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"TERREPAZ" Y NUEVAS AMENAZAS

Publicado el 08 de enero de 2016 / 17.50 horas, en Bogotá D.C.

TERREPAZ” Y NUEVAS AMENAZAS *

Sin lapsos de demora y apenas lanzada la idea de modificar la estructura, dimensión y visión de las fuerzas armadas, a fines del año pasado, las Farc aventuraron otra tan exorbitante como la anterior: la de conformar “territorios de paz”, adecuados a sus intereses vigentes y futuros en el probable postconflicto. Una jugada política que les garantizaría no solo la seguridad propia, en lo que hace a dirigentes y tropa, sino el ejercicio de la labor de meterse en el tramado institucional, con sus propuestas diferenciadas del resto de los partidos y movimientos políticos. En la fotografía esto no llama la atención, pero en la radiografía las cosas son diferentes y vale resaltar los criterios afirmativos de las dudas que surgen en esta idea y en la precedente, sobre el estado de derecho y su brazo armado de garantía.  Una muestra para ejemplo, es esa iniciativa subalterna de debilitar o eliminar los Esmad.

La iniciativa principal de los armados ilegales abreva en antecedentes que ha llevado adelante el país para aliviar tensiones y conflictos anteriores. Se trata de las tradicionales “zonas de reserva campesina” que creó el Estado para afrontar viejas alarmas latentes en el campo. Otros tiempos y otras razones para responder a las sinrazones de los conflictos colombianos. Ahora el empuje propositivo de las Farc llega cargado de peligrosas incógnitas. Una de ellas es esa repulsa recurrente por parte de la subversión en el sentido de no dejar las armas. Ello induce a sospechar que se establecerían en esos territorios no solo como un área de aclimatación del postconflicto sino como la punta de lanza de nuevas formas de enfrentamiento, con las armas en silencio pero apuntando de manera velada, pues fueron “dejadas” sobre la espalda de todos los colombianos y con aire de nueva legitimidad.

Debiera esperarse que la acción política bajo una tácita coerción violenta, pudiesen permitir e impulsar las famosas movilizaciones ya ensayadas en los últimos años contra el mismo gobierno de Santos y cuya puesta en escena preliminar fueron aquellas marchas cocaleras del Caquetá, a mediados de los 80. Nada peor para el futuro de la institucionalidad que el espectáculo de un país paralizado por los cortes de carretera y la ocupación, pacífica en apariencia, de ciudades y pueblos. Ante ese tipo de acciones masivas y generalizadas como amenaza a la gobernabilidad, los Esmad han demostrado su eficiencia disuasiva. Es cierto que el derecho a la protesta es legítimo y debe protegerse, pero la vigencia de ese inalienable derecho debe estar equilibrado por obligaciones, como son la preservación de la tranquilidad y la libre movilización con acceso al trabajo de quienes no participan de la protesta potenciada desde la subversión maquillada de paz.

Ese panorama inquietante se refuerza en la memoria por aquella experiencia colectiva que trajo El Caguán y con ella la desconfianza irredimible a las propuestas políticas en cualquier nivel que hacen o hagan los armados ilegales. La elemental idea de una nueva existencia de aquella mal afamada zona desmilitarizada, multiplicada ahora en “zonas liberadas” al arbitrio de los delincuentes de ayer, hoy amansados pero con impunidad otorgada y una cierta patente de corso extendida, es un revulsivo sin antídoto para el hígado de los colombianos. Esos millones de ciudadanos domesticados ya por la propaganda oficial, quienes se acostumbraron a imaginar que la paz tiene un precio, pero igual no aceptan una entrega de institucionalidad y territorios con soberanía propia a criminales que hasta el presente poco han reconocido sobre sus crímenes. Los mismos que siguen siendo refractarios al arrepentimiento, tanto como aún lo son en la voluntad de reparar de manera plena a sus víctimas y entregar el armamento con el que hicieron efectivas tantas tragedias repetidas durante años.

Si a lo anterior se agrega el desmadre jurídico y constitucional que el alambique del gobierno Santos presenta a gotas o chorros, según sean las conveniencias de coyuntura, y con la materia prima que brindan las Farc con sus exigencias, desplantes y desafíos; el descalabro suma incógnitas sobre el desmadeje institucional que muestra el proceso timoneado con sospechoso populismo por el actual mandatario y del cual se presume que se encuentra en etapas finales. Las alertas al respecto no son pocas y entre ellas están, sin ser las únicas enumerables:

  • El carnaval de impunidad encubierta por juridicidad de cartón mojado para los jefes responsables políticos y directos de genocidios y crímenes, tanto de guerra como de lesa humanidad,
  • La nivelación con la subversión o con asimetría en perjuicio de los integrantes de las fuerzas armadas de todo rango, que hayan cometido delitos dentro del enfrentamiento de más de medio siglo perpetrado por las Farc, en su impugnación violenta al estado de derecho,
  • El pago de reparaciones a las víctimas -impulsado de manera abierta por la subversión- con el desangre del bolsillo de la sociedad que “perdona” a sus verdugos de 6 décadas, en un desmesurado giro de blanqueamiento de capitales ilícitos, con complicidad agregada y compinchería del Estado colombiano, que se sumaría a las centrales de blanqueamiento que las Farc ya tienen montadas desde hace años en Nicaragua y en el sur de Brasil. 
  • La coronación del marco de impunidad con “manualidades escolares” cubiertas con el eufemismo de “trabajo comunitario” en lo que hace a las penalidades que se impondrían a los asesinos más siniestros del mundo -después de terminada la Segunda Guerra Mundial- con delitos equiparables a los ejecutados por el Khmer Rojo en Cambodia y los de Ruanda,
  • Lo anterior inmediato como cuadro de perversión imbricado en el tejido social e institucional a nombre de la paz, burlando los compromisos internacionales que signó Colombia con la comunidad internacional en términos de justicia y con el condimento de la tenebrosa conexidad del delito político con el narcotráfico y el secuestro.                 

La señalada operación en macro de blanqueamiento atenuaría las sombras contingentes sobre la economía, cada vez más evidentes y acechantes sobre los próximos años. Amenazas que plantean la incógnita sobre la existencia real del soporte financiero planeado por el gobierno para el postconflicto. El incumplimiento de las promesas por falta de recursos sería el disparador de las movilizaciones desde las futuras “terrepaz”.  Ya se sabe que las expectativas de sumar recursos con los europeos para este tipo de desafíos siempre se deben contar con beneficio de inventario. Esto porque ya existe el antecedente de un apoyo al Plan Colombia, que en definitiva no se cumplió por parte del Viejo Continente. Es cierto que aquel fue un plan para enfrentar a los armados ilegales, pero es que tampoco hubo respaldo para el componente social de aquella salida que permitió arrinconar a las Farc y obligarlas a buscar un camino alternativo al del enfrentamiento sangriento. No obstante la derrota militar -simulada por la mesa de conversaciones- que sufrió la subversión, siguen por lo visto sin renunciar a sus visiones estratégicas como puede observarse en lo planteado y exigido de manera constante desde La Habana (aresprensa).

 

EL EDITOR

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* La columna “Doxa” expone la posición editorial oficial de la Agencia de Prensa ARES. 

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