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PELIGRO SUPREMO PARA AGENTES DE INTELIGENCIA EN EL EXTERIOR

Publicado el 09 de julio de 2012 // 17.20 horas, en Bogotá D.C.

COLOMBIA: PELIGRO SUPREMO PARA AGENTES DE INTELIGENCIA EN EL EXTERIOR 

La apertura en abril pasado de la llamada “Caja Número 6” de secretos de Estado que era parte de la información crítica y estratégica del DAS, la cual finalmente pasó a poder de la fiscalía colombiana, al decretarse el cierre de aquel organismo civil de inteligencia del país cafetero, sigue poniendo en riesgo la seguridad e incluso la vida de los agentes encubiertos que operaban y quizá siguen operando en los países vecinos, varios de ellos no colombianos. Esos hombres que trabajaron y es probable que continúen trabajando para el Estado andino en países como Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba, entre otros, quedan ahora expuestos a retaliaciones máximas no obstante que los funcionarios de diverso rango de la justicia colombiana han asegurado de manera pública que esa información no será conocida por fuentes externas a la justicia y, en todo caso, lo será de manera compartimentada. La reciente caída en Nicaragua de un presunto agente de la inteligencia militar colombiana hace que, más allá de las negativas al respecto por parte de voceros castrenses y también oficiosos del país andino, se ponga sobre la mesa de nuevo el tema de la seguridad relativa y el respaldo que puedan tener esos hombres que trabajan para la seguridad de Colombia, fuera de sus fronteras.

Nada más contradictorio con los protocolos propios e implícitos de operación de los aparatos de inteligencia, que aquello que hace que la información crítica pase a manos de quienes no son expertos en el tema y queden sujetos a agentes externos como lo son abogados demandantes o defensores de diferente índole. Eso, sin tener en cuentas los sesgos políticos que presionan con mayor fuerza en estos casos y que son los más determinantes en el panorama del mencionado paquete de información crítica de seguridad para la institucionalidad colombiana.  

Tal como lo señaló esta Agencia de prensa en el año 2009 *, el recorrido de esos expedientes de información confidencial crítica ponía ya desde antes de la disolución del DAS en situación difícil toda la estructura de seguridad y las propias políticas tanto de combate contra grupos  terroristas como las dirigidas a los intereses geopolíticos del país, en tránsito hacia coyunturas complicadas y aún vigentes: las siempre difíciles relaciones con Venezuela, las no menos complejas con Ecuador y el litigio con Nicaragua por el territorio insular alrededor de la isla de San Andrés. Este último, precisamente, con Nicaragua.  

Al respecto ya se sabía que los externos reclamantes de conocimiento sobre esos expedientes habían filtrado información confidencial, precisamente a favor de Nicaragua y eso habría aceitado los argumentos de ese país en contra de Colombia para defender sus intereses soberanos sobre San Andrés y aguas adyacentes. Eso constituye un servicio generado por colombianos con base en factores de afinidad ideológica, sin que por eso deje de ser un claro hecho de lo que se considera “traición a la patria”. 

Empero, las aprensiones al respecto se suavizaron a partir de la asunción del gobierno que preside Juan Manuel Santos, con la evidencia de cierta laxitud política hacia sectores a los que siempre se ha señalado como operadores de “guerra política y jurídica” contra el Estado. Esos sectores, con la cobertura tácita de la administración Santos, han  tenido desde entonces mayor libertad de movimientos en el espectro institucional colombiano.  

El reciente descubrimiento de un presunto espía colombiano que habría estado más de un año en Managua haciendo labores de inteligencia, ya no para un organismo civil como el DAS sino para el aparato militar, vuelve a dejar al descubierto esa delicada temática que, después de lo señalado, pone en estado de precariedad las estrategias y la red humana tejida al servicio de esa actividad. Debe recordarse que hace más de 5 años, en abril de 2007, en lo que se supone la colusión de organismos de inteligencia venezolanos y la banda armada FARC, que opera en la transfrontera de ambos países, produjo el asesinato con tortura y descuartizamiento en territorio venezolano, del capitán Camilo González y del cabo Gregorio Martínez, ambos del ejército colombiano. 

Estos dos militares martirizados se encontraban  en Venezuela efectuando trabajo de inteligencia para la detección y presencia de campamentos y de jefes del mencionado grupo irregular y del ELN. Descubiertos, fueron sometidos a los apremios mencionados y luego asesinados. De manera discreta, las autoridades colombianas en aquel momento recuperaron los cuerpos de los uniformados sacrificados y les dieron sepultura en un silencio que no alcanzó para ocultar el siniestro resultado de las tensiones y diferencias entre los países cercanos a Colombia en lo geográfico, pero diferenciados en lo ideológico y estratégico (aresprensa). 

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 * véase: “Juegos de poder: riesgo supremo para la inteligencia estratégica colombiana”

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Actualizado: martes 05 septiembre 2017 14:24
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RIESGO SUPREMO PARA LA INTELIGENCIA COLOMBIANA

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