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TRES PRESIDENTES SUDAMERICANOS EN LA MIRA DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Publicado el 18 de abril de 2008 / 10.30, hora de Bogotá D.C.  

TRES PRESIDENTES SUDAMERICANOS EN LA MIRA DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL

La llegada de la Corte Penal Internacional a Venezuela, Colombia y Ecuador parece irreversible. La apertura de este delicado escenario, que pondría en la picota universal a sus destinatarios directos , aunque por razones específicas diferentes, no obstante su origen común: la degradada violencia del añejo conflicto colombiano y sus repercusiones geopolíticas e ideológicas en la Región, cambiará las tradicionales reglas de juego de las relaciones entre los países sudamericanos e, incluso, la misma política interna de los estados comprometidos. Jorge Gómez Pardo, experto en derecho internacional, analiza para ARES el tejido de significados jurídicos y materiales que enmarcan la amenaza de colocar en el umbral de los tribunales universales a tres mandatarios enfrentados entre sí, y a parte de sus élites de orientación histórica.  

 

Escribe: Jorge Enrique GÓMEZ PARDO

Para nadie es un secreto que la Corte Penal Internacional (CPI) ha estado siguiendo en detalle la situación colombiana. Como dijo recientemente el Fiscal de la CPI,  Luis Moreno Ocampo, "estamos monitoreando los procedimientos abiertos contra los jefes paramilitares, un tema que implica a miembros del Congreso". En las mismas declaraciones el funcionario internacional agregó, "estamos analizando la evolución de esos casos y una vez terminada la evaluación, vamos a pronunciarnos"[1]. Lo anterior es lo que se conoce dentro de la Fiscalía de la CPI como "análisis preeliminar" de una Situación, lo cual es una etapa previa  a la activación o "ejercicio" de la jurisdicción complementaria de ese tribunal internacional en un territorio.

En Colombia varias ONG nacionales e internaciones y también políticos locales han abogado por dicha activación toda vez que, a su juicio, el contenido y la implementación de la Ley de Justicia Paz no cumple con los estándares del Estatuto de Roma. También han intercedido por la entrada de la Corte porque la consideran como un instrumento útil para alcanzar la paz en Colombia. En ambos casos, generalmente, dichos políticos y las ONG provienen de sectores que sistemáticamente se oponen e incluso impugnan al gobierno del presidente Álvaro Uribe.

A esta presión se sumará la proveniente de Venezuela y Ecuador, como consecuencia de la previsible gravedad y contundencia de la información que se seguirá hallando en los computadores encontrados en el campamento de alias "Raúl Reyes", el número 2 de la organización terrorista autodenominada FARC-EP, luego del ataque en el que se le puso fuera de combate, en la madrugada del 01 de marzo de este año.

Para que la Corte entre a investigar o a juzgar a una persona natural, primero debe activar su jurisdicción en una Situación a través del Procedimiento de Activación de la Jurisdicción Complementaria de la CPI. En efecto, cuando la Corte decide ejercer su jurisdicción en un país, lo hace frente a Situaciones de los estados  como entidades jurídico-políticas y no ante  casos particulares. Así, por ejemplo, una Situación podría ser Venezuela, entre 2002 y 2008, y un Caso el del presidente Chávez en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, para que la CPI pueda entrar a investigar un Caso particular (Chávez) debe primero activar su jurisdicción en una Situación (Venezuela).

 

LAS INVESTIGACIONES DE LA CPI

La naturaleza de la CPI es la de ser una institución complementaria a los Estados. Esto significa que la Corte solo ejerce su jurisdicción en un territorio cuando el Estado no tiene la capacidad o disposición de investigar o juzgar a los sospechosos de haber cometido crímenes bajo la competencia de la Corte (crímenes internacionales)[2]. Lo anterior es lo que se conoce como principio de complementariedad, el cual es la característica más distintiva de la CPI respecto a otros tribunales nacionales e internacionales. La CPI no es entonces una entidad supranacional o una última instancia internacional, sino una institución complementaria a los estados, la cual ejerce su jurisdicción solamente bajo muy excepcionales circunstancias.

Pero la jurisdicción de la CPI no se activa únicamente mediante la remisión de Situaciones por parte de los estados. Otro de los mecanismos que dispone el Tratado de Roma, para ese efecto, es que el Fiscal, de oficio, lo solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Cortecon base en comunicaciones que cualquier individuo u organización del planeta le envíe[3]. De allí que la facultad de solicitar a la CPI para que investigue una situación como la descrita ,no es potestad exclusiva de los Jefes de Estado, sino que puede hacerlo cualquier persona. En consecuencia, no hay que ser muy perspicaz para concluir que los sectores opuestos a los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez enviarán una avalancha de comunicaciones al fiscal de la CPI, para que se investigue a esos mandatarios y a sus cercanos colaboradores, por la fuerte y argumentada presunción de complicidad con las FARC.

Se tiene entonces que los trámites ante la Corte para someter a Chávez, a Correa y a sus más cercanos colaboradores, no tienen vuelta atrás, esto de manera independiente de la voluntad manifestada por el presidente Álvaro Uribe Vélez en la Cumbre de Río -realizada en marzo en la capital de la República Dominicana- para que ello no ocurra, lo cual se hizo dentro del marco de la atenuación de las tensiones que al final de dicho encuentro pareció presentarse entre Colombia, Venezuela y Ecuador.

Dicha irreversibilidad, sin embargo, no significa que necesariamente la jurisdicción de la CPI se va a activar en dichos países, ni que si ello ocurre será fácil e inmediato. Puede ni que se active y, de ocurrir ello, muy seguramente será bajo un largo y difícil proceso. Pero lo que sí es claro es que, como la facultad de solicitar la entrada de la CPI en un país no es exclusiva de los jefes de Estado y dadas las circunstancias de hecho del conflicto en las fronteras de Colombia, debe considerarse que el inicio de los procedimientos de la CPI, en Ecuador y Venezuela, ya comenzaron y no tienen reversa.

En efecto, con el envío por parte del presidente Álvaro Uribe del contenido de los computadores, capturados en Ecuador en el campamento de de alias "Raúl Reyes", la CPI también empieza en forma el estudio de las Situaciones de Ecuador y Venezuela. Existe el debate sobre si, con el envío de las fotocopias  en una carpeta de plástico -publicadas abiertamente por el gobierno de Ecuador y devueltas al gobierno de Colombia por parte de la Cancillería de Venezuela- el análisis formal de tales Situaciones ya comenzó.

Sin embargo, lo cierto es que más pronto que tarde la información, validada por INTERPOL, le será entregada a las autoridades de esos países una vez lo soliciten por vía judicial, con lo que sin lugar a dudas comenzará formalmente el análisis de las Situaciones de Ecuador y Perú en la CPI.

La solicitud debe hacerse por esta vía pues ellas están aseguradas con cadena de custodia por las autoridades judiciales colombianas, la cual tiene por objeto garantizar la autenticidad de los elementos físicos de las pruebas. El papel de la INTERPOL será certificar que la información no ha sido adicionada o alterada, indicando también la fecha de creación de los archivos y sus propiedades[4]Indudablemente, esto le dará a la información la credibilidad necesaria para ser considerada prueba válida ante cualquier tribunal del mundo, incluido, por supuesto, la CPI.

Además, el fiscal Moreno Ocampo dejó claro el interés de la CPI en las Situaciones de esos países al señalar que "probablemente vamos a pedir esas informaciones (la de los computadores) a los tres países relacionados: Colombia, Venezuela y Ecuador"[5].

Así, en desarrollo del mencionado principio de complementariedad, con la entrega formal de las pruebas encontradas en los computadores, la CPI comenzará a tener elementos para evaluar la disposición o capacidad de los sistemas penales ecuatoriano y venezolano, para juzgar a sus presidentes constitucionales y colaboradores cercanos, por complicidad con crímenes internacionales. Por lo anterior, y teniendo en cuenta las realidades políticas locales de cualquier país, es de esperarse que la CPI deba resistir enormes presiones  para que ejerza su jurisdicción en dichos territorios.

INVESTIGACIONES DE LA CPI Y POLÍTICA INTERNACIONAL

 

Esta valoración se dará sin perjuicio del manejo político que los presidentes de Venezuela y Ecuador le den al tema que los pone bajo observación de la justicia internacional pues, como se mostró, la facultad de solicitar investigaciones a la CPI no es exclusiva de los jefes de Estado sino abierta para cualquier ciudadano del mundo. Sin embargo, ese manejo sí puede tener efectos en la activación de la jurisdicción complementaria de la CPI  en territorio colombiano.

En cuanto al Presidente Rafael Correa, resulta evidente que para contener el efecto de los computadores, ha decido exaltar el nacionalismo ecuatoriano y deslegitimar el contenido de la información.

Lo primero lo ha hecho mediante una exaltación de los ánimos del pueblo ecuatoriano, como resultado del ingreso de la fuerza pública colombiana al territorio ecuatoriano lo que dio como resultado la desaparición física a alias "Raúl Reyes". Esto lo hace con el objeto de minimizar el impacto del contenido de los computadores en la opinión pública de su país. Un ejemplo de esto es una declaración pública del presidente Correa para aseverar que no se dejaría en "la impunidad la muerte del ecuatoriano muerto en el ataque al campamento de Reyes", sin importar si era o no guerrillero[6].

Lo segundo lo ha hecho presentando a esas revelaciones como una campaña de desprestigio impulsada por el gobierno Uribe y secundada por la prensa colombiana. Síntesis de lo anterior, es la declaración del ministro de Seguridad ecuatoriano, Gustavo Larrea, en el sentido que el gobierno de Quito no reanudará las relaciones diplomáticas con Colombia mientras el gobierno colombiano mantenga el ataque mediático contra Ecuador[7].

Se tiene entonces que el Presidente Correa aviva el conflicto, pues le es rentable en la política interna y porque no tiene otra salida frente a la contundencia de la información de los computadores. Así, provocaciones como la del helicóptero ecuatoriano que ingreso sin autorización al espacio aéreo colombiano o acciones como la demanda ante la Corte Internacional de Justicia presentada por el Ecuador por las aspersiones de glifosato y, además, la queja que ese gobierno presentará ante la OEA como consecuencia de la reacción del gobierno de Colombia a las agresivas declaraciones del presidente Correa en contra de Colombia y de su Presidente, en el marco de su visita de Estado a México, son efecto lógico de lo anterior.

Por esto, es de esperarse que mientras los presidentes Uribe y Correa se encuentren en el poder, actitudes de esa naturaleza no cesarán. Esto sin perjuicio de que el gobierno ecuatoriano haya anunciado que no volverá a contestar ningún nuevo pronunciamiento del gobierno de Colombia.

En cuanto al presidente Hugo Chávez, aunque inicialmente ha optado por una actitud conciliadora con el presidente Uribe, lo cierto es que todo indica que su conducta se irá haciendo más agresiva a medida que la información lo comprometa más y se haga pública. Como lo señalo en reciente rueda de prensa que dio ante corresponsales extranjeros en Caracas, "mientras sigan usando las supuestas computadoras para atacarnos, el conflicto lo van a seguir reavivando", pidiendo una declaración de Colombia en la que se desmienta que su gobierno y el de Correa no tienen vínculos con las FARC, la cual, dijo, "sería un gran aporte"[8].

La actitud conciliadora que a la fecha ha mantenido Chávez puede entonces explicarse por razones de orden político local y judicial.

En cuanto a las primeras, las encuestas muestran que para él no es rentable políticamente en Venezuela atizar las llamas del conflicto con Colombia. Así, en un escenario en el que tendrá elecciones regionales en el segundo semestre del presente año, las cuales serán determinantes para el futuro de su proyecto político, es lógico que mantenga una actitud prudente en ese sentido.

En cuanto a las judiciales, Chávez estaría esperando que el presidente Uribe, por consideraciones de política internacional, ni haga públicos ni utilice las pruebas del computador ante la CPI, tal como lo ha hecho desde la Cumbre de Río en Santo Domingo.

 

IMPACTO EN COLOMBIA DE LA INTERVENCIÓN POSIBLE DE LA CPI  

Pero como se mostró, los procedimientos ante la Corte son ya irreversibles y todo indica que el contenido de la información de los computadores de alias "Raúl Reyes" será cada vez más contundente, el cual, además, tendrá plena validez probatoria en cualquier jurisdicción del mundo.

Así, dentro de ese contexto, es posible que al verse acorralados por los hechos, los presidentes Chávez y Correa decidan remitir la Situación de Colombia ante la CPI, o presionar para que la Corte también active su jurisdicción en el país cafetero. Para esto, posiblemente utilizarán argumentos esbozados recurrentemente por sectores de oposición nacional e internacional a la gestión del presidente Álvaro Uribe, los cuales, ya han sido expresados por el presidente Chávez[9].

En ese marco, es necesario tener en cuenta que aunque la CPI es un organismo de naturaleza jurídica, sus decisiones también se ven influenciadas por las realidades de la política internacional. Por consiguiente, no resultaría extraño que dicha Corte, en aras de tomar una decisión "salomónica",  se sintiera tentada para activar su jurisdicción no solamente en Ecuador y Venezuela sino también en Colombia.

La entrada de la CPI en este último país, teniendo en cuenta la disposición y capacidad actual del Estado para enjuiciar a los autores de crímenes internacionales cometidos en su territorio, sería perjudicial para la reconciliación de los colombianos pues, sin justificación, se limitaría de manera grave su soberanía político-jurídica para el logro de dicho propósito.

Por lo pronto, es importante resaltar que, en principio, la entrada de la CPI en Colombia no sería beneficiosa ni para el presente ni para los futuros procesos de paz en el país, escenario que, como se explicó a lo largo de este artículo, se hace más probable como consecuencia del conflicto con Venezuela y Ecuador.

 

En consecuencia, se considera que es un imperativo estratégico para la sociedad colombiana que el gobierno actual enfoque sus esfuerzos en preparar la defensa del estado colombiano ante la CPI (aresprensa.com).


[1] EL TIEMPO (Colombia), "CPI, con el ojo en FARC y 'paras'", Bogotá, 14 de Marzo, 2008

[2] De acuerdo con el artículo 5 del Estatuto de Roma, los crímenes sobre los cuales la CPI actualmente tiene competencia son los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de genocidio.

[3] Ver Artículos 13 y 15 del Estatuto de Roma

[4] REVISTA SEMANA (Colombia), "¿Me puede adelantar algún secreto nuevo de los computadores de Reyes? (Entrevista al General Naranjo de la Policía Nacional de Colombia)", Bogotá, 12 de Abril, 2008

[5] "CPI, con el ojo en FARC y 'paras'", op. cit.

[6] EL COMERCIO (Ecuador), "Correa anuncia ofensiva diplomática si muerto en ataque a FARC es ecuatoriano " , Quito, 22 de Marzo, 2008

[7] NOTICIERO CM& (Colombia), "Ecuador no reanudará relaciones, mientras Colombia mantenga ataque mediático", Bogotá, 27 de Marzo, 2008

[8] EL TIEMPO (Colombia), "Chávez pide a Colombia frenar la información de PC de 'Raúl Reyes'", Bogotá, 25 de Marzo, 2008

[9] En una de sus virulentas declaraciones contra el gobierno de Colombia antes de la Cumbre de Río, el Presidente "Chávez censuró la ley colombiana de justicia y paz que, con una "pena máxima de ocho años" de reclusión llevan a juicio a "paramilitares acusados por crímenes de lesa humanidad comprobados". A la mayoría los sueltan, los indultan, los perdonan y nos están haciendo bastante daño a nosotros", tanto en la frontera común como en las barridas" (Ver EL UNIVERSAL (México), "‘Paras' se infiltran en barrios, acusa Chávez", México DF, 18 de febrero, 2008)

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Jorge Enrique GÓMEZ PARDO

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