DESCALABRO INSTITUCIONAL ARGENTINO / ACTUALIDAD

Publicado el 19 de enero de 2014 / 21.00 horas, en Bogotá D.C.

DESCALABRO INSTITUCIONAL ARGENTINO 

El año que se cerró hace escasos días y el nuevo ciclo anual iniciado el 1 de enero encuentran a la Argentina en proceso de profunda desarticulación institucional y agitación social. Los cortes de luz generalizados en el marco de un calor agobiante por un verano bravío y la repercusión colectiva en la protesta por el impacto conjunto de calor extremo y falta de energía, han dejado inane al gobierno de Cristina Fernández y a sus hirsutos voceros, quienes -como siempre ocurre con este tipo de gobiernos- le echan a otros la culpa por sus propios y colosales desatinos en el manejo del Estado. Los traspiés de la administración argentina en este plano, son el corolario del encadenamiento de tan equívocas como delirantes decisiones que han marcado la gestión de la viuda de Néstor Kirchner y evocan los últimos meses de su malograda predecesora, María Estela Martínez de Perón, sin que para fortuna relativa de los argentinos haya señales posibles que indiquen que correrá la misma suerte traumática que tuvo la gestión de la otra viuda, destituida por un golpe de Estado en 1976.  El circo que muestran las últimas actuaciones de Fernández la hicieron ver de gran festejo público por los 30 años de democracia, antes de la Navidad, mientras dos decenas de argentinos morían en distintos sitios del país en el marco de la violencia que generaban los saqueos y la rebelión de las policías provinciales en su reclamo por mejoras salariales. Esa aparición esporádica en diciembre y la evidente inflexión en su gestión presencial, fruto de la convalecencia después de los últimos quebrantos de salud de la mandataria, ponen el acento sobre una situación más sombría. Eso suma dos incógnitas: quién en verdad está gobernando a la Argentina y si es cierto que Fernández se piensa ausentar durante un año del manejo del inestable timón del Estado.   

Escribe: Rubén HIDALGO 

Dentro de ese mismo panorama y para la misma época, el gobierno de Buenos Aires envió como representante al sepelio de Nelson Mandela, al vicepresidente Amado Boudou, un hombre que acumula el mayor desprestigio de todo un gobierno desprestigiado. Boudou reúne medio centenar de causas en la justicia del país por delitos que van desde la corrupción, al soborno y el enriquecimiento ilícito.  Su presencia en el recato del sepelio de un emblema mundial como lo fue Mandela, hubiese hecho sonrojar a cualquier Estado con gobierno medianamente púdico, pero no al de Fernández que tiene muchos botones de muestra en lo que hace a escasa pulcritud con el uso y direccionamiento de los recursos de la hacienda públicaUn dirigente político de la oposición argentina decía hace pocos días, ante ese horizonte: “…los Kirchner son como los propios saqueadores: lo que no pueden robar lo rompen”.  

El desastre no termina ahí, es mucho más extenso. Coincidente en el tiempo fue destituido el fiscal que investigaba el escandaloso incremento patrimonial de miembros de la familia presidencial y las cuentas secretas de éstos en paraísos fiscales, uno de ellos las islas Seychelles, trama que cubre tanto a Cristina Fernández como a su consorte fallecido. La desafectación del fiscal José María Campagnoli por parte de la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó es otra mancha que se le agrega a la tensa, cuando no conflictiva relación del poder judicial con el Ejecutivo que arbitra desde la Casa Rosada, acostumbrado a no cumplir las decisiones de los jueces. En otras palabras, a violar la ley y la misma Constitución del país 

Campagnoli no sólo investigaba el crecimiento de la fortuna de la familia presidencial, también a la red de corrupción vinculada con las licitaciones públicas. Gils Carbó goza del poco meritorio señalamiento de ser, como Procuradora, una ficha política más del Poder Ejecutivo insertada en la justicia no para vigilancia de su administración sino para hacer favores que protejan al gobierno de investigaciones como la señalada. Una buena parte de los observadores del exterior y críticos internos del gobierno argentino han juzgado la situación como indigna, no solo por parte de los instigadores de la acción en contra del fiscal -que toda evidencia señala hacia el entorno del gobierno- sino porque pone en cuestionamiento a los organismos de control y a la propia justicia, en la necesidad reclamada de transparencia en las decisiones 

Es el tema de la transparencia, precisamente, un aspecto que le agrega más y mayores máculas a la gestión integral del gobierno argentino, acumuladas durante más de una década. La credibilidad del país está en mayor y franco deterioro desde que el Ejecutivo decidió intervenir al instituto de estadísticas, INDEC. A partir de ese momento las cifras de la evolución económica y social quedaron confrontadas con la realidad. Mientras los números oficiales daban y dan una imagen idílica contraria a la elevada  inflación -una de las mayores del mundo- el bajo crecimiento económico y los índices de deterioro social en subida, el gobierno de manera porfiada niega el aumento del estado de la pobreza y marginalidad. Los datos de los organismos privados en ese sentido y las manifestaciones de descomposición social generalizada impactan con  cifras bien diferentes a las aportadas por el gobierno 

En ese choque de abordaje de la realidad, que se mantiene y proyecta con manifestaciones de esquizofrenia social, los índices sobre la pobreza indican desde el plano académico que uno de cada cuatro argentinos es pobre absoluto, mientras que el gobierno, en una perversa manifestación, señala que apenas uno entre diez argentinos es pobre de toda pobreza.  No es la única manifestación de fractura entre lo que se piensa y lo que ocurre, el país del trigo y de las vacas con su excelente carne. La Argentina actual debe importar harina y pone al pan fuera del alcance de los argentinos de menores recursos, por la subida acelerada e increíble del precio de un producto básico y tradicional en el país.  

Esa es la Argentina de hoy, un país que declinó un orgullo que mantuvo durante casi todo el siglo XX: el de la soberanía energética. No se ha considerado al territorio como un tesoro petrolero, pero tiene hidrocarburos suficientes en su subsuelo y era tradicional que ese recurso le permitiese abastecer sus necesidades internas y exportar una parte menor de excedentes. Ese marco de autoabastecimiento que con esfuerzo mantuvo durante décadas se perdió bajo la administración del matrimonio Kirchner

Hoy la Argentina invierte en recursos energéticos casi el total, y más incluso, de sus ingresos por exportaciones de commodities: en especial gas y petróleo. El global de recursos para la compra de energía le drena a la Argentina unos 13 mil millones de dólares al año. El petróleo del subsuelo argentino no se ha agotado, simplemente el gobierno argentino de la última década no asumió con seriedad la planeación que se requiere para la explotación de esas fuentes. No existe al respecto en el país sudamericano, una planeación y un tiempo exigidos por una política de Estado, algo inaudito sobre todo si se tiene en cuenta que, si quisiera, mañana mismo la Argentina podría tener un arsenal nuclear propio, a partir de su fuerte y antiguo  desarrollo en ese campo 

La seguridad es otra piedra de toque en esta alucinante y fraccionada realidad que viven los argentinos. Fraccionada en el sentido de que una cosa es lo que señala el gobierno en su relato y otra bien diferente es la que vive la población afectada.  Contra toda evidencia, Cristina Fernández designó como jefe de las fuerzas armadas a un alto oficial denunciado de manera reiterada como violador de derechos humanos durante la última administración militar, que gobernó al castigado país entre 1976 y 1983. Se trata del teniente general César Milani, quien también es señalado de enriquecimiento ilícito y ostenta el relativo mérito de ser el primer oficial de inteligencia que alcanza tan alto rango. Lo curioso y desconcertante de la contradicción es que Fernández ha hecho de la defensa de los derechos humanos una de las más enconadas banderas de su gestión 

Pero ese delicado tema, el de la seguridad, no culmina con la designación relevante de un oficial cuestionado, esa es apenas una punta de iceberg. El estamento uniformado es casi una institución decorativa en un país que ha visto crecer de manera geométrica en la última década sus indicadores de inseguridad en contra del ciudadano y el asentamiento fuerte de la industria del narcotráfico en su territorio. Un ejército de apenas 14 mil soldados tiene el irrisorio mérito de ser entre sus similares en la región el de mayor número de generales por núcleo de soldados: un oficial de rango máximo por cada 309 en nivel básico de subalternidad. La destrucción de las fuerzas armadas argentinas y de su humillación constante por parte del poder político, desde el advenimiento de la nueva democracia hace treinta años, no ha tenido sólo a los Kirchner como operadores, el expresidente Carlos Saúl Menem -sobre quien pende un juicio por “traición a la patria”- también carga una buena parte de esa responsabilidad histórica.  

Corrupción, desgreño y esquizofrenia ejecutiva, así como también quiebre de visiones sobre la realidad, es el contenido del escenario en el que conviven los argentinos que asisten al último tramo de vigencia de la administración Kirchner. Ellos soportan, además de la inflación galopante que el gobierno niega, una incontrolada emisión monetaria que impacta las condiciones de acceso a bienes y servicios, el brutal castigo impositivo sobre la población y el ataque constante a la oposición fragmentada -también con escasa capacidad de respuesta institucional- junto con la permanente intención de coacción y sometimiento de la justicia por parte del Ejecutivo y de sus aliados con evocación y vocación extremista, entre ellos los que se agrupan en un sector de militancia llamado “La Cámpora”, con altas responsabilidades en las principales áreas de la administración

No es extraña la intención de cooptar el poder judicial, al tiempo que descalificar a los medios de comunicación independientes, por parte de voceros oficiales y oficiosos. Se trata de garantizar la impunidad en el presente y para el futuro de no pocos funcionarios y exfuncionarios, comprometidos con el alocado cuadro de corrupción y exabruptos administrativos que parecen aproximar a la Argentina, otra vez, a la condición de “estado fallido” (aresprensa)


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