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PERIODISTAS REHENES

Publicado el 03 de junio de 2016 / 22.55 horas, en Bogotá D.C.

PERIODISTAS REHENES*

Secuestrar periodistas, para convertirlos en rehenes, no es novedad en el mundo y tampoco lo es en Colombia. Martirizarlos, a partir de la captura contra natura, como el inicio de un delito repugnante y como parte de la secuencia de torturas que comienza por ese hecho atroz, obliga a reiterar la reflexión sobre la vesania de los criminales que ponen en marcha y mantienen el ritmo de su malicia secuencial, enmascarada en lejanos metarrelatos de reivindicación social. Tal crimen como proceso puede terminar con la muerte de la víctima y, sin duda, esa eventualidad se abre con la negación de todos los derechos del afectado como persona libre. Esto dura mientras se mantiene la inmovilidad forzada y puede persistir más allá de esta. Retención que no es la simple “retención” a la que aluden los criminales que secuestran y que usan como metáfora perversa aquel vocablo en apariencia neutro para enmascarar su crimen. La captura por fuera de la ley de ciudadanos libres, como lo son los periodistas en particular y cualquier ciudadano en general cuando cumplen con su trabajo profesional como encomienda de lo social, o cuando son perseguidos por lo que piensan, reflejan y opinan, no tiene justificación posible por parte de quienes lo perpetran.

Eso fue, ni más ni menos, lo ocurrido con la periodista española Salud Hernández Mora y otros dos de sus colegas, de la cadena colombiana RCN. Todos tomados como rehenes en la violenta zona de El Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y luego liberados después de una tensa semana que no reduce la gravedad de lo ocurrido y tantas veces repetido como acción de los violentos de siempre. Un agregado grave a lo ya de por sí desmesurado es que en ese cuadro debe incluirse la circunstancia de que la comunicadora europea y la cadena de medios son parte de la oposición al proyecto de fin del conflicto del gobierno, o sea que son eso que llaman desde la vocería oficial como “enemigos de la paz”. La región del plagio en la práctica carece de presencia del Estado y los profesionales atacados caminaron ese sector por su cuenta y riesgo, algo que no justifica el atentado porque si se supone que Colombia no es un “estado fallido” como sí lo es su vecino inmediato, es posible pensar que todos sus habitantes, incluidos los periodistas, pueden ejercer sus derechos.

Al menos eso es así en la letra, desde la constitución del país hasta la última de sus leyes, aun cuando estas no se cumplan como lo es en este caso. Lo cierto es que las bandas delictivas, no importa cuáles sean los discursos que pretendan levantar como plataforma de sus atropellos en esa región, son variadas e imponen su ley ficta que no pasa por el respeto a los derechos de los demás. El terreno de El Catatumbo está abonado para todo tipo de actividades ilegales y el sometimiento de la voluntad de los residentes adquiere variadas formas que no excluyen el temor, pero también construye formas de solidaridad con los ilegales, pues con el paso del tiempo en esas zonas lo ilegítimo se convierte en ley. Bajo esas condiciones mueven a risa los protocolos del debido proceso y otros formalismos legales porque allí no hay justicia ni los rituales de una gobernabilidad que en ese territorio no existe.  Para colmo, la cercanía con Venezuela repotencia lo marginal y el deterioro de la convivencia, porque los sujetos malignos tienen refugio seguro más allá de la frontera.

Esto es, siguen amparados por un gobierno que, a contrapelo de sus profundas crisis sigue dando nido y tolerancia con todas las formas de delincuencia, que coincidan con su propia visión del delito como atajo en la ruta “revolucionaria”. Esto porque, desde el Palacio de Miraflores y de su dictadura, lo natural es manejar un estado forajido y está bien entenderse con quienes tienen esa visión de mundo. Bajo la sombrilla para favorecer el delito que ofrece Venezuela y su camarilla gobernante, los torcidos tienen una retaguardia operativa y es un aguantadero para gran parte de la delincuencia colombiana que opera fronteras adentro, en especial la subversiva, cuyo lenguaje autojustificatorio y lleno de condenas a la gente de bien, cualquiera que sea su condición social. Allí están temperando desde hace mucho tiempo los sujetos que integran como bandas el llamado ELN y las autollamadas FARC, esas formaciones de asesinos que ahora hablan de paz mientras siguen adelante con sus acciones delictivas más emblemáticas.

Ello al margen de un simbólico alto el fuego unilateral de los segundos, roto en varias ocasiones con su secuela de víctimas mortales sobre todo entre los soldados de las fuerzas armadas colombianas. También siguen adelante con la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal, entre otros tantos delitos “industriales” que oxigenan las finanzas de estos delincuentes sin hiel y nadie ha dicho ni puede creer que se interrumpirá, cualquiera que sea el papel que se firme, si se firma, en La Habana. Es por eso que la credibilidad del primer mandatario de los colombianos aparece por el suelo, con un promedio de apenas un 20 por ciento en favorabilidad. Es que la falta de crédito sobre el valor de las promesas de la subversión se la trasladan al conductor del proceso que se cocina en la capital cubana.

Hasta bien avanzado el proceso de plagio y antes de la liberación de los periodistas, el gobierno siguió insistiendo en la desaparición de estos y no en lo que en realidad fue: una repugnante toma de rehenes, con antifaz de secuestro. Eso pone a la dirección del Estado en una situación lamentable ante el grave hecho de equipararse en cierta medida con la constante mendacidad de los subversivos, tratando de atenuar lo intolerable desde la palabra oficial. El movimiento de la fuerza pública en la búsqueda de los violentados y las expresiones de rechazo quedaron borradas por esa forma de complicidad oficial: la de tergiversar los términos, ante el golpe de esos que se llenan la boca de paz mientras la rechazan en los hechos. Quizá sea por eso que el presidente colombiano cree en los números y “no en las noticias”, en una metáfora parecida a varias de las que hizo en su momento Cristina Fernández, acosada por su propio desvarío.

Alguna vez Hannah Arendt abordó el problema de la perversión de lo que quería mostrar el Estado, adornado de alambicados discursosen la intención de tapar lo deformado que crece y en la práctica no se extirpa. Por otro lado, y en paralelo con lo que alguna vez planteó Arturo Jauretche, los periodistas no son especiales y apartados de otros ciudadanos, muchos, que han sufrido y sufren en Colombia el flagelo tanto del secuestro como de la toma de rehenes. No desde ahora, sino desde hace más de medio siglo. Es indudable que por solidaridad de gremio la toma de un periodista como rehén o secuestrado a secas adquiere una espectacularidad no comparable con otros casos menos visibles e igualmente espantosos. Cualquiera que sea la víctima, lo que se nivela en la pérdida forzada de la libertad es su naturaleza atroz y su condición de delito contra la humanidad.

Esto, al seguir en la línea de Jauretche, en el sentido de que no importa si el rehén es periodista, obrero, trabajador del campo o anónimo hombre de la calle. Quienquiera que sea es, de manera simple, una víctima de un crimen execrable que merece condena universal por su infamia sustantiva. Los grupos subversivos han obrado siempre en esa dirección y nada indica que dejen de hacerlo. En especial, han secuestrado niños para que combatan contra hombres y al estilo de lo señalado por Arendt, afirman que esos chicos secuestrados para dirigirlos a la muerte, la de ellos y la de otros, fueron capturados para ser “protegidos” por los mandos de la subversión. Ni siquiera Joseph Goebbels haría público con mayor maestría tal metarrelato desviado con pretensión de verdad y con la complicidad de un Estado que, en la práctica, casi que invita a los victimarios como “compañeros” a la mesa de negociación (aresprensa).

EL EDITOR

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* La columna Doxa expresa la posición editorial de la Agencia de Prensa ARES

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