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RETENIDOSO REHENES, UNA MANIPULACIÓN  SEMÁNTICA / ACTUALIDAD

Publicado el 04 de enero de 2015 / 08.10 horas, en Bogotá D.C.

“RETENIDOS” O REHENES, UNA MANIPULACIÓN  SEMÁNTICA

El general del Ejército Rubén Darío Álzate Mora se desplazaba por el río Atrato en el departamento del Chocó, Colombia, cuando fue puesto en cautiverio por las FARC.  Sin esperar las razones que llevaron al oficial a ignorar elementales normas de seguridad, la especulación no se hizo esperar: cada medio de comunicación diseñó la hipótesis correspondiente, que convertida en aparente tesis sería en definitiva la “verdad revelada”.  El color de la pantaloneta que vestía el militar sería entonces más relevante en el despliegue informativo, que la grave violación  por parte de los ilegales en armas del Protocolo II de 1977, complementario a los Convenios de Ginebra del año 1949.

Escribe: Néstor RAMÍREZ MEJÍA*

Con excepción de la Fiscalía General, nadie habló del delito perpetrado por quienes han hecho de la violencia una forma de vida sin sentido ni futuro alguno. Lo importante sería para muchos, incluso para funcionarios del Estado, la infracción cometida por un hombre que dedicó 35 años a la protección de la sociedad como un todo.  El “culpable” fue lanzado a los lobos sin piedad alguna, para que respondiera por el delito de dejarse convertir en rehén. Desde luego y como corresponde, la Fiscalía ordenó la apertura de una investigación contra las Farc por “retención indebida”.

Lo interesante en este caso, es que la retención indebida de personas no corresponde a un tipo penal vigente, no existe como figura jurídica y por lo tanto no podría ser castigada.  Lo anterior lleva a preguntarse si la Fiscalía no estaría usurpando funciones del legislativo al diseñar nuevos tipos penales hoy inexistentes, o tomando una posición política al minimizar la descripción del suceso tremendo . También llama la atención el hecho de que nadie hizo referencia, para el caso, al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 49, (inciso 2, literal b) que prohíbe la toma de rehenes, consistente en la privación de la libertad de personas en la búsqueda de algún beneficio a cambio de su liberación y dentro del contexto de un conflicto interno como el colombiano.

De igual manera, sorprende que se desconozca el artículo 4, inciso 2, literal c del Protocolo II de 1977 y el artículo 8 (2) (c) (iii) del Estatuto de la Corte Penal Internacional 1998,  para los conflictos armados no internacionales y, relacionados con los mismos. El anterior artículo, referido a personas privadas de la libertad fuera de combate, como lo fue en el caso de los militares y de la abogada “retenidos para ser convertidos en rehenes”,  se configura como un crimen de guerra  que, cuando es general o sistemático como lo practican de forma usual las Farc, se convierte en crimen de lesa humanidad. Para completar el cuadro, la entrega de los rehenes diez días después y, luego de logrado su propósito publicitario, fue presentada como un gesto de “buena voluntad” con el proceso de La Habana, por parte del grupo ilegal.

Hubo la misma ligereza de criterio cuando se habló de prisioneros de las Farc, a sabiendas de que este calificativo se aplica a los conflictos armados internacionales (Protocolo I), es decir conflictos entre estados o entre un Estado y un grupo beligerante o combatiente con identidad jurídica explícita y concreta; en este caso, los únicos cobijados por la ley internacional para grupos que sostienen hostilidades con autoridades legales.  El reconocimiento anterior sólo se otorga cuando la facción insurrecta pero con status jurídico cumple determinados requisitos, como lo es el de respetar las “costumbres y normas de la guerra”, exigencias que las Farc violan, justamente por utilizar prácticas como las del secuestro y la toma de rehenes.

La confusión moral y discursiva que nos agobia es evidente, como en este, o en el caso de las condenas por los hechos del Palacio de Justicia, sin “respaldo probatorio alguno”, como lo expresó el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Hermes Lara Acuña, en su ponencia de absolución del coronel Alfonso Plazas Vega. En contraste,  el promotor del juicio contra los militares, un exguerrillero, secuestrador y presunto asesino de un policía, figura hoy como activista de derechos humanos. De igual impacto es el caso Mapiripán, en el cual el General Jaime Humberto Uscátegui fue condenado a 37 años de cárcel, mientras el secuestrador y promotor del fraude procesal que sirvió en el juicio contra el procesado y, como fuente de enriquecimiento a costa del impuesto de los colombianos, funge como congresista de la República.

Una última perla: cuando de juzgar a las Farc se trata, se archivan los procesos ante la dificultad de individualizar responsabilidades; en cambio, cuando se juzga a los militares se invierte la norma de la responsabilidad individual, como lo demuestran los más de 15.000 hombres encuadrados en las distintas fuerzas del Estado, que se encuentran sub júdice. Faltaría sólo agregar al desvarío generalizado, la intención del llamado “cese bilateral del fuego y de hostilidades”, para completar el desconocimiento que existe sobre la obligación constitucional de las Fuerzas Militares y del DIH.  Esto, para no tener que hacer referencia a la propuesta de convertir el delito del narcotráfico como conexo al delito político, relativismo moral que ignora su impacto en la juventud y en la memoria de los héroes que se han inmolado por esta causa y en la de quienes hoy los deben reemplazar en la disposición al sacrificio.

Los colombianos deberían plantearse hasta dónde llegará la grave inversión del sentido común y de la racionalidad que debe imperar en el estado de derecho. Ya no produce extrañeza, por ejemplo, que los criminales acusen y sean testigos de excepción, mientras los ciudadanos inocentes o los responsables constitucionales de la defensa del Estado, sean investigados y sentenciados a priori para que se pudran en la cárcel.  No solo los militares, también y como lo fue en épocas del terror de la inicial Revolución Francesa, políticos y otros funcionarios incómodos.

A manera de conclusión, es inevitable plantear las siguientes preguntas: ¿el relativismo moral afectará el subconsciente o el consciente de quienes deban sacrificar sus vidas ante una causa perdida o ante quienes mañana podrían ser sus jueces y legisladores?; ¿alguien busca un transbordo ideológico, aún inadvertido, para disolver la institucionalidad que protege a los colombianos? En cuanto a la normatividad y a su aplicación cabría preguntarse si en realidad se trata nada más que de desconocimiento, de ligereza, o más bien de una intencionada manipulación tanto semántica como jurídica (aresprensa).                                                   

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* El general en retiro Néstor Ramírez Mejía fue segundo comandante del Ejército de Colombia y es en la actualidad columnista, académico y consultor en temas de seguridad. 


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