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LA ARGENTINA DE LOS FORAJIDOS / DOXA / ACTUALIDAD

Publicado el 05 de marzo de 2015 / 21.15 horas, en Bogotá D.C.

Lo que Dejan los Kirchner 

LA ARGENTINA DE LOS FORAJIDOS *

El trágico deceso, al promediar enero, del fiscal Alberto Nisman generó para la Argentina una compleja situación política e institucional que compromete al estado argentino, por omisión o quizá también por oscura acción. En los últimos tramos de la investigación por la causa que encabezaba este funcionario judicial, quedaron incriminados la presidenta Cristina Fernández y su canciller Héctor Timerman, entre otros. Nadie más interesado que los responsables de la orientación del Estado en lo que pudiese sucederle al fiscal. El gobierno desde el inicio de este proceso funesto, utilizó toda su artillería en contra de las argumentaciones y pruebas acumuladas por el fallecido Nisman y no bajó la guardia después de su muerte, incluso enviando a la opinión pública hipótesis escapistas sobre las causas de la tragedia e incluso sobre la responsabilidad y capacidad profesional  del fiscal, ridiculizándolo. Una opción equívoca de la defensa oficial al tratar de minimizar y banalizar la acusación en su contra, si el gobierno argentino o alguna de sus agencias nada tienen que ver con esta muerte, y una torpeza suprema si se trata de ocultar algo que el mismo gobierno conoce o motivó. Ese es el marco mínimo para imaginar que la administración central del país tendría mucho que explicar al respecto e incluso que tiene demasiado para ocultar. No sólo en lo que hace a la muerte de Nisman, sino también en lo que hace al contenido de la acusación del fiscal, puesto que ambas comprometen al Estado argentino y a la administración que encabeza la viuda de Néstor Kirchner

Casi no hay circunstancias más allá de esas justificaciones de operadores del entorno oficial, que permitan evitar las sospechas y responsabilidades sobre las máximas instancias de gobierno en lo que hace a las causas que precipitaron el sacrificio del alto acusador de la justicia argentina. Algunas de ellas incluso acaecieron en el mismo momento en que se produjeron los acontecimientos y ya se sabía de la muerte del fiscal, lo que pone en mayores aprietos a Cristina Fernández y a su grupo de gestión en este último tramo de labor institucional. No pocos de los hombres que rodean a la presidenta y ella misma incluso, ya se encuentran envueltos en una cadena de escándalos por corrupción y por los procesos derivados de estas causas.

Ocurre que funcionarios de la secretaría de estado que debe atender a la seguridad de los argentinos, entre ellos una de sus máximas figuras, Sergio Berni, estuvo con algunos de sus subordinados en el departamento de Alberto Nisman apenas conocido su deceso, y cuando las circunstancias de la misma muerte no habían tomado estado público. Berni invadió el espacio donde yacía el cuerpo del fiscal, sin esperar la llegada de quienes desde el aparato de justicia deben tomar conocimiento y prevención del escenario de los hechos. Todo hace suponer que con torpeza o con intención de torpeza, se alteraron elementos y objetos del cuadro de situación, dañando un conjunto de pruebas y una posible como necesaria cadena de custodia.

Nada tan grave como la presencia de Berni y sus subalternos en ese espacio, puesto que todo lleva a pensar que con esa presencia y la eventual modificación del trágico escenario se pretendía poner a salvo la ropa política de la presidenta argentina, de quien este funcionario depende y ante lo innegable de que la oscura causa de la muerte del fiscal termina salpicando de sangre y de sospechas  a la Casa Rosada. Así queda comprometida con otra gran mancha para la historia, la accidentada presencia de Fernández al frente de la nación argentina y también la de su predecesor, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, quien había sido el gestor del nombramiento del fiscal en la delicada y estratégica investigación por el atentado contra la importante entidad social de la comunidad judía en la Argentina -la AMIA-  hace más de 20 años.

En el momento de publicar este editorial la bomba que arrojó la excónyuge de Alberto Nisman y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado -aperada con evidencia científica y en situación de querellante apoderada de la causa de su exmarido- va dejando menos dudas sobre la causa del fallecimiento del fiscal. Arroyo Salgado declaró que Nisman fue víctima de un asesinato. Dijo que el cuerpo del occiso fue movido del punto de caída en el momento del disparo que le segó la vida y que sufrió agonía antes de morir. Eso derrumba las especies distractoras y de ridiculización esparcidas durante casi dos meses por los voceros oficiales y de una parte de la justicia, incluida la fiscal Viviana Fein, quien lleva adelante el expediente de esta muerte. En la vivienda de Nisman muerto hubo durante las horas previas a la llegada de los agentes de la justicia, más de 50 funcionarios dependientes de las administración Fernández y hubo además “cierto ambiente de fiestaen el lugar, según lo señaló una testigo del hecho.

Son muchas las voces que señalan a la actitud del gobierno y de sus corifeos en lo acaecido, como algo que va más allá de lo  escandaloso y no dudan en señalarla como “miserable y repugnante”. Lo que está de por medio para el estado rioplatense no es solo la muerte del fiscal sino todo el proceso sobre el cual este funcionario era responsable y del contexto histórico y político no menos delicado, que es consecuencia de aquel atentado. Algo que aún está en mora de esclarecerse de manera definitiva en lo que hace a responsabilidades y sanciones en lo complejo de su trama. Para buena parte de la opinión local y mundial el fiscal fue víctima de un crimen de Estado, organizado y ejecutado por operadores políticos conectados con dispositivos de inteligencia y probable ramificación hacia grupos internacionales ligados con el terrorismo. Todo esto porque en el trabajo de Nisman aparece implicado Irán, en lo puntual del atentado referido, y en una cadena de complicidades y decisiones tenebrosas a las que también debe agregarse a Siria.

En efecto, la suma de evidencias que articuló Nisman en sus 10 años de trabajo, a cargo de esa causa única -el atentado contra la mutual judía, que dejó como saldo 85 muertos- terminó apuntando no sólo al Medio Oriente, sino además a una necesaria “conexión local” y, al final, al propio gobierno de Fernández por un eventual encubrimiento y búsqueda de impunidad para los culpables. El extenso trabajo de Nisman dejó claro en las pruebas que conforman la incriminación, lo que ya se sabía en el sentido de que Irán es responsable directo del hecho terrorista, con apoyos locales, en lo que se considera un acto de guerra contra el país y en particular contra su población civil. El corolario de estos hechos es que, desde hace dos años, el poder ejecutivo argentino a cargo de Cristina Fernández y de su secretario para las relaciones exteriores el canciller Timerman, negociaron con Irán una posibilidad de entendimiento que debía terminar en la impunidad de los implicados iraníes.

Todos los acusados del Medio Oriente tienen aún funciones públicas en su país y sobre ellos pesa un pedido de captura internacional, a partir de las señaladas evidencias iniciales de la justicia argentina, la que acudió a instancias exteriores para estructurar las pruebas que incriminaban a los operadores directos en la ejecución del ataque terrorista. Por la búsqueda de impunidad para aquellos responsables, no solo quedan también inculpados funcionarios de la administración Fernández sino otras figuras ligadas con ella en lo político local. La seguidilla de acciones equívocas por parte de la presidenta y de su equipo tarde o temprano puede terminar en configurar en su contra el delito traición a la patria  y esto más allá de que el juez Daniel Rafecas decidió hace pocos días no inculpar a Cristina Fernández  en la causa que seguía Nisman. Decisión que tuvo su contra respuesta  por parte del fiscal Gerardo Pollicita, para seguir la línea trazada de inculpar a la presidenta y sus relacionados.

En una Argentina polarizada por la radicalización ideológica de la administración central y de medidas tendientes a limitar derechos como la libertad de expresión y la intención de cooptar y politizar al aparato de justicia, la muerte de Nisman complica de mayor manera la ya de por sí traumatizada administración de Fernández, por acción propia. Una administración envuelta en una nube de acusaciones y demandas por hechos de corrupción, contra ella y contra varias de las más altas figuras que la acompañan o la acompañaron en su gestión. Entre ellos incluso, el vicepresidente Amado Boudou, enjuiciado por delitos contra el Estado y también por actos de delincuencia común.

Lo anterior sumado a circunstancias reiterativas como lo es el hecho de que la Casa Rosada suele desconocer fallos judiciales que van en su contra, conforman un cuadro con todo un cuerpo de altos funcionarios por fuera o en los límites de la ley. La búsqueda de una eventual alianza estratégica con Irán, dejando de lado las exigencias internacionales y de la propia justicia argentina en contra de gobiernos y países que patrocinan y apoyan a grupos terroristas, deja a la política exterior argentina y a su máxima jerarquía de dirección en una difícil posición, que es la obvia de los estados paria. Una calificación que alcanza a los funcionarios de esos estados que obran como forajidos, por voluntad propia, sin excusas, justificaciones o disculpas creíbles (aresprensa).  

EL EDITOR   

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* La columna Doxa identifica la posición editorial de la Agencia de Prensa ARES


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