LOS RIESGOS DEL FUTURO COLOMBIANO / DOXA / ACTUALIDAD

Publicado el 11de marzo de 2010 / 09.10 hora de Bogotá D.C. / Archivado el 27 de mayo de 2010

 

LOS RIESGOS DEL FUTURO COLOMBIANO 

El cierre del camino a un tercer mandato para el colombiano Álvaro Uribe, impuesto por decisión del poder judicial del país en su instancia constitucional, fue un balde de agua fría, no por previsible sino porque abre desafíos sin respuestas inmediatas. El compromiso de quebrar la resistencia armada de quienes impugnan al Estado desde los márgenes legales es uno de ellos, pero no el único. Antes de la decisión de la Corte Constitucional del país cafetero había un cierto relajamiento del ciudadano de los grandes centros urbanos colombianos, en el sentido de que los factores de violencia tradicionales habían menguado lo suficiente como para pensar que era posible imaginar una paz no por acuerdo de partes sino por sometimiento de los generadores de violencia. También se suponía que con Uribe era posible hacer frente al asedio de vecinos distantes en lo ideológico y a menudo en cierta connivencia con los operadores de la violencia referida. 

La no presencia de Álvaro Uribe en el escenario político, con control del gobierno, obliga a una nueva manera de pensar al país, una nueva ortografía y una caligrafía pulcra para el lenguaje y la acción de constituir y fortalecer el estado de derecho, del que hacen discurso de mérito los colombianos de la élite. Una acción como política de Estado con la suficiente fuerza como para oponerla a una hipotética y posible revitalización de quienes siguen apostando a un acceso al poder por la fuerza. También para oponer esa nueva gramática política, por la razón, como dice el escudo de la República de Chile parafraseando a su héroe Bernardo O´Higgins, a las amenazas externas que hoy son ciertas aun cuando la confrontación se da en la coyuntura de los medios y en el bloqueo comercial.  

No es una tarea fácil escribir el texto que viene de la historia colombiana. Eso lo saben todos los que aspiran a ocupar el cargo máximo de la administración y aspiran también a cubrir el gran vacío que deja el actual presidente con su paso al costado del protagonismo, en un país que ha tratado desde el siglo XIX de poner distancias con la tentación al caudillismo que han exhibido de manera sistemática otros países de la región.

Incluso a pesar de unos supuestos secretos motivos, Uribe ha sido lo más parecido a una versión colombiana del caudillo civil, una suerte de hombre del destino que asumió un rol que no se atrevieron a tomar otros hombres que le precedieron y evitaron la tentación: Alfonso López o Belisario Betancur, entre otros.  

La historia contemporánea colombiana dada su complejidad y conflictividad, exigía una personalidad fuerte que buscara poner orden a la casa, algo que había sido largamente postergado. Esto con la intención de mantener los juegos democráticos que son parte de su legimitad e imagen internacional y el civilismo formal o concreto, por encima de cualquier otra consideración y riesgo. En la dinámica histórica reciente, los principales operadores de violencia habían crecido a despecho de las ofertas de paz y de los procesos que en tal sentido habían concluido con éxito en los últimos veinte años.  

Aquellos grupos ilegales e ilegítimos que no habían aceptado acogerse a las políticas de reinserción y pacificación ya ponían en riesgo la misma supervicencia del Estado, entre los años 80 y el inicio del nuevo siglo. Fue Uribe quien dejó atrás la sensación de un Estado laxo y lábil a la arrogancia armada, capaz de arrodillarse y entregar a la sociedad colombiana al tenebroso desafío.  

La sombra de un retorno a esos tiempos es lo que en verdad atemoriza en secreto a quienes tienen poder de decisión y también al ciudadano de la calle. Colombia ha crecido en lo institucional y económico en medio de su crisis de seguridad permanente, la que ha crecido bajo la administración de Uribe en los últimos dos años y no obstante el esfuerzo que ha mostrado la administración que termina su ciclo. 

Ninguno de los candidatos, más allá de la lógica retórica preelectoral, proyecta la suficiente fuerza como para ahuyentar los fantasmas de un retorno a situaciones que han golpeado durante años el imaginario de los colombianos: la violencia del narcotráfico, los secuestros de los grupos impugnadores al Estado en lo ideológico y también vinculados con la industria ilícita y los marcados desniveles sociales, estos últimos también en aumento. Junto con todos ellos, las crecientes bandas criminales emergentes, surgidas en los márgenes de los procesos de pacificación con los sectores armados que enfrentaron a las guerrillas durante las últimas dos décadas.  

Pero el menú de factores críticos que son lunares en la agenda del actual gobierno y son también parte de la carga que asumirán los nuevos responsables no son pocas: una profundización de la defensa de los derechos humanos que sigue ensombreciendo la imagen exterior del país, un desempleo creciente con también creciente marginalidad social y una justicia de pésima imagen en términos de enfoque jurídico y calidad de procesos, por mencionar solo algunos aspectos que aguardan reformas sustantivas. De ese menú gris no pueden quedar por fuera aspectos como los excesos e impunidad mostrados por mandos medios y altos en el manejo de la cosa pública. Salida de márgenes que alcanzan el manejo de dineros públicos y la seguridad de sectores vulnerables de la población.

 El de mantener a Uribe en el poder para que continuase su ofensiva contínua contra los opositores armados fue un trabajo de chapuceros políticos, es cierto. Un trabajo mal articulado y ejecutado con cierta soberbia en sus desaciertos pues se hizo en buena medida con la suposición de que nada, ni siquiera la pulcritud exigida, se opondría a lo que ellos entendían como un designio: la permanencia y continuidad del dirigente civil que era capaz de enfrentar los riesgos límites de la sociedad colombiana.  

Pero también es cierto que la oposición, incluso en las altas esferas del aparato judicial, tuvo cierta saña por impedir la tendencia mayoritaria de la gente en favor del presidente, resguardada, o mejor escondida, en la norma. La decisión del alto criterio jurídico por marginar Uribe en la posibilidad de continuidad al frente del Estado en realidad enmascaró el sentimiento opositor, también con subrayado de designio.  

Fueron dos fundamentalismos enfrentados y venció el que se anidaba en la trinchera constitucionalista. Aunque no se lo hubiesen propuesto los magistrados responsables, la decisión de la Corte Constitucional terminó favoreciendo a los que alientan la guerra política contra Colombia. Eso no excluye a los contradictores de Caracas, como ya se vio en la decisión de postergar la normalización de relaciones con su vecino y mantener el bloqueo a las exportaciones colombianas, prohibido por la normatividad internacional.  

Todo esto a pesar de que la mayor parte de los candidatos que pretenden reemplazar al presidente saliente tienen suficientes méritos para asumir la pesada tarea. El riesgo para el futuro institucional colombiano en la etapa que se abre a partir de agosto de 2010 es demasiado alto como para no poner en relieve sus aristas en la escena internacional (aresprensa.com).

EL EDITOR


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