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JUSTICIA COLOMBIANA: PARAÍSO DE FALSOS TESTIGOS / ACTUALIDAD

Publicado el 05 de noviembre de 2013 / 10.10 horas, en Bogotá D.C.

JUSTICIA COLOMBIANA: PARAÍSO DE FALSOS TESTIGOS

Colombia se ha convertido en el paraíso de los falsos testigos y las víctimas de éstos se dan por miles, como se evidencia de forma particular en las investigaciones contra militares. Los testigos mentirosos en nuestro país, como vedettes del celuloide, son apetecidos por noticieros y jueces de la república. Estos siniestros personajes, junto con los voceros de las Farc, acaparan los mejores espacios en los medios de comunicación y, de paso, atiborran las cárceles del país. Aunque a veces podría pensarse que comienzan a darse pasos en la dirección adecuada para frenar esta nueva elite, esto es engañoso. Así pareciera demostrarlo la reciente detención del director de una fundación que utilizó las declaraciones de traficantes de información para formular denuncias contra personas, que al final de largos procesos resultaron inocentes. Para infortunio del país esos pasos correctos son la excepción.

Escribe: Néstor RAMÍREZ MEJÍA*

En primer lugar, hay que considerar que los falsos testigos que convencieron al encartado director de la Fundación Nueva Esperanza, Gustavo Muñoz, son los mismos que gozan de credibilidad ante los tribunales de justicia, incluida la Corte Suprema. Las personas que creen ingenuamente en quienes resultan ser testigos mentirosos para acusar a terceros, como podría ser el caso de Muñoz, terminan en la cárcel. En contrario sentido y de forma tan inexplicable como simultánea, los entes de la justicia utilizan las versiones de la misma clase de personas para justificar sus autos de detención.

En segundo lugar, la Fiscalía le imputó a Muñoz un rosario de cargos que incluyen fraude procesal, falsa denuncia, calumnia y falso testimonio en su auto de detención. Sobra decir, que el frondoso encausamiento fue por causarle enormes daños a los injustamente acusados, tal como fue el caso del exsecuestrado por las Farc, Sigifredo López.  Así las cosas, resulta pertinente preguntar: ¿por qué siguen en libertad los miembros del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, que llevaron a la condena de 35 años de cárcel, por la masacre de Mapiripán, al General Jaime Uzcátegui, empleando para ello en forma premeditada, el testimonio de confesos falsos testigos?

 A los miembros de la ONG involucrada en falsas imputaciones contra Uzcátegui, no solo se les obvió la investigación, sino que siguen fungiendo como activistas de Derechos Humanos. De paso, con sus demandas contra el Estado ante la CIDH de San José de Costa Rica se enriquecen a costa de los colombianos, en tanto el general de la República sigue preso, pagando una pena por un crimen que no cometió y cuando su inocencia ha sido demostrada con creces. ¿Existe acaso diferencia alguna con el caso Muñoz, excepto por la orientación ideológica y el ánimo de lucro del aludido Colectivo?

 En tercer lugar, al analizar el fenómeno desde la orilla de las víctimas, se observa que las escuetas aseveraciones mentirosas, terminan con inusitada frecuencia en una orden de captura, aunque de forma por demás curiosa se presenten situaciones en que ni siquiera el testimonio documentado de la autoridad, contra presuntos culpables, amerite un auto cabeza de proceso. En todo caso, carece de sentido, que la carta de presentación de un presunto testigo, sea la de ser delincuente, contrariando elementos sustantivos del derecho que obligan a desechar dichos testimonios, excepto cuando su versión de los hechos se acompaña de evidencia documentada.

 Hechos recientes muestran que versiones sin respaldo de testigos cuya única autoridad moral es la de ser avezados malechores han tenido igual o mayor peso, que las de los coroneles Hernán Mejía, Alfonso Plazas, al igual que las de los generales Jesús Armando Arias o Rito Alejo Del Rio y, recientemente, de la de reconocidos e intachables personajes de la vida nacional, como parte de una larga lista que incluye a más de 15.000 militares.

 Es entendible que los militares, policías, investigadores, periodistas, activistas como Muñoz y muy particularmente los jueces, en su necesidad de obtener hechos que contribuyan a confirmar o desvirtuar hipótesis, sean víctimas, casi sin excepción, de traficantes de información, que buscan obtener rebajas de penas, acogerse al principio de oportunidad, lucrarse económicamente, ejercer venganza o, en términos simples, alcanzar alguna forma de reconocimiento.

Es decir, en no pocos casos, ante la ausencia de evidencias, algunos de los anteriormente mencionados, dan como supuestos válidos las versiones de testigos mentirosos, en lo que resulta ser una simbiosis de conveniencia entre necesitados, tal como sucede en consultorios de adivinos y chamanes, donde los sugestionables clientes acuden con la esperanza de escuchar de charlatanes lo que de manera consciente o inconsciente desean oír.  

En consecuencia, así como se espera que los jefes civiles y militares de los ejércitos no lleven a sus tropas al fracaso, cuando no a la muerte, por emplear información mal evaluada; se espera que otras profesiones actúen de igual manera. Ésta es una de las razones que los obliga a leer a Sun-Tzu en el Arte de la Guerra, una de cuyas enseñanzas expresa: quien no conoce al enemigo ni se conoce así mismo se encontrará en peligro en todas las batallas.

De los periodistas se esperará, el respeto al pueblo informándole  la verdad; de un juez se esperará justicia y, nunca, que le conceda valor probatorio a  un testimonio, cuando  proviene de quienes han hecho de su vida un engaño, y  sobre todo sin el acompañamiento de evidencia documentada, pues con ello dará muerte simbólica y en vida al inocente y a todos quienes lo rodean.

Ante la detención de Muñoz, por ocurrencias de esta índole, surge la pregunta del millón: ¿cuál es la responsabilidad y cuál la penalidad que merecería un funcionario judicial que dicta un auto de detención basado en testimonios de delincuentes, sin el respaldo de evidencia creíble? (aresprensa)

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* El general Néstor Ramírez Mejía es además de alto oficial en retiro de las fuerzas militares de Colombia, académico y un prestigioso analista de temas internacionales y de seguridad. 


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