NO SON ENEMIGOS DE LA PAZ / DOXA / ACTUALIDAD

Publicado el 21 de octubre de 2013 / 12.30 horas, en Bogotá D.C. 

NO SON ENEMIGOS DE LA PAZ* 

La curiosa deriva que va tomando el proceso abierto en Colombia con los grupos maximalistas y terroristas que por décadas han impugnado al Estado colombiano, tiene peligrosos paralelos en América Latina. Es por eso que se mantiene la desconfianza cualitativa y cuantitativa con el derrotero y los riesgos que asumió, de manera valiente aunque temeraria -debe decirse, sin reatos- el presidente Juan Manuel Santos acompañado por las instituciones del Estado. Entre ellas unas fuerzas armadas sufridas y con las que la sociedad de ese país andino tiene una deuda difícil de saldar hacia el futuro. Es mejor alcanzar esa anhelada paz con las bandas terroristas supérstites que siguen asolando ese país, a mantener el desangre de seis décadas  e imaginar la prolongación sin fin del enfrentamiento. Pero, por un lado, el tema es de precios por esa paz buscada y la obligación de la hora es la vigilancia sobre la negociación de ese precio que se desarrolla en el tire y afloje de La Habana. Por otro lado, el panorama de lo que sucede en Cuba nunca ha dejado de ser difuso y nada garantiza un final apenas feliz de esa confrontación de mesa que ha dejado de ser un devaneo y sí la oportunidad para que los criminales internacionales que se sientan en uno de sus bordes aprovechen el escenario que se les brindó para tratar de recobrar aire e imagen ante el mundo. Esto, además de una impunidad que ya han reclamado de manera abierta y en contra de la justicia internacional. Tanto como lo hicieron en su momento los narcotraficantes a secas de la historia colombiana, frente a los Estados Unidos que los reclamaron en extradición 

En todo caso, aunque por momentos alcanza niveles de ferocidad el cuestionamiento interno, en Colombia, a las gestiones que realiza la actual administración del palacio presidencial en  Bogotá con las bandas terroristas y es cada vez más virulento el tono de las respuestas, no es cierto que en la crítica sólo acechen “los enemigos de la paz”, tal  como señala el propio presidente del país y aquéllos que lo siguen, incluso los que se han subido a ese vehículo con rumbo desconocido, en el último minuto y por conveniencias del momento.

 La angustia de quienes tienen amargos recuerdos y vigencias de las sangrientas acciones de las FARC y el ELN, saben de lo que hablan y de las fundadas razones que tienen para no creer en esas tenebrosas agrupaciones subversivas que nunca han dado muestras de voluntad de paz concreta y sí han aprovechado la ocasión de lucrar al máximo de ese “negocio” que es una paz eventual y querida de manera mayoritaria por los colombianos. 

Alrededor de esa carpa bajo la que hoy se cobijan esos violentos, campean personajes como la exsenadora Piedad Córdoba, tan comprometida con las maniobras de las FARC como lo han hecho otros nombres de superficie que, aunque no se lo hubiesen propuesto en principio, terminan siendo vagón de cola y aliados iniciales e involuntarios de la criminalidad de aquéllos. No son señalados porque “piensen distinto” como lo ha dicho en maniobra de elusión de los señalamientos innegables, la andariega exlegisladora colombiana. Tampoco por el hecho de que quizá ella tanto como otros –entre ellos una reconocida ONG- se hayan lucrado del dolor que dejan secuestros y masacres indiferenciadas de los autores de distintos bandos de la arraigada violencia del país, pero que han tenido a las FARC o el ELN como protagonistas, para el caso que nos ocupa en la ocasión.  

No, son señalados por esa perversa complicidad con los crímenes de lesa humanidad de ese sector de los violentos. No lo son por ser valientes defensores de derechos humanos, sino porque se han valido de ellos para ampliar el marco de la corrupción y su lucro consecuente, además de pretender la disolución del Estado con maniobras reiteradas y permanentes de baja política, de la misma manera como lo ha hecho Hebe de Bonafini en la Argentina.  

Porque también esto debe decirse sin reatos: el tema de los derechos humanos se ha convertido en un recurso de ganancia y ventajas políticas o económicas de la que no están ausentes no sólo algunos nombres emblemáticos en ese ámbito, como Córdoba, sino también de gobiernos que favorecen esa forma de asalto a los recursos del Estado, de la misma forma como lo siguen haciendo los tradicionales corruptos del sistema que dicen combatir y pretenden disolver. 

Tampoco es una presunta falta de justicia con las aspiraciones de representatividad de la folclórica vocera oficiosa de la subversión ni la intención -como se ha dicho- de “ponerle una lápida en la espalda”. Nada de eso, nadie en su sano juicio puede pensar en ejercer justicia privada sobre la imagen y la integridad de la que fue senadora. Ella misma atentó contra sus propias aspiraciones políticas con sus alianzas equívocas, en tanto que de la justicia mejor ni hablar, porque si la hubiese hace tiempos que la mencionada vocera de los violentos, debería estar tras las rejas por las mismas razones ya señaladas 

El término de “enemigos de la paz” surgió durante el gobierno de Belisario Betancur y su frustrada aspiración de recuperar la tranquilidad en campos y ciudades del país. Un ministro de ese gobierno lanzó la especie para señalar las resistencias y falta de credibilidad que había en la otra parte de la interlocución del proceso, también bienintencionado como el que lleva hoy adelante el presidente Santos. Se supuso que el principal crítico de aquella posibilidad de paz  -y por tanto enemigo- fue el estamento militar, encabezado por el general Fernando Landazábal Reyes. Aquel señalamiento provocó a la larga el alejamiento del alto militar quien contaba con gran carisma y solidaridad de sus hombres y rangos subordinados. Unos años después, Landazábal fue asesinado por un sicario en una calle de Bogotá, crimen que aún sigue impune, como tantos en Colombia. 

En paralelo y como reacción a aquello de los “enemigos de la paz”, surgió el epíteto compensatorio: los “guerrilleros del Chicó”. Un sector social al que se ha identificado como lábil y dispuesto a hacer concesiones sin precio con los armados al margen de la ley. Un sector social sin afugias económicas, raigambre familiar de relieve –vale decir, integrante del patriciado colombiano- y una afinidad emocional proclive con las posiciones de los violentos, sin que al tiempo tuviesen vocación ni intención de empuñar las armas. Tan claro es esto, que la mayoría  o mejor la totalidad de los miembros de ese grupo social, jamás se presta incluso en la actualidad, para sumarse a las filas de las fuerzas armadas del país, cuando llega el momento de acudir a prestar su servicio militar obligatorio.  

En otras palabras, simpatizaban con los violentos con cierta distancia y sin intención de renunciar a sus privilegios de casta. Hoy es difícil señalar que en el ámbito militar colombiano existan tensiones de firme y evidente oposición al proceso de paz de Santos, no tanto como pudo haber en el pasado, pero quizá sí se hayan mantenido aquellos guerrilleros simbólicos de otros tiempo, porque uno de los señalados hace 30 años fue el hermano del presidente Juan Manuel Santos. Ese fue Enrique Santos, protagonista en los diálogos informales previos a la vigente mesa de La Habana y  fundador-director de la recordada revista “Alternativa”, esa emblemática publicación de la añeja  y porfiada izquierda colombiana (aresprensa).

 El Editor  

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*La columna Doxa expresa la posición editorial de la Agencia de Prensa ARES                  


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