LOM / LA TERCERA OREJA VIII /JUEGOS DE PODER: RIESGO SUPREMO PARA LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA COLOMBIANA

Publicado el 19 de junio de 2009 / 20.00 hora de Buenos Aires / Archivado el 19 de agosto de 2009 

Aquello que se escucha aunque se diga en voz baja 

(El chisme no es la verdad, pero sus elementos implícitos pueden ayudar a reconstruirla)

Esta sección le debe su nombre a un famoso programa radial de misterio que se emitía en Chile por los años 60. Esa es única deuda que tenemos con la prestigiosa radiofonía chilena. Hecho el ajuste de cuentas, debe decirse que, aquí, el espacio está destinado a la picaresca que disuelve nuestra seria política editorial. El único misterio es el propio que encierra todo chisme. 


  • Ningún hombre puede acostarse con todas las mujeres del mundo, pero al menos debe intentarlo.

JUEGOS DE PODER: RIESGO SUPREMO PARA LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA COLOMBIANA 

Los informes de alta seguridad que guardan entre 20 y 30 expedientes de inteligencia estratégica colombiana reciente, se encuentran en severo riesgo en términos de revelación pública de sus secretos , al haber salido de los archivos del DAS y pasar a conocimiento de personal de rangos inferiores de la Fiscalía de ese país. Fuentes vinculadas con la parte civil de la comunidad de inteligencia del Estado, han revelado que un segmento de la información referida a Nicaragua, ya se filtró a interesados en Managua y es probable en alto grado que también salga a la luz información de confidencialidad crítica sobre Venezuela y otros vecinos incómodos para Colombia, tanto en América como en Europa. El DAS es el organismo civil del país responsable de recopilar información de seguridad y resguardo de su estabilidad física, jurídica y política. 

La pérdida de control sobre esos archivos se produjo cuando el organismo acusador de la justicia colombiana allanó las sedes que tiene en Bogotá ese organismo de seguridad no militar ni policial, el cual depende de manera directa de la presidencia del país. Los hombres del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones, instancia operativa de la Fiscalía) se llevaron en esa ocasión más de 100 expedientes de información confidencial del DAS, un tercio de ellos con información crítica para la seguridad y defensa nacional. El operativo de captura de documentación se cumplió a fines de febrero pasado, en el centro de un gran despliegue mediático.

Los allanamientos se produjeron como consecuencia del escándalo que generó el descubrimiento de las interceptaciones telefónicas a magistrados de las altas cortes de la justicia, periodistas y dirigentes políticos de la oposición, realizados por esa instancia administrativa de la seguridad pública. El DAS es un organismo con rango de ministerio con produce información de inteligencia en todo el país e incluso en el exterior para el poder ejecutivo y con cinco misiones específicas: inteligencia, contrainteligencia, policía judicial y control de extranjería.

Como consecuencia del escándalo derivado de las interceptaciones electrónicas, diversos iniveles de poder político y jurídico del país produjeron un debate sobre la pertinencia y vigencia del cuestionado organismo de seguridad, y comenzó un desmonte paulatino de su estructura jurídica y misional. Algunos de esos sectores han afirmado que en realidad se encuentra vigente un proceso de deterioro de la capacidad del Estado para producir información de seguridad sensible para sus intereses y ello no estaría desvinculado o sería ventajoso para los objetivos de la llamada guerra política y jurídica, que los grupos armados ilegales llevan adelante tanto en el ámbito nacional como internacional, contra el Estado y la sociedad colombiana.

Esta sospecha sobre el alcance del operativo del CTI, se funda en el hecho de que una parte del material requisado no correspondía de manera puntual con el motivo del allanamiento y registro , además de la acuciosidad de los agentes responsables del operativo por retener y requerir ese tipo de información de inteligencia y contrainteligencia no sólo crítico para la defensa nacional de Colombia, sino bien diferenciado del propósito delimitado del allanamiento.

A ello se suma que poco después, indicaron a ARES las fuentes, medios de Managua pudieron disponer de material que se encontraba en esas carpetas, con impacto sobre los intereses colombianos en la disputa territorial que mantienen ambos países por el territorio marítimo e insular frente a las costas del archipiélago de San Andrés, en el mar Caribe, ante la Corte de La Haya.

El celo requisitorio de los agentes del CTI habría llegado a exigir la entrega del listado de fuentes humanas de información de inteligencia y contrainteligencia con que cuenta el organismo tanto en el país como en el exterior, como límite de la incautación de documentación confidencial durante el allanamiento, pero ésta fue negada también de manera vehemente por el actual director del organismo, Felipe Muñoz. No obstante, el mencionado responsable sí acepto la confiscación del material crítico y de seguridad señalado.

Muñoz habría alegado en nerviosos diálogo que mantuvo con los integrantes de la unidad operativa de la Fiscalía, que el conocimiento de esos nombres ponía el riesgo la vida de los informantes del DAS. El material de inteligencia y contrainteligencia confiscado incluye detalles de operaciones conjuntas con terceros países y ese punto, como el resto de la documentación, es de alta sensibilidad para los intereses estratégicos en lo político y geopolítico del país.

El resultado del escándalo por las interceptaciones, que en lenguaje coloquial colombiano se denominan "chuzadas", derivó en el descabezamiento de varios rangos experimentados de manejo administrativo y pericia técnica de la inteligencia de ese país. En el marco de la atención pública que en un primer momento se dirigió al Palacio de Nariño, sede de la autoridad presidencial, desde esferas de confianza de la misma casa de gobierno se habrían dado indicios equívocos hacia instancias técnicas del DAS, con fines de encausamiento y señalamiento de responsabilidades .

La prensa del país habría aceptado las hipótesis de culpabilidad vigentes, emanadas sotto voce desde ámbitos cercanos al poder político, e hizo el seguimiento de tales pistas. Bajo ese marco el escándalo pudo haber seguido un derrotero que se supone errado y la misma justicia colombiana estaría siguiendo su labor sobre bases endebles en los procesos que lleva adelante, imputando a más de 20 personas. "La mayoría de ellos -afirmaron a ARES las fuentes bien informadas- no tuvo nada que ver de manera directa con las chuzadas y por esa razón buena parte de las acciones judiciales terminará por caerse, pero ya se hizo el daño a la seguridad del Estado por expectativas personales y políticas"(aresprensa.com).


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