REFORMA TRIBUTARIA CONTRA SALARIO SOCIAL / ACTUALIDAD

Publicado el 12 de diciembre de 2012 // 05.40 horas, en Bogotá D.C.

REFORMA TRIBUTARIA CONTRA SALARIO SOCIAL 

La administración del presidente Juan Manuel Santos ha puesto a consideración del Congreso su iniciativa de reforma tributaria, con pretensión de abrir escenarios para una mayor equidad. Esto, en un país que figura entre los de mayor desigualdad en el mundo y que en la región, según Naciones Unidas, tiene uno de los primeros lugares de esa vergonzosa lista, algo más abajo de Haití y Guatemala.  El gobierno le apuesta a aliviar el peso de las contribuciones disolviendo los llamados “parafiscales”, en los que la tradición asentó durante más de medio siglo una de las esquivas compuertas hacia la distribución social de los acumulados anuales del país y, al tiempo, se propone formalizar más empresas. Lo anterior en un universo en el cual el trabajo y la actividad empresarial informales son superiores a los negocios e industrias regularizados y establecidos. Pero las centrales de trabajadores han pedido que se archive el proyecto de reforma tributaria y señalaron, de manera indirecta, que la Mesa de Concertación a la que fueron citados, había sido una acción distractiva y una forma abierta de “ninguneo” pues el resultado del diálogo fue que no se tuviesen en cuenta sus consideraciones sobre el delicado tema. Una iniciativa del representante Ángel Custodio Cabrera para elevar a figura constitucional a entidades como SENA y el ICBF, amenazadas por la reforma, fue rechazada de manera abierta por los empresarios en la referida mesa de acuerdos.  

Escribe: NÉSTOR DÍAZ VIDELA 

En el arranque, las centrales que agrupan a una parte de los trabajadores asalariados -los críticos afirman que minoritarias- se opusieron por los mismos principios que los identifican como organización, a esta propuesta del gobierno y así lo consignaron en las diferentes sesiones de la Mesa de Concertación que el Ejecutivo convocó y que concluyó hace pocos días, en la sede del ministerio de Trabajo, en Bogotá. Lo hicieron porque consideran que el aporte de esos parafiscales que comparten con los empresarios es en realidad un “salario social” y los radicaliza la eventualidad de su anunciada desaparición.  

No es para menos, ocurre que ese riesgo implica y se extiende también a las vocerías y formas de representación y participación en espacios estratégicos de intervención social, entre ellos las de los mismos sindicalistas que participan de manera directa como indirecta de decisiones y desarrollo de políticas. Vale decir, esos aportes traen como consecuencia no sólo una redistribución del ingreso nacional sino también ámbitos de inclusión, debate y decisión política con las previsibles consecuencias en la intención de participación social, tan anhelada por ésta y por otras administraciones del país. Además, señalaron que esos aportes también salían de sus bolsillos y que, por lo tanto, la autoridad de turno no tenía “derecho alguno para decidir lo que hacen con su propio dinero”. Ese que desde hace 5 décadas va dirigido a los más débiles, a través de esas entidades ligadas a la sensibilidad de los colombianos.  

Tales recursos sostienen la vigencia del SENA -el ente de formación técnica que desde el Estado recoge posibilidades y potencialidades de educación básica para el trabajo- y también el ICBF, que no sólo atiende las necesidades elementales de la infancia vulnerable en lo social, sino que se extiende en perspectiva a las llamadas madres comunitarias. En síntesis: conforman un núcleo institucional viable para propiciar un germen de movilidad social que -según el mismo gobierno sostiene- son punto de partida de la prometida equidad, en tanto esas entidades se han convertido en una de las maneras como en Colombia se atienden y alivian las desigualdades.  

En esos términos, se trata nada menos que del agregado en cifras de núcleos extensos de población, demasiado sensibles además de importantes, para cualquier sector con posibilidades de presencia social que dispute una porción en la asignación de recursos del tesoro público. El ente educativo de formación técnica prepara cada año unos seis millones de muchachos y  la institución para protección de la infancia atiende en cada jornada casi un millón doscientos mil chicos, a los que brinda alimentación y bases educativas.  

Los escenarios de protección y estímulo a la población vulnerable se han ido extendiendo a partir de esa institucionalidad primaria y añeja del Estado, que se inició a fines de los años 50. Pero la acción de las ONG y organizaciones privadas se estima que amplía de manera directa ese espectro en unos 5 millones de infantes y jóvenes. Esto significa un apoyo concreto a cerca de 125 mil familias, por parte de tales núcleos civiles organizados.

INEXISTENCIA DEL SALARIO SOCIAL 

Las centrales se opusieron en esa mesa de concertación a toda posibilidad de eliminación de garantías sobre la vigencia de las entidades nombradas. Por un lado, afirmaron, son un símbolo y un conjunto de lo que para Colombia es lo “posible” en la pretendida  equidad y, por otro, también son un tácito espacio de acción política, nada desdeñable desde cualquier ángulo de abordaje. Para las centrales de trabajadores el destino y vigencia de esas asignaciones sociales se convirtieron en un punto central de puja en las apuestas sobre el contenido de la castigada reforma potencial durante aquellas jornadas de debate. En contrapartida, los gremios empresariales ratificaron, a libro cerrado durante las deliberaciones, el apoyo irrestricto a la propuesta del Ejecutivo y después de reiterar esa posición en diferentes ocasiones, no volvieron a abrir la boca

Tanto la CUT como la CGT y la CTC se movieron con independencia de partes pero se unieron en momentos definitivos. Así sucedió cuando el ministro Rafael Pardo desconoció de tajo la presunción de la existencia de un salario social. Pardo, reiteró desde la orilla oficial la descalificación de ese criterio sosteniendo que éste no tenía letra en la Constitución del país. En la penúltima reunión el ministro puso sobre la mesa su teoría descalificatoria y en la última participó el parlamentario  Ángel Custodio Cabrera en una intervención postrera que ratificó las intenciones del gobierno para sacar adelante su aspiración de reforma. 

La incomodidad de Pardo no fue sólo con el tema del salario social, también fue refractario a la presencia de unos equipos académicos de alto perfil que acompañaron a los dirigentes sindicales y que podían confrontar de igual a igual con argumentos y datos en cifras, tanto con el mismo ministro como con viceministros y colaboradores de entorno. En ese marco, los rechazos atrincheraron a los dirigentes de los asalariados y los unificó en confrontación hacia Rafael Pardo durante el último tramo de esas sesiones finales

ROBERTO HOYOS BOTERO JULIO ROBERTO GÓMEZ
Experto tributarista Presidente CGT

Varios de los voceros de estas centrales y en particular sus asesores técnicos, afirmaron que el indicado salario social está implícito en el texto constitucional “por tratarse de una norma de normas que promueve el estado social de derecho”. De tal forma, se insistió en que la expresión del ministro había caído sobre la mesa de diálogo como un innecesario exabrupto que amaga conflictividad presente y futura, en tanto los voceros sindicales ampliaron sus apreciaciones iniciales, al puntualizar que eso del salario social es un concepto en construcción a partir de la realidad y la tradición que se origina en los señalados parafiscales.  

Para estos protagonistas del trabajo organizado del país, a despecho de que lo que afirmaron los representantes del gobierno, la nueva reforma tributaria los pone en acuartelamiento de primer grado, pues para ellos nada garantiza que el actual gobierno y sobre todo el Estado, puedan hacerse cargo de las instituciones a las que consideran en peligro. Las cuentas no cuadran y en la sesión definitiva las centrales de trabajadores  reclamaron el archivo de la propuesta de reforma, en el preciso momento en que ésta comenzaba a avanzar en el Congreso, con paso en apariencia firme.  

La información crítica y estratégica que manejaron los expertos en estas mesas, vale decir con esos datos que ni siquiera aparecen en las pantallas y portales de los organismos del mismo gobierno, dice que hay en el país unas tres millones cien mil empresas, pero sólo el 30 por ciento de ellas es formal en sentido estricto. Eso daría un consolidado aproximado de un millón doscientas mil empresas, pero de ese número acotado apenas un 22 por ciento aporta parafiscales sobre un treinta por ciento, máximo, de la población total económicamente activa.  

Lo anterior señala que es Colombia un país en el que reina la informalidad, puesto que un 70 por ciento de la actividad económica se mueve en ese plano, aunque eso no llevó a la mesa de discusión novedad alguna. Lo que sí fue significativo es la evidencia de que la condición del país en esas materias no da para que se asegure la viabilidad de la propuesta en el sentido de que quede en manos del gobierno el sostenimiento de las ya nombradas entidades de alivio social.  

PROPUESTA DE TRUEQUE 

El grupo de apoyo técnico de la CGT estuvo conformado por dos Ph. D., uno de ellos en economía, y el excontralor general de la República,  Roberto Hoyos Botero, quien es además experto tributarista. Fue este último quien propuso una iniciativa que galvanizó a varios de los asistentes: hacer un trueque de parafiscalidad por descuentos tributarios. Esto es, dejar quietos los aportes que hacen empresarios y trabajadores para las entidades de promoción social ya mencionadas y que el empresariado tenga la posibilidad de descontar esos aportes de los obligatorios impuestos anuales, incluyendo un porcentaje dirigido a ampliar el consumo, sumando puntos sobre los salarios de los trabajadores

La impugnación de los asalariados organizados a la iniciativa del Ejecutivo y la búsqueda de alternativas al proceso de reforma se basa entonces y también, en la inconsistencia de las cifras de respaldo para el proyecto y sus previsiones hacia futuro. Mientras la producción industrial mostró una curva decreciente en 2 por ciento, durante casi todo el año, el segmento de servicios, sobre todo el bancario creció al 16.7 porcentual (con un acumulado en utilidades de 3.4 billones en el último semestre), de la misma manera como lo hace la minería, con un detalle puntual en cada uno de estos últimos ámbitos de actividad: ninguno demanda recurso laboral en cifras significativas

Para el caso de los bancos, las dispensas tributarias entre otros factores que han  elevado las utilidades del último ejercicio semestral, recibieron la calificación de “obscenas”, por parte de los sindicalistas. Éste es un contraste marcado frente al costo del país en defensa, por ejemplo, durante el cuatrienio vigente (14 billones de pesos, que representa un 3 por ciento del PIB). En esa línea, otro de los puntos que más alteró los ánimos de esa mesa de concertación es que la presunción de reducción de informalidad e incremento de masa laboral por la vía del alivio tributario, queda librada de manera abierta a la buena fe y buena voluntad del empresariado

 De tal manera que éste, de la misma forma como puede aceptar la sugerencia de incrementar su planta y formalizarse, también puede incrementar sus dividendos sin necesidad pensar en hacer efectivo el buen propósito del gobierno con su reforma tributaria.  La iniciativa del gobierno de reducción de 13,5 puntos en parafiscales y el 8 por ciento en rentas, frente a la acostumbrada obligación tributaria, se hace sin una contraprestación taxativa ni coercitiva hacia los empresarios en el horizonte de  generar empleo y formalidad, en las condiciones que lo plantea el gobierno del presidente Santos. Además, la curva de proyección del CREE, desde los años de crisis de 2008 y el siguiente, muestra cifras por debajo del recaudo parafiscal y por tanto, plantea un cuadro de prevención y alarma ante los requerimientos de las dos entidades que reciben esos recursos y son centro del debate

En definitiva, las centrales de los trabajadores señalaron que el Estado no está en condiciones de garantizar la vida futura del SENA y del ICBF. Pero ese argumento no encontró eco entre los técnicos del gobierno ni de sus viceministros, tampoco en los empresarios, como era fácil de esperar desde este último sector. Eso derivó en que el pedido de archivo del proyecto planteado por los sindicalistas en una sola voz, se hiciera entre señalamientos de sordera en la orilla de empresarios y gobierno, con el agregado -por parte de los voceros de la CGT- de que la propuesta de reforma era regresiva por su misma estructura y promesa de evolución, porque dejaba en “peligro supremo de desaparición a las instituciones comprometidas con la reforma”.  

En esas nerviosas circunstancias, el representante  Ángel Custodio Cabrera insistió en las presuntas ventajas de la reforma y el nivel de sus responsabilidades sobre el trámite de aprobación y vigencia de la misma. Esto entre anuncios de amenazas anónimas, que él mismo puso sobre la mesa, a su seguridad y la de su familia por sus responsabilidades en el trámite de la reforma

Los representantes de las centrales del trabajo hicieron un vehemente rechazo a esas presiones ilegales contra el legislador y su allegados, al tiempo que señalaron que habían sido llamados a la mesa de concertación para hacer una representación escénica de inclusión pero que en los hechos concretos  la realidad mostraba lo contrario: ni siquiera la propuesta de Roberto Hoyos fue tenida en cuenta para salir de la duda sobre el futuro de las entidades en cuestión.  

En ese tenso trámite de la reunión final, el representante Cabrera planteó la posibilidad de generar una iniciativa parlamentaria para dar figura y cuerpo constitucional tanto al SENA como el ICBF, pero esta consideración recibió el rechazo explícito y vertical de los empresarios. Al finalizar esas largas sesiones alrededor de la Mesa de Concertación, en las que la amabilidad formal no ocultó las profundas diferencias planteadas, también se hizo crítica a la constante  escasez del servicio gastronómico que el Ministerio del Trabajo dispuso para las dos decenas de asistentes permanentes: “no le pidan ni se quejen con el ministro Rafael Pardo por ese tipo de restricción, él es demasiado tacaño también en eso”, dijo en la salida uno de los asistentes (aresprensa).  


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