LA HABANA: ESE MANSO CABALLO DE TROYA IV / ACTUALIDAD

Publicado el 31 de mayo de 2014 / 21.15 horas, en Bogotá D.C.

LA HABANA: ESE  MANSO CABALLO DE TROYA IV

Las Farc pusieron sobre la mesa de La Habana tres inamovibles, al precisar los puntos básicos para habilitar los acuerdos que debían anticiparse a las conversaciones con el gobierno. Esa triple exigencia sigue siendo: seguridad física, seguridad jurídica y participación política.  De manera temprana agregaron después la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como procedimiento para refrendar lo que pudiese convenirse en la mesa.  A lo anterior agregaron la  figura de las reservas campesinas.  Es decir que aspiraban, con forzada discreción, a obtener control territorial, político, económico y social a partir de la presión que surge de diálogos como éste, en curso. Todo lo cual supone la apertura de un paulatino y acelerado proceso de debilitamiento institucional, como consecuencia de conseguir de manera directa y no por puja electoral posterior al reconocimiento como fuerza política legal, lo que pretendieron siempre por la violencia. Si se acude a la concepción de Sun Tzu sobre la guerra  y con respecto a lo que “debe conocerse” del adversario o el enemigo -lo que ya se abordó en los artículos precedentes- es posible seguir y ver los nudos de los hilos conductores que se unen desde siempre en la estrategia a los impugnadores armados del Estado, con este proceso de La Habana. Aun sin profundizar en la información escasa sobre lo que sucede entre los interlocutores al interior de la mesa habanera, aparecen “de bulto” similitudes, de términos, contenidos, ideología y propósitos, además de relaciones de causa a efecto que han mantenido los irregulares, en sus décadas de permanente acoso violento a la sociedad colombiana. Nada ha cambiado en sus convicciones de cómo asaltar el poder, pero sí agudizan en las conversaciones su dialéctica capacidad de combinar y cruzar las tácticas de confrontación. Este artículo es el cuarto y penúltimo de la serie.

Escribe: Néstor RAMÍREZ MEJÍA*

Todo lo anterior confirmaría la hipótesis crítica sobre el proceso de Cuba: es en efecto el desarrollo de un plan que enfatiza en la paz como parte de la combinación de formas de lucha y bien lejos de la “paz burguesa” -para usar un término del léxico marxista militante- tal como la conciben los colombianos en su cotidiano hacer. El forcejeo de La Habana para los involucrados armados ilegales es como un juego de ajedrez, cuyo propósito es doblegar al rey. La ficha clave para ellos no es la paz sino que los movimientos están condicionados a posicionarse para un eventual jaque mate.  El plan preconcebido busca el llamado “poder popular”, mediante el cual se pueda llegar finalmente al socialismo del  siglo XXI**. Lo anterior no es extraño desde la perspectiva de los ilegales aunque se pretenda hacer suponer desde la posición del Estado que lo que se busca dentro de un proceso de paz, es la canalización de la expresión de la “violencia armada hacia una apertura democrática”.  En tanto esta última tenga como propósito “el garantizar el ejercicio de la oposición en el marco de la institucionalidad” y no el de acallar la expresión de las ideas.

El asunto de fondo, no obstante, podría ser inaceptable pues la pretensión de las Farc es la de imponer la revolución por decreto en la mesa, revolución que fracasó por la vía armada.  Para ello buscan - por lo menos lo intentan- la modificación del marco  institucional, a cambio del cese parcial del lenguaje de los fusiles o, peor aun, usar la democracia para dejar los cimientos que permitan destruirla después por la vía de los mecanismos que la propia democracia tiene. Eso es lo que en la actualidad se observa en gobiernos populistas de algunos países del continente, con el silencio cómplice de algunos otros gobiernos que contemplan de manera pasiva cómo se violenta la Carta Democrática de la Organización de Estados  Americanos.

Para iniciar el análisis, se aprecia que en un primer punto de los acuerdos iniciales las Farc, al igual que el ELN, no están dispuestas a pagar un solo día de cárcel por sus delitos. Aunque el grupo subversivo considera que no se le podrá demostrar que son autores de crímenes de lesa humanidad, le preocupa esta situación –no de poco monto- sin que ello signifique que le importen los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, los cuales están previstos en el Estatuto de Roma y de los que el país es signatario. Terminar en la cárcel no es un presupuesto del grupo armado, por el contrario, se trata de acceder al poder popular y, no de proceder a una desmovilización desinteresada.  No obstante, la justicia internacional se atraviesa en sus propósitos.  El Estatuto prohíbe indultos y amnistías para delitos de guerra, como es el caso de la incorporación de menores y también los delitos de lesa humanidad, como el cometido por la agrupación subversiva en la iglesia de Bojayá, departamento del Chocó. También incluye la agresión y el genocidio entre los delitos de su competencia, penalizados por la Corte Penal Internacional (CPI). Competencia supranacional aceptada para sancionar delitos, cuando un Estado no puede, o decide no hacer justicia.

PROVOCAR GRIETAS INSTITUCIONALES

Las Farc han exigido, en segundo lugar, curules en el congreso de la República, asambleas departamentales y concejos municipales. Pretenderían obtener en la mesa directamente el 20% de los puestos parlamentarios, aunque obviamente terminarán aceptando un número menor cuando se discutan los temas pendientes, de acuerdo con el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Lo anterior significa que tratarán de hacer caso omiso de los procesos previstos en las reglas de la democracia, de cualquier democracia moderna. La razón es sencilla: coinciden con el ELN en la búsqueda de espacios de gobernabilidad que les faciliten, entre otros propósitos el de abrir grietas desestabilizadoras, aunque también sería válido ampliar las grietas y debilidades institucionales ya existentes. Tampoco, como es obvio, les importa la norma constitucional que les prohíbe taxativamente ser elegidos como congresistas, o bien pretenderían hacerle un esguince a la normatividad nacional e internacional, convirtiendo en delitos políticos sus crímenes contra los colombianos***.

En tercer lugar las Farc requieren de grupos armados que velen por su seguridad como garantía del ejercicio de la política.  Es natural y lógico que no quieran generar riesgos que repitan la historia del exterminio de la UP, del cual fueron coparticipes voluntarios y por razones maquiavélicas que solo ellos conocen.  Mención especial merece la exigencia de realizar una Asamblea Constituyente, lo que implicaría desconocer la función del Congreso. Al mismo tiempo, ello les permitiría infiltrar personas afectas a sus intereses y, en proporciones que no guardan relación con su representatividad.  Con la fachada de participación popular esperarían influenciar en la toma de decisiones políticas, económicas, culturales y militares del Estado. No en vano también exigen la conformación de Reservas Campesinas, cuya ubicación geográfica coincide con yacimientos de coltan****, tungsteno, oro, sembrados de coca, y áreas de base  guerrilleras, controladas mediante el uso o amenaza de las armas. En ese peligros marco se aceptaría que las armas ilegales se conserven ocultas en algún lugar, como garantía  del cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado; vale decir como  respaldo indirecto y amenaza permanente de cumplimiento de sus logros revolucionarios, tal como lo previeron los “elenos” en el 2003.

En el Catatumbo  pretenden que se les entreguen 350 mil hectáreas, las que se agregarían a las 6 zonas existentes sobre las cuales ejercen intimidación violenta y cuya extensión suma 831 mil unidades de superficie como la ya indicada. Se suma a lo anterior la pretensión expresada en algún momento sobre cerca de 50 zonas adicionales. Es clara entonces, incluso para el lector desprevenido, su estrategia de “la toma del poder para abrirle paso a la construcción del socialismo”. Esto es: aglutinar masas y obtener control territorial, político y económico, seguido, como ya se dijo, de la politización de la población. Politización cuyo fin es el de enfrentar a la burguesía, tal como ya lograron a mediana escala en el último “paro nacional agrario y popular” de agosto de 2013. Este paro impulsado por Marcha Patriótica,  sirvió de muestra de lo que podría ser una insurrección general y a gran escala. Las Farc que supuestamente hasta ahora habían ignorado los requisitos de una guerra revolucionaria exitosa, al igual que pasaban por alto la realidad histórica, coinciden sorpresivamente con el ELN sobre la necesidad de cambiar los métodos de lucha o, al menos hacer, por ahora, un mayor énfasis en la acción política que en la armada.

La lectura de Gérard Chaliand y de Mao Zedong ha debido enseñarle a los ilegales, que el uso sistemático de la violencia solo ha sido fructífero a lo largo de la historia en los movimientos de liberación nacional; en la lucha contra un invasor extranjero y, para quienes lo hacen contra regímenes de apartheid, impopulares y dictatoriales, circunstancias que no se dan en Colombia.  Como es improbable la ignorancia de tales hechos, se refuerza la idea original del ELN y de todos sus asociados en la sombra y en la superficie, en cambiar el énfasis del esfuerzo,  inspirados  por  los  “éxitos” que ellos ven en el  vecindario. Como síntesis y sin necesidad de mencionar todos los elementos del Plan de Acción trazado por este grupo subversivo, ya se cuenta con suficiente información para develar las verdaderas intenciones de esa concepción estratégica. Es una elaboración en la que interactúan los integrantes del Foro de São Paulo y, como partes constitutivas del mismo, las Farc, la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, el plan estratégico del ELN, Plan Renacer de las Farc y, su ruta política trazada bajo el título de “Independencia Definitiva”, como línea estratégica a seguir entre el cuatrienio 2010-2014 (aresprensa).

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* General en retiro del Ejército de Colombia.

** Según Heinz Dieterich Steffan, creador del socialismo del SXXI y quien se había distanciado de Chávez, la revolución bolivariana se quedó en la economía de mercado. Tan solo pidió prestado el concepto del llamado Socialismo del  siglo  XXI,  puesto que no creó las instituciones para implementarlo y tampoco la democracia participativa real. Dieterich le concede poco futuro a Maduro, salvo que adelante las “reformas” necesarias.

*** Artículo 179. No podrán ser congresistas: 1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

**** Mineral raro y estratégico que es abundante en Colombia.


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