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LA VENGANZA DE LOS EXTRADITADOS / ACTUALIDAD
Publicado el 01 de octubre de 2013 / 21.00 horas, en Bogotá D.C. 

El Drama de Luis Alfredo Ramos

LA VENGANZA DE LOS EXTRADITADOS

La oposición dialéctica es sencilla, tal como ocurre en un ring: en una esquina un hombre que le ha servido a su país de manera tan permanente como transparente desde hace 40 años; en el otro, una serie de falsos testimonios de hombres, todos ellos por fuera de la ley y ya condenados, en espera de beneficios. La síntesis: paga el bueno con su honra, buen nombre y libertad, al tiempo que ganan los malos con sus testimonios sesgados y vengativos que generan resultados positivos para ellos: el inocente pasaría a ser culpable a los ojos de la Justicia. Pareciera una cadena de hechos y evidencias contra natura y en verdad lo es, tal como lo ocurre en esta situación con la circunstancia agregada de que no se ve solución a la vista e inmediata.  Es ese el dramático caso de Luis Alfredo Ramos, quien inició su vida de servicios como concejal e hizo todo el ascenso con méritos: diputado, representante en el Poder Legislativo, senador, ministro, alcalde de Medellín, gobernador de su Departamento y embajador ante la OEA. Ahora, cuando se preparaba como precandidato para asumir la responsabilidad de postular su nombre a la presidencia de la República, debe afrontar como detenido la decisión de la justicia colombiana que escruta sus antecedentes, los cuales para una buena parte de la opinión colombiana son claros con suficiencia. Una historia de novela cuya trama pareciera estar tejida como una venganza de extraditados o la acción efectiva de sicariato moral de grupos de presión e intereses, que se conocen en términos coloquiales como “de cuello blanco”. Lo cierto es que la acumulación de situaciones que debe afrontar el precandidato más parece una colusión de intenciones por bloquear a cualquier precio su posible candidatura presidencial, que un trámite judicial frente a un sindicado de tantos.  

Escribe: Néstor RAMÍREZ MEJÍA* 

La Corte Suprema  de Justicia, a través de su Sala Penal, emitió el 28 de Agosto, de 2013 un auto de detención contra Luis Alfredo Ramos, uno de los precandidatos a la  presidencia  por el Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe. La orden de captura produjo desconcierto, no solo por el momento en que se produjo, sino por  basarse,  en testimonios de personas cuyo largo prontuario delictivo contrasta con la brillante hoja de servicios al país del acusado.

Uno de esos testimonios en contra de Ramos es el de Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, confeso narcotraficante preso en una Penitenciaria de Nueva York. Un hombre extraditado por el Presidente Uribe hace varios años. Sierra declaró “haberle entregado a un tercero, diez millones de pesos, para la campaña política de Ramos, en  fecha anterior a 1998”. Pero ocurre que el hoy precandidato presidencial inició su senaduría apenas hasta el año 2002, mucho tiempo después y en campaña diferente a la que señala el malhechor condenado.  El denunciante más tarde cambió su testimonio, en  teleconferencia con el magistrado Iván Velásquez, al decir, que “nunca le entregó  dinero  a  Luis Alfredo Ramos”. A la vista, aparece incomprensible que la Corte le haya dado crédito a la primera versión.

Luis Alfredo Ramos

Un segundo testimonio es el de alias Ernesto Báez que se suma al de alias Alberto Guerrero, acerca de una reunión con  Ramos  la cual habría tenido  lugar  en  2004, durante el cese al fuego y dentro del  Proceso de paz promovido por el gobierno con los grupos paramilitares, bajo supervisión de la OEA y la ONU. Es de entender, que entre las obligaciones del para entonces senador, se encontraba como es apenas natural la de socializar la desmovilización de los grupos de autodefensa.

Se hizo de la misma manera a como lo hicieron cerca de 100 congresistas que oyeron a quienes iban a acogerse a la ley. La citada desmovilización se dio sin cambios al paso por el Congreso,  tal cual como  la planeó el anterior gobierno. En referencia a Alberto Guerrero, hay que decir que no asistió a la reunión, tal como lo demuestran las penas de más de 60 años a  las que fue condenado por no participar en el proceso de desmovilización y razón que explicaría su necesidad  extemporánea de obtener rebajas para las mismas mediante declaraciones interesadas.   

Es bueno señalar, que cuando los medios anunciaron el Auto de detención proferido por la Corte, el precandidato se presentó  voluntariamente ante las autoridades. Ya  a mediados del año 2011, es decir hace dos años y medio, Ramos había presentado por escrito un requerimiento para que se le escuchara en versión libre y espontánea para defenderse de las acusaciones que se le formulaban, sin que le fuese aceptada la solicitud. Una vez presente ante el más alto Tribunal, el imputado explicó el porqué  de lo  infundado de los dos testimonios arriba señalados. Ramos ha declarado que es falso cualquier encuentro diferente al que tuvo lugar en el 2004, durante el proceso de paz.

UN PERSEGUIDO MÁS

Al llegar a este punto resulta oportuno señalar que es evidente que quienes propiciaron  la detención del precandidato, ya como venganza contra Álvaro Uribe o para sacarlo del medio como opositor, han simplificado sus procedimientos.  Antes asesinaban  a sus víctimas, como lo sucedido con Luis Carlos Galán, lo cual implicaba riesgos y esfuerzo. Hoy, para lograr el mismo objetivo y sin las anteriores debilidades, se recurre a falsos testigos o interesados en ventajas personales que les alivien las penas que purgan

La coordinación de los testimonios, para fines inconfesables, se lleva a cabo en cárceles de Estados Unidos, las cuales con frecuencia y como es de público conocimiento, son visitadas por organizaciones y colombianos que las integran con presuntos fines humanitarios y al tiempo de asesoría para alcanzar las ventajas. Cabe señalar que la manipulación de  la justicia en este caso ni siquiera requirió de costosas coordinaciones, como se nota por las incoherencias y mal fundadas narraciones de los testigos.

De allí la imperiosa necesidad de que la Justicia neutralice este  instrumento que ha resultado  efectivo  para  condenar, tanto a culpables  como a inocentes.  Mientras ello sucede, seguiremos  observando casos como los de Andrés Felipe  Arias, Nancy Patricia Gutiérrez, Sigifredo López, Luis Alfredo Ramos, Jesús Armando  Arias, Alfonso Plazas, para mencionar solo algunos de una larga lista.

El Procurador General, Alejandro Ordoñez, al respecto ha expresado públicamente que los testimonios de convictos criminales no deberían ser considerados legales a menos que vengan acompañados por documentadas evidencias.  Él  ha denunciado igualmente que, en varios casos, se ha comprobado que los falsos testimonios obedecen a revanchas políticas o al interés  de obtener rebaja de penas.

Alias Alberto Guerrero es un ejemplo, ha sido sentenciado a más de 60 años de prisión y actualmente es investigado por su pertenencia al cártel de testigos referidos por la Fiscalía en fecha reciente. No es de olvidar que en dos fallos judiciales, la Corte y la Fiscalía, han  descalificado  los testimonios del llamado “Tuso”.  En todo caso, lo bueno de tan delicado panorama sería que los colombianos  no fueran  fácil presa, de la venganza  de extraditados  o  de sicarios simbólicos que solo buscan rebaja de penas, a cualquier alto precio y tarifa de delincuentes.  

Por lo pronto, en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema, en su sabiduría jurídica y en la más alta administración de Justicia, se encuentra la suerte del  exmandatario, que, como  gobernador de Antioquia y al final de su mandato, alcanzó  un 83 por ciento de popularidad. Para reafirmar ese rango de respaldo es importante señalar que en una encuesta reciente del noticiero CMI, el 86 por ciento de los colombianos considera a Luis Alfredo Ramos como un inocente que es víctima de persecución y de una injusticia. Un proceso en su contra que estaría definiendo, además, el futuro del más probable ganador de la consulta  interna  del  partido al cual pertenece, según  criterio de  la revista “Semana” (aresprensa).

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* El columnista es General en retiro, de cuatro soles, y fue segundo comandante del Ejército Nacional de Colombia.


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