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CLARÍN: OFENSIVA CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / ACTUALIDAD

Publicado el 20 de mayo de 2013 / 19.00 horas, en Bogotá D.C.

El Caso Clarín en la Argentina  

OFENSIVA CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Pocas cosas tan odiosas como la negación de la palabra y de la opinión. Aparte de la protección de la vida misma y de la libertad, esta última como posibilidad humana inmanente, la expresión y la libre circulación de las ideas se asimila con esos derechos fundamentales que la humanidad tardó tantos años en reconocer y construir, en mentalidad e institucionalidad. No importa que sea la expresión contestataria o la del orden constituido, el “sistema”, o lo “establecido”, tal como lo señalan los radicales en ideología, aquéllos que rechazan a la democracia tal como se la conoce. No importa, cualquier negación o vejación sobre quienes piensan y se expresan de manera diferente es perversa, sobre todo cuando esa negación viene de quienes tienen el deber constitucional de protegerla, tal como sucede en estos días y en muchos de los anteriores tiempos cercanos, en la nación de los argentinos durante el régimen vigente. El ataque al pool de medios que regenta la empresa propietaria del tradicional diario Clarín, es un nuevo atropello que el gobierno de la señora Cristina Fernández produce con su autoritaria y pintoresca manera de conducir al país, en contra de la libertad de palabra. Esto pone más aun al país, y sobre todo a su gobierno, en condición de parias ante el mundo, al violentar a sus gobernados, a su Constitución y a los pactos internacionales que la autoridad tiene la obligación de cumplir y proteger. Nada parece detener a la vesánica avalancha “K”, ni a sus cómplices.   

Escribe: Néstor DÍAZ VIDELA 

Las decisiones a contrapelo de normas tácitas de entendimiento que deberían  regir a una sociedad madura, donde se supone que impera el sentido común y el elemental compromiso de toda democracia creíble, fueron y son pan de cada día bajo el imperio del matrimonio Kirchner, hoy con el control de la viuda de Néstor, Cristina Fernández. El imperativo de la actual administración nacional, en Buenos Aires, es la pretensión implacable de avasallar libertades y derechos, con un equivocado supuesto de la exigencia de gobernabilidad y de una hipotética intención golpista por parte de quienes son adversos al gobierno, en lo que hace a la opinión de los medios desafectos ya las decisiones judiciales opuestas, que el gobierno no acata.  

La señora Cristina Fernández no acepta democráticos disensos en su país, no escucha críticas y en el menor de los casos las observa con desdén, esto cuando no las descalifica de manera directa, que es lo más frecuente. La actitud de Fernández y de su gobierno al respecto es ya abiertamente antidemocrática.  Tan solo hace falta la aplicación plena y la maquinaria de una norma, la llamada “ley de medios”, para volver a golpear la independencia de opinión, por la vía de la disolución de la multimedia queadministra en propiedad el principal diario, hoy distante de los Kirchner: Clarín.  

Mientras tanto, ya hay radios intervenidas en la Argentina, en plena democracia, y existe una fuerte censura que ejecutan mandatarios provinciales en algunos distritos que controlan partidarios del gobierno de Fernández. Es el caso de las provincias de Tucumán y Formosa, pero no son las únicas. Lo que en lo verbal es el estilo camorrista y pugnaz de la señora Fernández, se traduce en los hechos en la persecución -con mesianismo y actitud de razón de Estado- que, de manera paulatina y a través de la mencionada norma ha propiciado la existencia de lo que los interpeladores y analistas de la Argentina llaman “el discurso único”, en un remedo brutal de lo que ya han avanzado en idéntica dirección los autócratas de Caracas, en rocambolesca sucesión: Hugo Chávez y Nicolás Maduro.  

Ya gestado y en ejecución desde hace tiempo, el silencio de la diversidad de voces tiene aplicación con decisiones convergentes sobre la empresa que produce y distribuye el papel para los periódicos: “Papel prensa”. También con la desobediencia a fallos judiciales que dictaminaron la exhortación al gobierno de Fernández para una distribución equitativa de publicidad oficial, que el Ejecutivo ha burlado de manera abierta, lo cual lo pone por fuera de la ley, sin que ello inmute a los funcionarios cercanos a la Casa Rosada ni a la misma presidenta.  

La acción  de ahogo a la libertad de expresión tiende a radicalizarse, si se tiene en cuenta que el gobierno ha ido apropiándose de medios de comunicación, de manera directa o por la vía de la adquisición por parte de empresarios amigos y compinches, como parte de la maniobra amplia de atentado contra la democracia a través de la coacción y recorte tanto a la libre opinión como a la autonomía de la Justicia. Se calcula que un 80 por ciento de los medios masivos de comunicación ya conforman en el país del Plata la red oficial de divulgación y propaganda, que se inicia con la cadena oficial del Estado.  

Las amenazas de intervención directa sobre las principales empresas privadas de difusión de la palabra y el pensamiento, que conforman el resto del porcentaje -un exiguo 20 sobre cien, el cual no obstante es el de mayor audiencia- han ensombrecido el panorama en las últimas semanas y han llevado a que los principales comunicadores críticos sientan que están en riesgo de pérdida sus espacios y programas. Éstos han radicalizado, también en las últimas semanas, el señalamiento del enriquecimiento exponencial de quienes participan de la maraña de corrupción que envuelve al régimen y a sus cabezas, desde el inicio de la vigente gestión de gobierno, hace ya más de diez años.  

Esas denuncias múltiples alcanzan al fallecido expresidente Néstor Kirchner, desde los tiempos en que era gobernador en la patagónica provincia de Santa Cruz. En una continuidad de la mirada de Joseph Goebbels sobre la visión y capacidad de vaciamiento de conciencias para implantar sólo la presunción de verdad oficial, el poder de la Casa Rosada se ha movido sin límites y sin respeto a cualquier asomo de control u oposición, sea mediática o institucional, en camino hacia una dictadura abierta que incluye la anulación de la libertad de expresión y la independencia de la justicia.  

La perversión se incrementa con otro detalle: los del gobierno “K” piensan que los fascistas y golpistas son los adversarios, esos a quienes desde el control de la administración pública se les llama “enemigos”. Éstos, en realidad no son más que otros argentinos, indignados ante el descalabro que generan el desvarío económico y administrativo, la corrupción y la desmesura ideológica (aresprensa).         


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