EL DERECHO DE ASILO Y UNA JUSTICIA PERVERSA / ACTUALIDAD

Publicado el 12 de diciembre de 2010 / 19.05 hora de Bogotá D.C.

 

 

EL DERECHO DE ASILO Y UNA JUSTICIA PERVERSA 

Es un hecho evidente, aunque reconocido a regañadientes por lo vergonzoso para el país, la degradación paulatina que ha tenido la justicia colombiana no obstante su relativa modernización estructural y su intención de autocrítica también relativa. Lo que más se marca en ese fenómeno es su negada politización evidente en numerosos hechos y fallos emblemáticos y el desplazamiento de ejercicio de poder hacia esferas que no son de su competencia, al tiempo que su crecimiento en la búsqueda de escenarios mediáticos, sobre todo en los niveles de sus más altos exponentes. La calidad de la justicia es un índice para medir la "viabilidad país" y en ese aspecto la justicia colombiana muestra debilidad y falta de credibilidad. Las Naciones Unidas señalan que la impunidad en toda clase de delitos es casi absoluta y que la búsqueda de mejoramiento de imagen incluye la condena dudosa sobre personajes representativos o el estímulo de asilo en el exterior de jueces severamente cuestionados por fallos también dudosos, además del señalamiento público y a priori de figuras que son blanco del encono de los altos jueces. 

Escribe: Enrique MILLÁN 

Una de las más respetadas tradiciones de la civilización occidental, se encuentra contenida en el derecho de asilo, o asilo político. Éste se halla en la raíz cultural, social, étnica de todos los pueblos que dejaron su marca en la Antigüedad. Los hebreos y los romanos, entre muchos otros pueblos, incorporaron a sus costumbres y a su vida jurídica el reconocer el derecho de una persona que por razones políticas, religiosas, étnicas, culturales, o de otra naturaleza excluyente, el buscar protección externa cuando siente que su seguridad personal se encuentra amenazada por un Estado. Bajo tal amenaza el perseguido tiene toda la libertad de recurrir a otro Estado para buscar protección. 

En el inicio de la Modernidad René Descartes tuvo que huir a Holanda en busca de esta protección. Igual sucedió con Thomas Hobbes, que recibió el asilo en Francia y Voltaire en el Reino Unido. A todo lo largo de la Edad Media las iglesias se convirtieron en santuarios intocables para todo aquel que era perseguido por el señor feudal, o por una autoridad incluso religiosa. Todas las formas destinadas a proteger la integridad física, moral, emocional de un individuo, constituyeron parte integral de un tejido social y legal el cual permitió que, en esas épocas de costumbres tan violentas, las personas se pudieran asilar en un entorno protector. 

En nuestro tiempo las Naciones Unidas, en l95l, promulgaron la Convention Relating the Status of Refuguees. En esta forma, se amplió el abanico que permite que una persona, cuando se sienta amenazada por una persecución política, por sus ideas, por sus credos religiosos, por su condición de ser indocumentado, puede acudir a buscar el ser recibido por un Estado que le brinde la oportunidad de acogerlo con todas las garantías de lo que se llama "derecho de gentes", por extensión y de manera ambigua, desde antaño. 

Al conceder el asilo a un extranjero, el Estado que concede el asilo establece de hecho el principio de su soberanía. Determina que esa persona está siendo perseguida y que se presenta una duda sobre la legalidad de esa persecución. También señala la posibilidad de que sus derechos no han sido debidamente tenidos en cuenta y pueden haber sido violados. Esto significa, por otra parte, que el Estado asilante de manera implícita está aceptando el hecho de que la soberanía de la cual huye el individuo, no brinda las mínimas garantías jurídicas para las personas que buscan asilo en otras naciones. 

Los asilados cubanos que han huído de la isla totalitaria de los hermanos Castro, encontraron el recurso del asilo en La Florida, como una manera de poder sobrevivir dignamente. En ese mismo marco, durante los turbulentos años de la primera y segunda mitad del siglo XX, los golpes de estado en Latinoamérica habían adquirido la regularidad de un metrónomo.  

El presidente Velasco Ibarra tuvo que exilarse en Colombia en varias oportunidades, por haber sido derrocado como consecuencia de diversos golpes militares. El más sonado episodio de la diplomacia colombiana en la década de los años 40 fue el de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien perseguido por una dictadura militar en su país encontró asilo en la embajada de Colombia en Lima. 

A esto siguió un proceso de varios años, en la Corte Internacional de la Haya, que culminó cuando pudo salir de la Embajada y viajar a Paris. Las dictaduras de Alfredo Stroessner, Augusto Pinochet, Manuel Odría, Marcos Pérez Jiménez, y los hermanos Castro, forman un mosaico nada tranquilizador sobre la manía persecutoria de orden político que animó a estos dictadores, en cada uno de estos países de la región latinoamericana. 

LAS CONDENAS A PRIORI 

Lo sorprendente en Colombia sobre este tema es la forma como la Corte Suprema de Justicia ha ido, gradualmente, usurpando funciones del Ejecutivo. La persecución política de la Corte tiene una sola motivación: hacer una barrido muy completo a todos aquellos individuos que en la sociedad colombiana puedan tener algún tipo de vínculo, deliberado o casual con quienes puedan ser considerados de derecha o de simpatías con el paramilitarismo o, en síntesis, quienes no sean de la simpatía de la cohorte de magistrados en operación de limpieza social y simbólica específica. Esa condición caprichosa es un pasaporte para que los magistrados vean a su víctima como un antisocial. La clasificación es muy elástica, tal como lo es la plastilina: se le puede dar la forma que se quiera en el momento que se quiera.  

El Ejecutivo en ese panorama cercano a lo siniestro, es un invitado de piedra. La persona elegida por una gran mayoría en pugna electoral, no cuenta para nada. Ese cuerpo sagrado que es la cabeza de la justicia en Colombia no responde a nadie ni a nada. Por encima de ellos pareciera que no existe un estamento que pueda llamarlos a juicio, por abuso de autoridad o por extralimitación de funciones. Tal como ellos están haciendo operar las leyes surge en los hechos un incómodo y antidemocrático poder discrecional. Es una nueva y novedosa forma de dictadura colegiada.  

Si Hugo Chávez cambió las leyes y la Constitución para establecer un camino hacia la dictadura, éste no fue un trabajo fácil. Tuvo que enfrentar opositores, juristas, opinión pública, observadores nacionales e internacionales. Los mandarines de la Corte Suprema de justicia colombiana, en cambio, no le rinden cuentas a nadie. Ellos han ido tejiendo una red que, legalmente al menos, está llevando a la nación hacia una dictadura sui generis, sin antecedentes inmediatos ni en la Antigüedad, para poder explicar este nuevo fenómeno. 

Si en el pasado del siglo inmediato, dictadores como Stalin o Hitler perseguían a sus enemigos con todo el poder de Estado, en Colombia un cuerpo colegiado, asume funciones que antes eran provincia incuestionable del Ejecutivo. Ya no son los Pinochet de turno, ni los Chávez, los que encarcelan o hacen juicios sumarios, sin apelaciones posibles a una segunda instancia. Es un cuerpo más que colegiado, gremial, con poderes omnímodos, con túnicas negras, como si se tratase de una moderna Inquisición. 

Para comprender por qué María del Pilar Hurtado exdirectora del DAS -el civil servicio de inteligencia colombiano- pidió asilo en Panamá, bastaría con buscar la rápidamente olvidada condena mediática del alto magistrado Jaime Arrubla Paucar. Condena mediática que después de manera torpe el mismo Arrubla trató de desmentir.  

De esa manera, simplemente, se demostró que esa condenada a priori por el supremo y televisivo juez, reunía todas las condiciones que se han requerido para poder tener el apoyo de un Estado que le garantice a la condenada ante cámara y micrófono, por fuera de proceso, su seguridad personal y la de su familia. Esto incluye el no ser expuesta a un juicio preliminar condenatorio y sumario en las calles, en las pantallas de televisión y en los titulares de prensa. 

Por esa razón, la exfuncionaria buscó protección externa, tal como sucedió con Alan García quien la encontró en Colombia en su momento, y un sitio donde pudiera defender su buen nombre e inclusive su vida. Esto en contra de unos perseguidores que también ya lo habían condenado de antemano. La salida que le brindó Colombia al dirigente peruano es la que de manera indirecta permitió demostrar más de veinte años después, que García tenía madera para ser un gran presidente de su país y que fue víctima de un régimen que se llevó la historia.  

UNA JUEZ CUESTIONADA 

La otra cara de la moneda, se encuentra en el asilo silencioso, encubierto y a espaldas de la opinión pública, de la juez María Stella Jara quien condenó a 30 años de cárcel al coronel Alfonso Plazas Vega. La juez -dice ella- teme por su vida. El aparato administrador de justicia al cual pertenece la togada extrañada de su país, sin embargo, la ha rodeado de todas las garantías para su exilio dorado.  

Ese sistema le cubre todos sus gastos en Alemania. La tiene protegida y los órganos de seguridad de los estados tanto colombiano como alemán le garantizan su seguridad. Nadie ha cuestionado ese asilo. No se ha hecho un debate mediático, jurídico, ético sobre si en ese puntual recurso extremo se cumple con todos los requisitos que se exigen para alcanzar una cobertura semejante. Aquí, en este caso, es el estado colombiano en coordinación con los europeos el que protege a la juez.  

Por lo tanto, las condiciones no son como sucedió, por ejemplo, en el caso de Pedro Carmona cuando pidió asilo en Colombia. Él es en verdad un asilado político como tantos otros en el mundo, amenazado por el Estado que lo victima, mientras la juez de marras está huyendo de sus actos criminales en lo simbólico y jurídico. En pocas palabras, por haber utilizado a la justicia de su propio país como un escudo. Pero la juez teme por su vida lo que no debe suceder en un estado de derecho, aun cuando cualquier ciudadano medianamente informado debe saber que para precipitar la condena al coronel Plazas Vega esa funcionaria judicial manipuló todos los protocolos de la justicia.  

En su cadena de condena al militar que defendió a su país de la violencia de un grupo mesiánico, hubo testigos falsos o desmentidos con toda claridad en sus testimonios. En cambio, las pruebas que demostraban la inocencia del coronel de la República -malogrado en su carrera por sus enemigos encubiertos o amnistiados y con funciones en la administración pública- nunca las admitió porque podían comprometer en forma contundente el fallo que estaba preparado de antemano. 

Durante la larga y oscura noche del maccarthismo en los Estados Unidos, las memorias de Miriam Moskowitz pueden servir de analogía, cuando el sistema judicial se descarrila por razones políticas y se convierte en una perversa máquina, en una suerte de descontrolado golem que deambula por la sociedad dañando lo que debe proteger y administrar, en este caso la justicia . Ella fue -falsamente- acusada de obstrucción a la ley, durante la histeria colectiva que llevó, finalmente en junio de 1953, a la pena de muerte de Julius y Ethel Rosemberg, por haber espiado a favor de la Unión Soviética. 

Ella estuvo presente, en 1992, en el funeral del juez Irving Kaufman, quien la envió a prisión. Sus recuerdos resumen lo que muchos, como el coronel Alfonso Plazas Vega, pueden invocar con igual valor moral :"...yo lo condeno por haberme robado mi prestigio para alimentar sus obscenas ambiciones a mis expensas". Y, agregó: "...quisiera decirle, señor Kaufman, que me mirara a los ojos y me dijera que lo que usted hizo fue lo correcto...". 

El mencionado militar colombiano ha sido condenado no por su presunta intervención en la también presunta desaparición de personas, sino por haber defendido tal como era su obligación, la vigencia de las instituciones del país al cual juró lealtad hasta las últimas consecuencias. También por haber vencido en acción a quienes de manera ilegal e ilegítima pretendían disolver a las instituciones por las armas y ser un soldado emblemático en esa defensa.  

Esos mismos vencidos en combate que toman retaliación infiltrados ahora en los aparatos de la justicia y en otros órganos del Estado, los medios de comunicación y en escenarios e instituciones sociales. Esos derrotados de ayer y de hoy que, haciendo caso omiso del escarmiento de la derrota, pretenden continuar la acción disolvente en una también perversa guerra jurídica, torciendo la recta línea que deben seguir los fallos de la justicia y en la pretensión de conquista armada, en lo simbólico, de la opinión pública (aresprensa.com).


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