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ARIZONA: DETRÁS VIENE LA PROHIBICIÓN DE LA LENGUA / DOXA / ACTUALIDAD

Publicado el 09 de agosto de 2010 / 20.20 hora de Bogotá D.C. 

 

ARIZONA: DETRÁS VIENE LA PROHIBICIÓN DE LA LENGUA 

No es un simple hecho represivo contra una minoría étnica y lingüística que ya no es tan minoría. Tampoco es una reciente ojeriza anglosajona contra los inmigantes mexicanos o centroamericanos, en verdad es el nuevo despertar -un rewake-up, si así pudiera decirse- de la discriminación y la fobia ancestral del imaginario wasp* contra la hispanidad. También contra la lengua que consideran peligrosa, incluso subversiva, y que no han dudado en proscribir en muchos momentos históricos y en sitios donde la tensión cultural tuvo a la lengua de Cervantes como eje de referencia. El caso de Filipinas es emblemático, pero no el único. La alerta, que no es temprana pero sí oportuna, debe llevar a los hispanoamericanos a tomar previsiones y generar diques políticos, culturales y de trabajo para contener la revitalización de la intención de "ningunear" no sólo a esta cultura sino a los ciudadanos que la cargan, la llevan y la reproducen. Esos que con su trabajo también apoyan el esfuerzo de los Estados Unidos por mantener su preeminencia. Estados Unidos ya no es un país uniligüe, el español es su segunda lengua en vertiginoso crecimiento. En lo profundo del sustrato que pulsiona por la represión de la cultura hispana hay un recóndito complejo de inferioridad y culpa: saben que la lengua española es superior a la inglesa.  

La entrada en vigor en el estado de Arizona de la ley SB-1070, con cinco puntos básicos que en su conjunto convierten a la inmigración informal en delito y vuelve expedito el trámite de deportación, aumenta la sensibilidad pugnaz hacia las decisiones de los Estados Unidos, a esas que le ponen paréntesis al valor del aporte inmigratorio en un país formado por inmigrantes y marginados que se convirtieron en ciudadanos. Ese arraigado sentimiento que tiene características especiales entre los latinoamericanos y que incluso tiene manifestaciones políticas a nivel de Estado en varios países del Continente, se profundiza.  

En ese marco, el bloqueo hecho por la jueza Susan Bolton de varias disposiciones internas vulnerantes de los derechos humanos en la víspera de la entrada en vigencia de la cuestionada ley, no borra ni diluye causas y efectos de la discriminatoria norma. La ley de Arizona, impulsada por la gobernadora republicana Jan Brewer, tuvo y tiene amagos de repetición en otros estados norteamericanos y ha enervado a los residentes latinos de los Estados Unidos, además de recibir severas críticas de gobiernos como el mexicano, que ve la amenaza sobre un segmento importante de su población residente al otro lado de su frontera norte.  

La ley es en sí misma un instrumento generador de tensión y conflicto con múltiples ángulos lesivos que van más allá de la represión y criminalización a la inmigración informal. Es un mensaje conocido y ratificado que se dirige a las comunidades latinas en el sentido de que no son bienvenidos de dientes para adentro. Es, en síntesis, un mensaje racista de vieja y también de reciente memoria que viola la letra o al menos erosiona el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos. 

Uno de los argumentos de Brewer para impulsar su cuestionada ley es que la porosa línea que separa a Arizona de México tiene un difícil y delicado control y que las filtraciones de migrantes indocumentados, que son parte del 30 por ciento de la población total del Estado compuesta por latinos, constituyen un factor de riesgo. No se habla de un grupo o un núcleo con participación marginal en la sociedad de un territorio que fue mexicano, no, se trata de unos quinientos mil residentes permanentes o eventuales que no han legalizado su situación en el Estado pero que igual desarrollan actividades laborales, productivas y comerciales permanentes o eventuales.  

Aun cuando esté en el plano de la discusión institucional federal y local si el gobierno estatal es competente para legislar sobre inmigración, es evidente la intención de exclusión política moral y cultural en la que incluso se pone "subjúdice" -aunque no se diga de manera abierta- al uso de la lengua española. Eso hace extensivo el temor de Samuel Huntington de un Estados Unidos desbordado por el uso del español y el arrinconamiento del habla inglesa, no sólo por el peso numérico de los inmigrantes latinos, sino por el hecho contundente de que enfrentadas en escenarios de equivalencia, la lengua española aplastaría a la lengua inglesa, por las sustantivas inconsistencias gramaticales y léxicas de esta última. 

Ellos lo saben y lo temen: el inglés comparado con el español no pasa de ser una "media lengua". Rústica y mal estructurada en su evolución y maduración, el hablar en inglés es en realidad "hablar como Tarzán". No obstante la buena literatura que han hecho sus grandes escritores, el inglés nunca dio como para ser considerada una lengua culta, lo que hace más grandes a esos escritores por el mérito del esfuerzo mayor dada la pobreza de su herramienta básica de expresión. 

Eso convierte en una falacia por la base el sibilino argumento de que el paso de hablar español a expresarse en inglés es una garantía automática de acceso al desarrollo y que el inglés, por sí solo, es lengua de progreso. Filipinas es el perfecto ejemplo en contrario. El propio y recio Joe Arpaio, sheriff de la zona de aplicación de la drástica ley que perpetró Brewer y su equipo, habla español o al menos lo entiende aunque se cuida de hacerlo evidente.  

No puede desconocerse en el marco descrito que los riesgos de seguridad que afrontan los Estados Unidos, incrementados por el terrorismo que acecha y la industria del narcotráfico, le exigen la búsqueda de medidas extraordinarias que también deberían ser creativas. Ni la criminalización de los inmigrantes que llegan del sur de sus fronteras, ni el levantamiento de un muro en la línea divisoria que separa de manera simbólica a sajones de latinos aparecen como creativos.  

Por el contrario, seguirán alimentando la propaganda negra en el sentido de que los estandartes fundacionales de la nación norteamericana, en defensa de las libertades, los derechos humanos, el progreso y la búsqueda de oportunidades abiertas a los hombres del mundo quedan desmentidos por un discurso concreto de exclusión y persecución. Por eso la decisión de Arizona es la autonegación por la base de los valores morales que sostienen el nacimiento de la primera nación moderna.  

En esa misma línea también representa la intención del cierre del horizonte a quienes con pocas posibilidades y muchas esperanzas buscan al menos unas migajas del llamado "sueño americano". Sueño que, como utopía, el ideal democrático de la Modernidad ofreció a todos los hombres, incluso a los discriminados.  

La discriminación es la otra cara, la cara fea, de ese símbolo que encierra la presencia de la Estatua de la Libertad a la entrada de Nueva York. Imagen monumental que recibió a millones de desplazados, expulsados por la miseria o los conflictos de sus lugares de origen, primero desde Europa, después de otros sitios del planeta y, en los últimos cincuenta años, de América latina. Esa masa informe y en expansión continuada en décadas, que llegó primero en barcos y después en los otros medios que brindó la tecnología del transporte, alimentó de mano de obra a las fábricas, los campos y claro, desde la Guerra Civil que pudo haber escindido a los Estados Unidos, también los ejércitos norteamericanos incluso hasta nuestros días. 

En efecto, el reciente documental fílmico "Restrepo" describe las últimas etapas de vida de un joven soldado colombiano, Juan Sebastián, que regó hace dos años con su sangre la tierra de Afganistán, en defensa de los intereses de la bandera de barras y estrellas. Una historia que comenzó con los famélicos irlandeses que se enrolaban en el puerto de Nueva York, veinte años antes de que apareciera la Estatua de la Libertad en esa ciudad, por las "dos comidas diarias" a veces tres, que brindaba el gobierno de Abraham Lincoln para pelear en la guerra civil entre el norte y el sur de los Estados Unidos. 

Debe decirse en ese conjunto que también está en el umbral del tiempo la decisión de cancelar la enseñanza étnica en el estado de Arizona, una legislación complementaria a la exclusión ahora potencial de la SB-170. De allí a la prohibición de la lengua sólo hay un paso. El aplastamiento y cancelación de la enseñanza étnica pretende, según sus mentores, anular la discriminación y cierta militancia que incluye un rechazo al esquema de valores anglosajón que justifica la pérdida territorial de México, por parte de los Estados Unidos. También el evitar que los latinos encuentren en sus propios valores motivos de rechazo a la escala de fundamentos de autoestima norteamericanos. Esa otra disposición de la que se habla poco pero que complementa a la legislación rechazada en primera instancia, entraría en vigor en diciembre de este mismo año.  

Ya en 1986 en California se había eliminado la educación en lengua nativa, en particular el español, por el inglés. Medida que después se ratificó por la vía electoral de manera definitiva. Al respecto el gobernador Arnold Schwarzenegger había condenado la actitud de la comunidad hispana con presencia preponderante en tierras californianas, por ser reacia a asimilar el inglés como lengua propia.  

Las restricciones e impedimentos al uso del español por parte de los Estados Unidos tienen antecedentes más dramáticos: en Filipinas, después de 1898, se prohibió el uso del español que había sido lengua oficial de ese archipiélago durante más de tres siglos. En las primeras décadas -entre 1900 y 1930- de la dominación norteamericana a ese pueblo, había represión policial para quien fuese sorprendido en las calles de Manila y otras capitales de provincia hablando la lengua de Cervantes.  

Después de la dominación japonesa en la Segunda Guerra Mundial y la independencia acordada en 1946, el habla española ya había sido golpeada lo suficiente como para ponerla en retroceso con ventaja para el inglés. En el año 2008 la presidenta de Filipinas Gloria Macapagal debió comenzar a reintroducir el español en la educación, contra todo pronóstico, excluido de la Constitución filipina y de la enseñanza en ese país desde 1987. Filipinas debió comenzar a dar marcha atrás para tratar de enmendar el error histórico en su manejo lingüístico, inducido por los Estados Unidos. 

Los filipinos por la acción inicial de los norteamericanos a comienzos del siglo XX y después por parte de un sector de la misma élite filipina, habían perdido más de 20 años de su propia historia y aún no han accedido de manera plena al desarrollo. Aquí, en América, antes en California y ahora en Arizona, quieren repetir la misma política que perjudicó a los filipinos, incluso para hablar y escribir su propia lengua nacional, el tagalo. En efecto, con presión geopolítica y económica del siglo XX les redujeron el alfabeto para favorecerlos con la pobreza del inglés y así los empobrecieron más. 

Hoy Filipinas es el país con menor desarrollo relativo comparado con su decena de socios de la ASEAN, la comunidad de países del sudeste asiático. Entre 1965 y 1967, cuando se formó la asociación, Filipinas que era uno de sus miembros fundadores tenía el mayor desarrollo relativo del conjunto. En esa época todavía tenían los filipinos al español como lengua oficial en asocio con el inglés. Al eliminar de manera oficial el vínculo histórico con el habla española de la cotidianidad filipina, entre 1970 y 1987, el país asiático nacido en la comunidad hispana hizo un giro que pareció definitivo hacia la pobreza cultural, el paso previo a otras formas de asimetría vital colectiva(aresprensa.com). 

EL EDITOR

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* Wasp: anglosajón, blanco y protestante, expresado en inglés. 


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