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ODEBRECHT: VÍA A LA IMPUNIDAD

La Tercera oreja // Publicado el 03 de agosto de 2018 // 20.55 horas, en Bogotá D.C.

 

ODEBRECHT: VÍA A LA IMPUNIDAD 

De manera discreta, con calculado manejo del tiempo y cobertura indirecta de la diaria avalancha de noticias, tensiones y alteraciones propias de los vaivenes políticos de circunstancia, va quedando sepultada en Colombia la evolución del proceso alrededor del tejido de corrupción que se impulsó desde la multinacional Odebrecht. Trama de enriquecimiento tanto personal como grupal que ha derivado en degradación institucional y que tiene metástasis más allá de las fronteras colombianas. Esto no solo por la movilidad y consecuencias de la empresa criminal múltiple armada en paralelo, sino porque en el centro de lo ocurrido en Colombia también existen ramificaciones propias hacia el Extremo Oriente y el Oriente Medio, tanto como desde allí hacia el país cafetero. 

En ese laissez faire et laissez passer del proceso jurídico se buscaría el ingrediente de un eventual olvido parcial por parte del colectivo social, y es por eso que la dinámica se habría encaminado de manera direccionada hacia su cierre. En Perú, Ecuador, Panamá, e incluso Brasil, la persecución de la justicia por lo ocurrido llegó a los máximos niveles. En cambio en Colombia no, al menos no en términos comparables. Se comenta y plantea en círculos especializados que eso es así para dejar a salvo a dos protagonistas básicos del complejo tramado: el excandidato presidencial Óscar Iván Zuloaga y el aún mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos. Ambos como comprometidos indirectos aunque beneficiarios directos en principio y en lo político en todo lo sucedido, hasta que la tapa de la olla saltó por los aires. Algo que sucedió cuando Marcelo Odebrecht, el principal timonel de le empresa brasileña se sinceró ante las autoridades de la justicia norteamericanas. Desde ese momento el efecto ventilador cumplió su cometido y como castillo de naipes comenzaron a aparecer los nombres de los altos funcionarios latinoamericanos y políticos, entre otros personajes de alto vuelo. 

Todos comprometidos con los ilícitos en favorecimientos para la concesión de megaobras, coimas y otras formas de erosión a la ética y credibilidad pública. No solo sería esto del proceso acusatorio a medio freno una salida direccionada, sino que además esta estaría acordada en compadrazgos de coyuntura que impactarían en el manejo político-judicial sobre sus instancias superiores. Vale señalar que algunos de los responsables pesquisados y sometidos a proceso ya responden por sus vínculos al respecto. Pero esto, a veces voceado en un trámite sospechosamente justificado y medido en el discurso, aparece para no pocos como débil en contenidos, en lo que hace a la dinámica de hechos imputables por parte del organismo responsable. Ese caminado lento e incluso errático, velaría un tramado más profundo que sigue operando y que comprometería a más actores no solo de la política sino del tejido empresarial y financiero del país. En esa secuencia cumplen ya lo dispuesto en su sometimiento nombres bien conocidos por la opinión pública. La lista en su frente más cercano en el tiempo la encabeza Roberto Prieto quien aparece relacionado en una suma mínima de la oscura exacción fruto de la corruptela. 

Aunque el valor de su presencia en la relación de implicados es política de primera línea, en tanto gerente de la campaña de Santos. Prieto apareció en una conversación telefónica filtrada hace poco, como un hombre victimado por una red de conspiración que apropió parte del dinero negro y “a espaldas” del titular de la campaña presidencial, al tiempo que como escudero de la misma quedó inmolado. A continuación, figuran en la nómina puesta en el escenario los nombres de Gabriel García Morales, Otto Bula, Miguel Nule, los sonoros “ñoños” de la Costa Atlántica, Luis Fernando Andrade y Manuel Barraza, pero no serían los únicos reconocidos y en vínculo con los hechos largamente denunciados y cubiertos por la investigación acusatoria. Estos ya están penalizados o en proceso de quedar bajo eventual sentencia. Son ellos la cima del Everest que es por ahora invisible hacia abajo y que así seguiría si quedase abortado el impulso acusatorio en la deriva, por las señaladas conveniencias del eventual pacto político-judicial mencionado, lo cual llevaría a una vía estéril todo lo que estaría pendiente. En ese tren hacia el silencio viajarían las expectativas generalizadas por una justicia plena e integral. Justicia contra todos los implicados y en los diferentes planos en que evolucionó la conocida cooperación. 

Una asociación para la corrupción que ató a muchos funcionarios de relevante línea, hombres de empresa, parlamentarios y otros personajes opacados pero que participaron en diferentes etapas de la cadena superestructural. Lo puntualizado es lo conocido con suficiente asertividad en el señalamiento, incluso de aquellos que se quiere dejar con un margen menor de responsabilidad o anonimato y, claro, también de los que eluden el cuerpo de participación en los delitos o vocean inocencia. Es el caso, por ejemplo, de la exministra Gina Parodi, alcanzada por los señalamientos. Por debajo de la cumbre delictiva visible estuvo y pareciera que están grupos y relaciones que seguirían disfrutando de la felicidad que da la penumbra con aprensión brindada por el anonimato relativo y la esperanza gris de la impunidad, que estaría en plan de construcción. Los que están entre rejas o tienen sanción social por estar en la picota pública serían apenas parte de un nodo revelado que no aparece completo y que no es el único que operó y se benefició en las acciones venales. Esos nombres en la superficie, que no superan la decena en el señalado nodo, cubrirían al menos a quince más que permanecen velados. Lo que se descubrió y es dominio de la opinión habría conformado operaciones por apenas 11 millones de dólares, pero el trabajo celular habría hecho al menos cinco operaciones similares más y mayores, dentro de la misma trama, y sólo para ese segmento puntual de la gran malla vinculada con Odebrecht. 

Las empresas chinas encargadas de manera directa del lavado de dinero, vía operaciones textileras ficticias, habrían actuado para la salida de los recursos sucios desde Colombia y también organizado el retorno desde Oriente a Panamá, para después desde el istmo hacer retornar junto con los otros eslabones los lotes de medios de pago hacia las manos de los beneficiarios de origen y fin. En la trama por debajo de superficie operarían ciudadanos colombianos que conocen el manejo interno de instituciones del Estado, incluido algún aparato de seguridad hoy disuelto, y extranjeros de países que en Occidente con frecuencia despiertan suspicacias. Ellos -los que permanecen velados- conforman una suerte de la multinacional en la sombra dedicada de manera exclusiva a este tipo de manejos: poner en blanco el dinero negro de diferentes fuentes y, en general, generados en la corrupción contra el Estado, aunque también de otras organizaciones al margen de la ley que actúan en el interior de Colombia y en otros países de la región. Para estos operadores lo de Odebrecht fue una circunstancia más de dinámicas que ocurren desde hace varios años y que podrían dañarse con la notoriedad que tiene lo ocurrido con la multinacional brasileña.

Lo que aparece bien cierto en el cuadro detallado es que es este el único aspecto en el que podría haber un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas colombianas que se han impugnado entre sí durante los últimos ocho años. Claro está, coordinados de manera benévola por una de las manos fuertes de la justicia. Todo sea por la tranquilidad en riesgo de la patria. De los doce países vinculados a la telaraña de corrupción tejida por Odebrecht, ocho hicieron acuerdos para que la empresa siga contratando. Colombia es uno de los cuatro que aún no lo ha hecho, aunque se ha tratado. Llama la atención en esa línea que en recientes declaraciones del presidente Santos se haya señalado que no habría impedimentos eternos -palabras más o menos- para un posible retorno de la empresa al país cafetero. Al tiempo, casi, se conoce que Otto Bula no pagaría más de dos años de prisión, por beneficios establecidos en colaboración con la justicia. El detalle simultáneo de realidad tropical que se agrega al paisaje es la acción legal por perjuicios que radicó Odebrecht en tribunales españoles, contra Colombia. Algo así como para decir, en paráfrasis: “si me tratas bien y con cariño, tal como haces con los otros, y me dejas volver para que sigamos, te retiro la demanda”. Una delicada filigrana de un afinado juego de ajedrez que sin embargo no puede ocultar su brutal naturaleza.                  

El nodo de corrupción develado de manera parcial oculta también la existencia de más elementos de igual calibre dentro de la madeja dibujada. Serían al menos otros cuatro nodos los que se sumarían al mismo escenario de degradación, de los cuales no se ha hablado o son parte de historias previas, aunque también sincrónicas con este momento. Uno de ellos vinculado con el recordado escándalo del Distritto Capital. Es probable que nunca se vea esa cara oculta de la luna si la dirección hacia el olvido dirigido sigue su curso. Esos otros nodos tendrían diferentes responsables de la dirigencia política y empresarial a los ya conocidos en la punta, pero con los mismos operadores de la dinámica profunda. Esa que mueve los fondos elusivos hacia el exterior así como el regreso a los bolsillos privados, a las campañas políticas y otras bellezas similares. En el resumen inicial lo detallado habría alimentado al menos las dos pujas presidenciales ocurridas en el pasado inmediato. La fresa de esta torta es el hecho conocido y señalado por las voces en bajo volumen, en el sentido de que detrás de esta orquesta dedicada al manejo oscuro de cuantiosas sumas de dinero, hay un trasfondo ideológico inquietante: la corrupción sirve para fines de enriquecimiento personal o grupal y para la revolución en el largo plazo, cuando se utiliza como combinación de las formas de lucha (aresprensa).

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Actualizado: viernes 03 agosto 2018 21:32
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