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TRIBUNAL DE LA HAYA: UN FALLO CASI IMPOSIBLE DE CUMPLIR

Publicado el 19 de noviembre de 2012 // 17.50 horas, en Bogotá D.C.

TRIBUNAL DE LA HAYA: UN FALLO CASI IMPOSIBLE DE CUMPLIR 

El dejar a unos cayos colombianos de primera importancia en un mar que pertenece a Nicaragua, torna la decisión de los jueces de La Haya en condición de difícil cumplimiento y en la antesala de consecuencias imprevisibles hacia el largo futuro o de inmediato. Ese fallo también afecta de manera irremediable el trabajo ancestral de la pesca por parte de los isleños perjudicados y los deja en una suerte de rebelión contra la soberanía colombiana, que antes era larvada aunque conocida y también con resultados poco prometedores. No es para menos, el país cafetero le apostó a la legitimidad del sometimiento a las leyes internacionales aun a sabiendas de que el criterio de los jueces del tribunal de Holanda dejaba en veremos el acuerdo limítrofe de pleno derecho, firmado por ambos países en el primer tercio del siglo XX y también dejaba al reclamante en una situación ideal: cualquiera que fuese la decisión final Nicaragua ganaría algo, en tanto que Colombia desde el arranque perdería algo. Tal situación de asimetría se resolvió como se suponía. 

Escribe: Rubén HIDALGO  

La sucesión de errores que le trae a Colombia este nuevo dolor de cabeza comenzó durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el mismo que alineó a Colombia con Gran Bretaña durante el conflicto de Argentina con Gran Bretaña por las islas Malvinas. El apoyo al Frente Sandinista de Liberación durante la gestión Turbay cooperó para generar una nueva relación geopolítica con Colombia, cuando los irregulares contestatarios se aposentaron en Managua. En efecto, al poco tiempo de la defenestración de Anastasio Somoza Debayle los sandinistas en el poder iniciaron el proceso de pugnacidad frente a Colombia, desconociendo el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.  

El argumento de que ese acuerdo se había hecho bajo el paraguas ominoso de la ocupación estadounidense a Nicaragua era razonable en lo ético pero no necesariamente válido en lo que hace a la vigencia de los acuerdos entre estados. Empero una diplomacia timorata por parte de Bogotá no supo hacer las necesarias delimitaciones del caso en su momento y la radicalización ideológica como motor de los planteamientos políticos y geopolíticos encontraron a dirigentes lábiles, una vez más, en la clase política colombiana en ejercicio de los poderes públicos.   

No es para menos, siempre se ha dicho que a un sector importante y tradicional de esa dirigencia le encanta dormir con el enemigo y acceder sin reatos a las acuciosas demandas de los radicales, comportándose como el interlocutor cóncavo de la perversa relación. Hoy mismo y para el caso del conflicto interno del país, eso se sigue viendo. A fines de los años 70 gobernaba en nombre de los sandinistas un tal Daniel Ortega, el mismo que hoy se regodea con su éxito de largo aliento y con el apoyo irrestricto a los ilegales armados colombianos, a quienes más de una vez ha considerado como “hermanos” de su propia causa.   

En el año 2001 Managua decidió radicar su demanda en el tribunal de La Haya y el gobierno del presidente Andrés Pastrana, con su canciller Guillermo Fernández de Soto, aceptó la competencia de ese estrado internacional para definir sobre el tema. Así, se echó por tierra la legitimidad integral que tenía Colombia no sólo sobre el territorio insular sino además sobre las aguas, lo que le daba una preeminencia singular sobre el Caribe. Ese fue el tramo final del desastre en marcha desde 1979, puesto que aunque en La Haya se reconoció la soberanía colombiana sobre la tierra insular, el país perdió casi la mitad de su jurisdicción sobre las aguas que, en el fondo, son lo importante en términos de proyección geopolítica y explotación futura.  

Dos de los siete grupos de cayos -Serrana y Quitasueño- sobre los que decidieron los jueces de La Haya, quedaron rodeados por aguas ahora nicaragüenses. Eso deja en condiciones precarias, por inseguras, el tránsito de naves de pescadores y autoridades colombianas. Una situación absurda que abre una verdadera caja de pandora en lo que hace a la multiplicidad de conflictos que se avecinan. Eso no excluye el choque armado y la facilidad que esa contradicción le abre al tránsito de quienes negocian con alucinógenos en su paso hacia México, Centroamérica y los Estados Unidos.  

Por su lado los isleños raizales de San Andrés no demoraron un segundo en expresar lo que siempre con razón han creído: que el continente los olvida y que ellos saben mejor que nadie cómo manejar sus intereses. Durante varias generaciones y desde el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en los años 50, se trató de colombianizar a una población nativa que nunca se había sentido segura ni convencida en su relación con Bogotá. Ese viejo sentimiento de secesión podría rebrotar y esto le traerá añejas dificultades a Colombia con esas islas que, durante la guerra de independencia en Providencia, tuvieron enarbolado el pabellón de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en un fuerte construido por Agustín Codazzi y bajo el mando de Luis Aury, cuyas ruinas permanecen a la vista.  

Además de los nombrados altos funcionarios que tejieron la trama que le quita tanto mar a Colombia, las quejas de muchos y en especial de los isleños, apuntan a las responsabilidades que tuvo el excanciller Julio Londoño Paredes, a quien señalan de haber excluido a los habitantes de las islas de todo el proceso. En efecto, Londoño fue la cabeza de  los expertos colombianos que tuvieron intervención en el último tramo del proceso y en el “ninguneo” de los isleños. Ese grupo de especialistas también lo conformó el excanciller Fernández de Soto. Es justo decir que quienes menos tienen que ver con el tema y su cadena de desaciertos continuados, aun cuando deban pagar los platos rotos en la contingencia, son el presidente Santos y su canciller, María Ángela Holguín.  

Hace 41 años un grave error argentino al entregar al arbitraje británico la soberanía de unos islotes que ocupaba Chile sobre el Canal de Beagle, frente a la ciudad argentina de Ushuaia en Tierra del Fuego, llevó al borde de la guerra a ambos países. En términos técnicos, lo estuvieron durante unas 12 horas, el 23 de diciembre de 1978. En efecto, el fallo de una potencia que tenía y tiene intereses en la zona, dejaba en aquella ocasión a la Argentina sin acceso sobre la Antártida, y a Chile en condición eventual de país bioceánico. Algo impensable que borraba la tradición que desde 1904 habían construido ambos países australes, en el sentido de que ninguno de ellos aspiraría a asomarse en el océano sobre el que tenía costa su vecino. 

Ahora, la posición sobre el mar Caribe que acaba de ganar Managua puede aumentar la agresividad mostrada durante años por la administración sandinista, a partir de la nueva proyección geopolítica sobre la región y con esto la de los países del Alba, uno de ellos el nuevo mejor amigo del presidente Juan Manuel Santos. Esto último con otro agravante: en la mesa de esa comunidad bolivariana se sienta nada menos que Irán. El fallo del Tribunal de La Haya es inapelable y eso genera más aprensiones ante las eventuales y previsibles consecuencias (aresprensa).

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