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ODEBRECHT: VÍA A LA IMPUNIDAD II

ACTUALIDAD // LA TERCERA OREJA // Publicado el 30 de noviembre de 2018  // 19.30 horas, en Bogotá D.C.

 

ODEBRECHT: VÍA A LA IMPUNIDAD II

 

La reciente muerte de un ex funcionario del Estado, quien fue testigo de excepción del tejido de mega corrupción que estuvo abanderado por la multinacional brasileña Odebrecht, le agregó un elemento trágico a la saga sombría que compromete a los poderes del Estado, el empresariado y a una parte de las relaciones internacionales de Colombia y a otros países de América Latina así como del mundo. Aparte del abanderado brasileño fueron sus escoltas para el caso de Colombia, no pocos dentro de un sector de la dirigencia del país, de los últimos gobiernos y de un tramado aun más oscuro que hasta el momento sigue en la penumbra extrema. Este otro segmento en la sombra es el de los operadores de los movimientos de dinero sucio quienes, al parecer, también hacen estrategia de circulación de esos recursosen otros frentes y desde antaño. Serían manejadores útiles de las más contradictorias organizaciones al margen de la ley.

Estos operadores no solo están en condiciones de lavar dinero de la corrupción, también estarían vinculados con tráfico de armas y otras formas terminales de movimientos de dinero que están penados por legislaciones locales e internacionales. También trabajarían en el alivio de afugias financieras del terrorismo, incluso del Medio Oriente, vía Hezbollah. Lo ocurrido con la plata “de vuelta” de Odebrecht es apenas uno de los encargos de ese tramado, al que sus integrantes llaman de manera sugestiva “la organización”. Fuentes de alta credibilidad consultadas por ARES al respecto, señalaron de manera enigmática: “...es gente peligrosa, que tiene tentáculos aquí y en el exterior también peligrosos. No podrían trabajar con empresas chinas, por ejemplo, para el manejo de dineros ilegales, si no tuviesen alguna forma de complacencia por parte de Beijing. Tienen capacidad para borrar de la escena a quien pueda ser impedimento para sus procederes. Eso fue lo que ya ocurrió, por ejemplo, con el fiscal Alberto Nisman en la Argentina...”.

Lo que está ahora sobre la mesa de la opinión pública y en las redacciones de los más importantes medios colombianos, no es la única trama de corrupción que hiere a esa sociedad, quizá sí sea la más mediática y una de las más grandes de los últimos tiempos. Lo que aparece a la vista como evidencia principal, es la concesión a la ya famosa Ruta del Sol II, que une a la capital del país con la costa sobre el mar Caribe, sus ciudades y puertos. Ha sido y es aún uno de los más ambiciosos proyectos de modernización vial que compromete al menos a dos administraciones anteriores y, por lo tanto, a integrantes de la cúpula de los gobiernos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Además de las muertes en el entorno de la familia de Jorge Enrique Pizano y de su hijo, están ahí las denuncias reiteradas por el ex funcionario días antes de su desaparición. Revelaciones en el sentido de que había “chivos expiatorios” que encubrirían a las verdaderas cabezas del escándalo más grande del inicio de esta centuria. 

En el cuadro vigente el Fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, ha quedado expuesto y bajo la picota de quienes lo señalan tanto para la diatriba política como para la sospecha fundada. Corriente que comparte una parte de los informadores y analistas de prensa y medios audiovisuales. Existe para ellos la hipótesis de que esa punta del poder judicial sería en realidad uno de los verdaderos “digitadores” del camino a vía muerta del proceso Odebrecht, para poner a salvo de las dos fuerzas políticas más relevantes del país y a algunos de los principales dirigentes que lo gobernaron y aún lo administran. Esto además de una eventualidad mayúscula que es parte importante en el señalamiento al servidor público: poner a salvo a uno de los importantes grupos empresariales que estuvo vinculado con la multinacional brasileña y al que Martínez Neira sirvió como profesional en el plano jurídico. Una coyuntura del pasado que lo pone bajo sospecha de colusión en el escándalo y que bien podría comprometerlo o al menos salpicarlo, como en efecto ocurrió. 

Las relaciones non sanctas de Odebrecht con distintas facciones del poder político colombiano no están sólo articuladas con este caso bajo trámite judicial sino que habrían arrancado con el gobierno de la ciudad de Bogotá, durante la gestión del alcalde Samuel Moreno, hoy encarcelado, quien respondía al mandato del izquierdista Polo Democrático, al cual perteneció también el dirigente derrotado en la última justa presidencial, Gustavo Petro. Este ex candidato y actual senador de la República se apartó de esa agrupación política -el Polo- cuando estallaron los escándalos por las fallidas obras públicas contratadas para la ciudad de Bogotá. Esos hechos sacaron de la vida pública y enviaron a prisión al mencionado mandatario local y a su hermano, el ex senador Iván Moreno Rojas, hace ya casi una década. Vale la pena poner de relieve a esta altura del relato, que algunas de las grandes empresas brasileñas en su mala praxis acompañaban un relato político como parte de sus banderas.

En efecto, bajo el amparo de la administración Lula da Silva y del llamado Foro de São Paulo, esos grandes conglomerados capitalistas aceptaron y se asociaron con la apuesta de incluir en sus agendas a la corrupción, como “otra forma de lucha” de la izquierda regional para acceder y permanecer en el poder. Tal asociación, entonces, debía incluir a protagonistas del stablishment. Es en parte por eso que no pueden extrañar los nombres y apellidos que aparecen en los tejidos de asalto y exacción a los recursos públicos, en casi toda la región. Esto, además de la búsqueda de protección e impunidad para quienes puedan quedar por fuera de las listas sobre las que acciona la justicia y el revulsivo del escarnio social. Es por eso también que no obstante las casi tres decenas de nombres y personajes, señalados ya por su participación activa o pasiva, directa o indirecta en las secuencias de lo hecho por Odebrecht en Colombia, aún quedan protagonistas que no habrían sido alcanzados por la lupa de la justicia, la de los medios de comunicación y la de las redes sociales.

Fuentes oficiosas bien informadas sobre el caso en Bogotá, han señalado a esta Agencia que la lista de nombres apenas mencionados o excluidos en lo que hace a la operación que lleva los dineros desde la oscuridad a la superficie -el lavado- señalaría la existencia de una dinámica paralela de encubrimiento, en beneficio de los responsables reales de esas dinámicas, lo cual resultaría al menos sorprendente. Entre ellos estaría un personaje que sí ha sido mencionado como “el turco Iván”, pero quien no tendría el apellido Mustafá, como se ha mostrado en algunas enumeraciones. Esa mención, en realidad, correspondería al ciudadano libanés Iyad El Sayid Dahroug. Otros en la relación serían los ciudadanos colombianos Víctor López y su hermano Jorge. Uno de ellos sería empresario y el otro habría sido un ex alto funcionario del desaparecido DAS, organismo civil de inteligencia del estado colombiano disuelto durante la administración de Juan Manuel Santos. No serían ellos los únicos integrantes de la estructura que tuvo la responsabilidad de hacer las llaves de tránsito de los dineros de la corrupción entre Colombia, Panamá y China, vía importaciones ficticias. Aún faltarían otros nombres (aresprensa). 

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Actualizado: viernes 30 noviembre 2018 19:11
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