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UN ALTO INELUDIBLE / ACTUALIDAD

Publicado el 19 de noviembre de 2014 / 20.00 horas, en Bogotá D.C.

UN ALTO INELUDIBLE

Impactante aunque no imprevista la decisión del Ejecutivo colombiano en suspender las prolongadas conversaciones con las Farc por la paz. La organización ilegal armada se había manifestado en las últimas semanas con una seguidilla de acciones violatorias del derecho internacional, al asesinar a mansalva a civiles desarmados  -hubo dirigentes indígenas entre las víctimas mortales-  seguir adelante con el secuestro y toma de rehenes, además de continuar con la siembra de minas. Esta relación de barbaries,  junto con el permanente reclutamiento forzado de menores, son constitutivos de una cadena de crímenes de guerra y de lesa humanidad en constante acumulación. En esas condiciones era cada vez más difícil mantener la estabilidad de una mesa de negociaciones acosada por un descontento  creciente y generalizado de la población con el proceso. Esto sumado al señalamiento acerbo de sectores  cada vez más enconados de oposición al presidente Santos y a su compromiso con la negociación de paz. En especial, la del segmento que encabeza el senador Álvaro Uribe, con votos suficientes para hablar fuerte y con representatividad, de acuerdo con la última elección presidencial que señala que aglutina al menos a un 50 por ciento de la opinión. El secuestro de un general comprometido con la lucha antisubversiva en el occidental departamento de Chocó superó la paciencia y persistencia del oficialismo para tolerar el desafío desmesurado y en aumento de las Farc. En realidad lo que terminó paralizando la secuencia de conversaciones no fue un simple secuestro más de la tenebrosa organización responsable de la acción, lo cierto es que se ha tomado a un rehén y esto es más grave que el secuestro, pues el jefe militar se ha transformado en moneda de cambio, en objeto, para el chantaje político en el escenario de la negociación. Se trata entonces de un delito atroz, como otros semejantes en el vigente panorama, imprescriptible en la norma internacional prevista para los señalados crímenes de guerra

Escribe: Rubén HIDALGO

En la suma, la suspensión de la dinámica habanera se parece e incluso aproxima a un final parecido al ocurrido con los anteriores procesos de paz intentados en su momento en el escenario de Tlaxcala, en 1992, y en El Caguán, por mencionar solo a dos intentos por cambiar la vocación beligerante del renuente contingente subversivo. El último gran intento fue durante la presidencia de Andrés Pastrana, interrumpido de manera abrupta también por la suma de situaciones erosionantes generadas por la subversión y violatorias tanto del sentido común como de la aspiración de paz. Todas ellas con centro de gravedad en la negociación en medio del conflicto y las escaladas de golpes a los derechos humanos realizadas por los violentos, paralelas con el desconocimiento sistemático de lo que prometieron respetar. En este caso, la exigida suspensión del repudiable acto del secuestro y la toma de rehenesEl recurso de negociar en medio del fuego tiene graves precedentes en el caso colombiano y es una lección que parece no haberse aprendido.

La suspensión provisional de las conversaciones se produjo pocas horas antes de cumplirse el segundo aniversario del inicio de los diálogos, que habían entrado según el criterio oficial en su “etapa crítica” por el tenor de los temas a abordar, entre ellos el eventual abandono y entrega de las armas por parte de la bárbara organización. El poner en cautividad al general Rubén Darío Alzate Mora, en las proximidades de la ciudad de Quibdó, rebasó la copa tal como ocurrió en el año 2002 con el secuestro de un avión de línea, episodio que obligó a Andrés Pastrana a retirarse de la mesa de negociaciones en El Caguán. El área donde el jefe militar quedó cautivo pertenece a un territorio atravesado por toda suerte de violencias y calamidades históricas, incluida la de la exclusión económica y social, sobre la que la fuerza armada prestaba una especial atención con acciones cívicas coordinadas con la autoridad civil y religiosa.  

Ahora las Farc, con la captura del oficial superior y de sus dos acompañantes -uno de ellos una profesional y civil responsable de la atención al desprotegido- que se produjo como corolario de la toma de otros rehenes militares en los días previos, dejan en claro que los violentos han vuelto a patear el tablero, por ahora de manera parcial y sin que aún se caigan todas la piezas en juego. En su permanente violación a las leyes de la guerra que incluye el atropello y asesinato a los civiles desarmados, las Farc han vuelto a demostrar que son los verdaderos impugnadores de la vocación de paz y a propinar un fuerte traspié político al jefe de Estado, Juan Manuel Santos, y a los defensores del interrumpido proceso de La Habana.

Ellos, los voceros oficiales, han  expresado desde hace tiempos hasta ahora, que sus opositores en democracia son “enemigos de la paz”, con la misma vehemencia e impavidez con que han  tolerado, callado o eludido con metáforas la sistemática erosión de las condiciones de seguridad del país y las acostumbradas atrocidades generadas por los irregulares armados. Uno de esos voceros, expertos en el engañoso uso del lenguaje y el desvío semántico, es el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien tuvo el atrevimiento incalificable y descalificante de señalar que el tomar como rehén al general Alzate Mora y a sus subalternos, era nada más que una simple “retención indebida” en lugar de un crimen de guerra que es además crimen de lesa humanidad. Eso es la toma de rehenes cuando es sistemática y recurrente como lo hace la nombrada banda de forajidos, cuyas principales cabezas están en Cuba y en Venezuela.

Al respecto debe decirse también que son casi 60 los cautivos de las Farc, capturados de forma ilegal e ilegítima, desde el inicio del proceso de La Habana y después de la promesa que hizo el grupo en “no volver a secuestrar”. Debe señalarse en esa misma línea que el lenguaje equívoco que usa el fiscal colombiano es similar y paralelo en relación simpática, a aquel que enuncian los dirigentes de la organización subversiva cuando hacen alusión a sus repetidos crímenes como parte de sus políticas de terror contra la sociedad del país cafetero. Esa táctica de confusión simbólica desmiente con frecuencia en las palabras lo que confirman con los hechos atroces y continuados.

En el cuadro que muestra el uso engañoso de las expresiones, tanto por parte de los marginales de la ley como de los protagonistas oficiales y oficiosos del deforme proceso que se ha suspendido en la capital cubana, los victimarios son víctimas y los que en crítica señalan peligros y violaciones que se producen en la señalada relación de barbarie son, para el oficialismo, condenables contradictores de la paz. Es el mundo al revés en la visión de estos nuevos descubridores de la pólvora mojada.  El cambio de sentido en el acto de habla mantiene su eje en el uso de términos equívocos como “prisionero de guerra” o “retenido” para el rehén o el secuestrado, lo mismo que el término de “insurgente” para quien la ley internacional señala a secas como terrorista.

Algo similar ocurre con la sospechosa y voceada “justicia transicional” que cuenta con el impulso del señalado y controvertido fiscal, así como del parlamentario Roy Barreras. Un golem jurídico que se tramita y que incluso es expuesto y negado en su intención real que es la de legitimar la impunidad de los criminales de guerra que conversaban en La Habana desde el otro borde de la mesa, hasta la interrupción transitoria de lo que se negocia. No puede haber sino repulsa extendida a la desmesurada actitud del fiscal -una suerte de jefe de debate en la pasada pugna electoral que produjo la reelección de Juan Manuel Santos- quien a la cabeza del ente acusador pierde su orientación cuando se convierte en amable cohabitante del espacio de quienes deberían ser objetivo de su misión en lo acusatorio. Es esta otra mácula gigantesca, si le caben más manchas, a la poco inmaculada justicia colombiana.

La alcahuetería* del fiscal y de otros voceros oficiales con los asesinos de primera línea en la prologada confrontación colombiana, parece extenderse a funcionarios de organismos internacionales como el actual coordinador humanitario de las Naciones Unidas en Bogotá, Fabrizio Hochschild. Pero el rechazo y repugnancia por esa empalagosa alcahuetería abierta desde las instituciones para favorecer a la subversión, se extiende a otras actitudes y acciones poco menos que perversas como la que se hace con quienes han sido golpeados en su dignidad e intereses vitales por los facciosos sentados en la capital isleña. Esas pobres víctimas de las Farc manipuladas y fogoneadas por los impulsadores del dudoso proceso de paz, han  sido cooptadas para otorgar un perdón a los asesinos y victimarios de su entorno histórico, cuando éstos jamás han pedido el otorgado perdón y tratan con desprecio y repulsa a quienes tienen todo el derecho para reclamarles por los daños irreparables que les han causado con su barbarie.

Las circunstancias que rodearon la entrada en cautividad el general colombiano está llena de vacíos, imprecisiones y situaciones que llevan a hacer especulaciones capciosas, pero lo cierto, contundente e innegable es que ahora cumple con la condición de rehén de la subversión que azota a su país desde hace más de medio siglo y pone en supremo aprieto a un gobierno que le apostó todo al proceso de una paz deseada y buscada, incluso al costo colateral de la estabilidad institucional, como lo demuestra la delirante actitud del fiscal y de otros representantes del Estado. Pero es claro al tiempo que esta pausa, que se espera y desea que sea temporal, puede llevar a replantear el deteriorado proceso.

No puede negarse que por primera vez se han recorrido algunos pasos en la posibilidad de que se alcance el horizonte de la paz. Aunque, si se reinicia el diálogo, el Estado no se puede ahora dejar pasar la oportunidad de poner condiciones ineludibles, que no pasen por un alto el fuego bilateral, el cual siempre ha beneficiado al real enemigo de la paz, que es la subversión. Los armados impugnadores del estado de derecho deberían ya definir plazos y compromisos concretos para dejar de forzar el reclutamiento de civiles y menores de edad.

De igual forma, deberían comprometerse a interrumpir la siembra de minas antipersonales tanto como asumir el inicio del desminado de campos y áreas que incluyen las que están próximas a escuelas y hospitales, que es lo que ha seguido haciendo hasta el presente. Los tres acuerdos ya firmados parecen favorecer las ambiciones de los violentos, en detrimento de la democracia del país. Entonces, es tiempo de que el reflujo que imponen las circunstancias le dé ahora a la castigada sociedad colombiana mayores esperanzas de una buena paz (aresprensa).  

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* La expresión “alcahuete” es castiza y en el habla cotidiana del colombiano define a quien tiene algún grado de consciente y complaciente complicidad con el que comete actos inconvenientes, inadecuados o que perjudican a terceros. En otros países de América Latina tiene un significado diferente, como por ejemplo, señalar a aquéllos que difunden acusaciones o rumores con intención de sanción social.              


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