras expresiones de violencia, en especial las generadas por las bandas que en principio pretendieron, desde las sombras, contrarrestar la violencia de los llamados grupos guerrilleros. Pero que luego se extendieron en su acción ofensiva y de asociación ilícita hasta alcanzar con su erosión moral y material a la propia sociedad, con metástasis en el Estado y vínculos en la industria del narcotráfico. Esto último, como mecanismo de financiación y enriquecimiento al que también acudió  el enemigo al que decían combatir, para alcanzar la esquiva paz que busca el país. Ese es un detalle que da fundamento a la mencionadairracionalidad de este conflicto.          

Ahora se propone una tercera manifestación, con desplazamiento a las selvas colombianas, para producir un "rescate civil de los secuestrados", sometidos por la barbarie de las FARC. Esta intención ya había sido ensayada por dos víctimas de esa siniestra organización, a comienzos de la presente década: Gilberto Echeverry Mejía y Guillermo Gaviria. Ambos asesinados en cautiverio por el llamado "ejército del pueblo", como pretende ser reconocida la organización nazifascista que tiene al secuestro y el reclutamiento de menores de edad para el combate, como fundamento de su acción reivindicativa de la justicia social.

Un mes después de la apoteósica movilización colectiva en Colombia y el mundo contra la salvaje banda de secuestradores, efectuada en febrero,  la otra manifestación multitudinaria se hizo eco de la aspiración por reivindicar la memoria de los muertos y desaparecidos  que, desde las otras orillas de la confrontación, han sembrado de sombras y dolor los campos y ciudades colombianas. Era justo, la violencia ha cobrado, en varias décadas, la sangre y el rostro de miles de hombres y mujeres de toda orientación y forma de pensar en el país andino.

 

 

 

 

 

 

JUSTICIA Y REPARACIÓN

No ha sido sólo ese factor preponderante y principal de muerte,  las FARC, el causante de todo el dolor y el luto que se ha desplegado durante cinco décadas sobre Colombia.  Es apenas lógico que todas aquellas víctimas de la violencia tengan el derecho a la protesta, a la visibilidad necesaria y requerida por quienes creen en el estado de derecho y piensan y sienten que éste es mucho más que una estéril formulación jurídica. Todas las víctimas colombianas merecen justicia y reparación.

Para que eso fuese así, los organizadores de la movilización  de marzo contaron  con todas las garantías, más allá de las acostumbradas amenazas y sindicaciones anónimas o explícitas y la descalificación desatinada de algún consejero presidencial en Bogotá. Eso era lo que le correspondía a Colombia como una democracia que pretende tener y que se le reconozcan, los pantalones de adulto. Ni siquiera la acción localizada de algunos vándalos, en el cierre de esa última marcha del 6 de marzo, pudo empañar la intención de esta expresión masiva que, diferente a la que se realizó en febrero contra las FARC, aspiró a rechazar la acción salvaje y ofensiva contra la población civil, hecha por los escuadrones de la muerte enfrentados, al comienzo, a la violencia de los armados de izquierda.

Durante varias semanas la convocatoria fue satanizada con el señalamiento de que esa última movilización era la pretensión de una acción de masas promovida por las FARC, como respuesta a la repulsa multitudinaria que contra ellas se había hecho un mes antes. Es verdad que en un comienzo la siniestra organización genocida aspiró a tener vocería en el llamado a la manifestación pública,  pero los hechos demostraron que en verdad sólo desfilaron las caras de los otros ofendidos y aplastados por la violencia.

 

Además, el hombre que encabezó la organización de la protesta, aquel que asumió la responsabilidad del llamado a la marcha, fue el reconocido dirigente de la izquierda colombiana, Iván Cepeda Castro. Podemos dar fe de la lucidez y honestidad de este académico, quien llegó a la defensa de los derechos de los violentados luego de haber sido él mismo golpeado, en su propio núcleo familiar, por las fuerzas tenebrosas.

Este dirigente perdió a su padre en tiempos del exterminio de los militantes de la Unión Patriótica, organización política de superficie que sostenía en lo político las originales posiciones ideológicas de las FARC. La organización política de superficie surgió cuando se produjo el también frustrado proceso de paz iniciado por el expresidente Belisario Betancur, a principios de los 80.

Los dirigentes y miembros de base la UP fueron aniquilados por escuadrones de extrema derecha, en un proceso oscuro que comprometió a muchos sectores y echó un manto de sospechas, que nunca fue bien clarificada, sobre sectores de la propia institucionalidad colombiana.

COMBINACIÓN DE FORMAS DE LUCHA

En esa propuesta política, las FARC actuaron de una manera similar a como lo habían hecho los montoneros argentinos en los años 70. En esa otra experiencia, como lo relata Pablo Giussani  en Montoneros, la Violencia Armada, la organización clandestina argentina  también lanzó al exterminio a sus simpatizantes civiles que, por naturaleza, no estaban en clandestinidad ni pretendían tomar las armas para confrontar al gobierno del momento.

Lo hicieron mediante la formación del Partido Auténtico, una escisión radical del movimiento justicialista que había fundado Juan Domingo Perón, en el año 1945. Esa fue otra manera de plantear la perversa "combinación de las formas de lucha",  a la que en la actualidad acuden las FARC cuando dicen tener intención de abrirse a nuevos procesos de paz.

La "guerra sucia" multiplicó, como ocurrió en el Río de la Plata, el desgarramiento humano e institucional. Fue el precio que se ha pagado y en el caso de Colombia se sigue pagando, para disolver las redes de apoyo civil, hipotéticas o materiales, a los grupos ilegales y violentos que impugnan al Estado.

 

Es Cepeda Castro, por el contrario, la evidencia de que la izquierda democrática de Colombia, esa que no hace concesiones a la violencia de cualquier signo, tiene un espacio en ese martirizado país y reclama una vía de visibilidad y participación sin renunciar a sus principios, pero dentro del escenario legítimo de la construcción de una democracia que tenga vocación para expresarse más allá de sus mecanismos formales.

 

VIABILIDAD HISTÓRICA

La marcha del 6 de marzo se hizo, además, en el marco de una difícil situación internacional y eso le da aun mayor credibilidad a la buscada reconstrucción del tejido social e institucional del país cafetero. En los últimos años,  sectores de la comunidad internacional, incluso en los Estados Unidos, han planteado reservas sobre la vigencia, sustancia y legitimidad de la democracia colombiana.

El cuestionamiento político y la acción de la propia justicia colombiana sobre la dirigencia política del país, en funciones ejecutivas y legislativas, han erosionado la credibilidad sobre los mecanismos y estructuras representativas del país. En círculos de poder europeos y americanos se ha llegado a abordar el punto con incógnitas sobre la viabilidad de una sociedad aplastada por el desangre interno.

Las marchas civiles de los dos últimos meses y el sometimiento a la justicia de los sectores de poder vinculados con grupos de exterminio, éstos hoy reducidos y enjuiciados por la actual administración del Estado, mantienen la expectativa por una posibilidad histórica de pacificación y recomposición de la democracia colombiana. Mientras tanto, la sociedad civil en su conjunto no debe cejar en su propósito de manifestar en forma pública y masiva su repudio a la violencia y toda forma de violación al derecho a la vida y la libertad. Esa posición, como es obvio, incluye al secuestro como una forma de muerte. Quizá la peor de todas, porque es una muerte en vida (aresprensa.com). 

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Rubén HIDALGO

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