ARGENTINA: "LA ARMADA BRANCALEONE" / ACTUALIDAD

Publicado el 31 de enero de 2013 // 13.40 horas, en Bogotá D.C.

A Propósito de lo Ocurrido con la Fragata “Libertad” 

ARGENTINA: "LA ARMADA BRANCALEONE" 

El cine italiano de los años 60 y 70 tuvo piezas memorables, bien talladas en la historia del buen arte. Una de ellas, “La Armada Brancaleone”, es parte de esas piezas que en lo puntual fue  interpretada por el inolvidable Vittorio Gassman.  En ella se relatan las miserias y las angustias de un grupo medieval en armas, dirigido por un noble peninsular, que se comporta como un ejército que va hacia ningún lado y despojado de todo heroísmo y esperanza. Eso ocurre cuando el personal armado sigue sus rutinas sin ideales fuertes y sobre todo sin dirección política creíble y aceptable. Es la condición en la que podría encontrarse la fuerza armada argentina en la actualidad y es también una de las consecuencias, aunque no la única, que debería tener postrada la autoestima de los uniformados de ese país y generar condena a su gobierno, por el secuestro judicial fruto de un embargo a una de las naves insignias de la Armada en un puerto de Ghana. La fragata “Libertad” es territorio argentino a donde vaya y es un buque embajador de ese país. En otras palabras, es una de las representaciones argentinas del país en el mundo. Lo ocurrido es una vergüenza internacional para la Argentina y muestra la degradación a la que ha llegado y ha generado en términos institucionales la conducción de ese país, bajo la errática guía de la señora Cristina Fernández. Ella, como han hecho tantas veces sus iguales de la conducción cubana y siguiendo ese ejemplo, pretendió convertir el revés del secuestro jurídico de la nave en una victoria, con un  recurso fallido e histriónico de último minuto.

Escribe: Rubén HIDALGO 

 

Aquel episodio del ominoso secuestro vuelve huero el discurso nacionalista y exaltado de la señora Fernández al referirse al hecho ocurrido con la nave, que llevaba incluso tripulación extranjera entre sus hombres, cadetes de otras naciones latinoamericanas que se vieron obligados a  volver en avión a sus países, al igual que parte de la dotación y del personal de mando de la marina argentina. En efecto, la retención judicial de la nave se produjo por la coincidencia de dos factores: la búsqueda de pago de una deuda por parte de los acreedores de bonos argentinos, no honrados en su momento, y la imprevisión tercermundista del gobierno que anida en la Casa Rosada. 

La puesta en escena oficial con la llegada de la fragata a la base naval de Mar del Plata, al promediar enero, no puede ocultar las responsabilidades del gobierno de Cristina Fernández en la puesta bajo control extranjero del buque escuela de la Armada Argentina. En la utilización de un recurso de trapecista, en el que es experto el gobierno cubano, se apostó por parte de la Administración de Buenos Aires a una recepción de espectáculo con el regreso del buque a puertos argentinos. Vano intento, el escándalo fue demasiado grande y extendido como para cerrarlo con ese moño de regalo.  Mucho ha mancillado la gestión del régimen Kirchner a las fuerzas armadas argentinas. Más allá incluso de lo tolerable

Una visión histórica sesgada que recorta la saga de violencia irracional que vivió la Argentina durante las décadas de los años 70 e inicios de los años 80, ha llevado a victimar más allá de la justicia a uno de los factores de respuesta institucional y también de facto, frente a esa violencia terrorista de los años indicados. Al equiparar a la subversión de la época con el brazo armado del Estado  y poner en la categoría de “héroes” a la otra orilla de los factores de esa violencia fratricida -las agrupaciones criminales que bajo máscara revolucionaria también fueron autores crímenes contra la humanidad- el actual gobierno argentino se invalida para la historia y para aquello que ellos mismos y sus aplaudidores de turno, evocan de manera constante: la memoria. 

Baste recordar, para que la evocación exegética no sea negada, que el asesinato contra el anciano general Pedro Eugenio Aramburu, en estado de indefensión y en cautiverio, le dio carta de criminalidad en 1970 a la organización Montoneros y fue el inicio de la cadena de terror con  la que ese grupo subversivo tiñó de sangre las ciudades argentinas. No fueron los únicos, también el llamado ERP por aquellos años contribuyó con la cuota de sangre, de ellos mismos, de sus enemigos civiles y militares y de las instituciones argentinas, incluido el sindicalismo

En esa secuencia fueron derrotados por vía del método que ellos plantearon: la guerra. Una guerra sucia llena de violaciones de derechos humanos, es cierto,  pero que también fue una respuesta que impidió que la Argentina se convirtiese en lo que aún es Colombia, desde hace más de medio siglo. Los juicios llevados adelante contra los uniformados que cometieron crímenes contra la humanidad parecía que le darían a la Argentina un camino de reconciliación. Pero no fue así y el salto que dio el régimen de los Kirchner, tanto durante la gestión de Néstor como en la continuidad de Cristina Fernández,  fue al tiempo un puntapié a la historia y a la memoria. Al extremo de desconocer y tratar de borrar de esa Memoria -ésta sí con M mayúscula- el transparente trabajo de Ernesto Sábato y su teoría de los “dos demonios”, en los hechos de la lucha antiterrorista

Desde hace diez años en esos giros de la lógica, que la estética literaria llamó “realismo mágico” -expresión a la cual debería agregarse el predicado complementario de “trágico”- aquéllos que fueron operadores de los crímenes y por esa condición fueron doblegados por las armas, no sólo son “héroes” del exabrupto historiográfico oficial, sino que además son funcionarios del gobierno que despacha desde la Casa Rosada. La hasta hace escasos dos meses ministra de Defensa, Nilda Garré, fue un cuadro operativo de Montoneros y su presencia fue una verdadera bofetada a la institución militar que combatió a esa organización subversiva y la aniquiló* con altísimo costo para la institucionalidad argentina

Durante el proceso del matrimonio Kirchner se ”ninguneó” el valor representativo de la fragata “Libertad” pero, en el último minuto, la administración de Fernández quiso dar vuelta a una historia que no la favorecía, cuando finalmente el buque regresó a la Argentina. Durante años el simbolismo como buque formador de oficiales navales era al tiempo un testimonio por su nombre, de quienes fueron enemigos políticos de quienes hoy manejan las palancas del gobierno argentino. En efecto, la fragata lleva el nombre de “Libertad”, como emblema de los militares golpistas que en 1955 derribaron al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón

Es por eso que el cinismo de Cristina Fernández desbordó límites, al pretender cobrar por ventanillla una presunta victoria icónica en la liberación del buque escuela retenido en África, por orden de juez y no por una conjura internacional antiargentina como pretende argumentar el gobierno sudamericano, con verbo termocéfalo y distractor. El hundimiento en puerto, pocos días después, de otro buque insignia de la marina de guerra argentina: el destructor misilístico ARA “Santísima Trinidad”, muestra las fisuras, desentendimientos y repliegue disolvente que ha generado el gobierno argentino frente y en sus propias fuerzas armadas, en contravía de los peligros externos e internos, que afronta el maltratado país. Maltratado por su propio gobierno que sigue viendo el mundo al revés, tal como lo hace el terrorismo de hoy y el de hace 40 años (aresprensa)

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* En 1975, luego de una sangrienta toma terrorista a una guarnición militar en Formosa, en el extremo norte del país, la presidente constitucional de entonces, María Estela Martínez de Perón, emitió un decreto en el que, a la letra, ordenaba a las Fuerzas Armadas de Argentina “aniquilar” a las organizaciones subversivas, en armas. Eso fue lo que hicieron en los años posteriores. Ese decreto de octubre del año referido estuvo precedido por otro de febrero del mismo año y de disposiciones complementarias en el mismo sentido. El más importante de ellos fue el 2772 que dio amparo legal a las fuerzas armadas para el aniquilamiento ordenado.    


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