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COLPENSIONES: TRIBULACIONES DE JUBILADOS / LA TERCERA OREJA / ACTUALIDAD

Publicado el 20 de julio de 2015 / 14.50 horas, en Bogotá D.C.

Aquello que se escucha aunque se diga en voz baja 

(El chisme no es la verdad, pero sus elementos implícitos pueden ayudar a reconstruirla)

Esta sección le debe su nombre a un famoso programa radial de misterio que se emitía en Chile por los años 60. Esa es única deuda que tenemos con la prestigiosa radiofonía chilena. Hecho el ajuste de cuentas, debe decirse que, aquí, el espacio está destinado a la picaresca que disuelve nuestra seria política editorial. El único misterio es el propio que encierra todo chisme.


  • Dios está en el azar, todo lo demás debe ser resuelto por los hombres. (NPDV)

Así es el Tercer Mundo III

COLPENSIONES: TRIBULACIONES DE JUBILADOS

Es tiempo de optimismos. El presidente Juan Manuel Santos pulsea en La Habana y pareciera tener la certeza de que es él quien impone su visión a sus interlocutores hirsutos. Los voceros de la hacienda pública colombiana hacen oídos y vista ciega a la caída de la inversión, el aumento del dólar disparado a sus alturas jamás vistas en tiempos recientes y ya se dieron alertas contradictorias por el tremendo recorte a las previsiones del presupuesto, las que seguro aumentarán hacia el próximo ejercicio en contravía de las inversiones que exigirá un imaginado postconflicto. Para completar, el presidente de Colpensiones Mauricio Olivera vierte mieles sobre los avances y eficiencia de la institución a su cargo. Es el país de las maravillas. Pero ese coro de optimismos encadenados despierta dudas y sorna por la insistencia y es ese el momento de escarbar para conocer el nivel de las bellezas pergueñadas en polifonía desde el gobierno. En esa tarea aparecen las sorpresas desagradables: no todo brilla en Colpensiones, sobre todo para los que esperan la justicia del reconocimiento de sus derechos de retribución económica por la jubilación gestionada dentro del marco de la ley, junto con el efectivo cumplimiento del respeto al ciudadano que emana y se exige desde la propia Constitución del país.

Son escandalosas las demoras en las respuestas a quienes presentan sus exigencias para acceder a una jubilación y mayor es el escándalo cuando se  cubre la anomalía con un manto de silencio institucional, que es intolerable. Esa es la política  que sigue el organismo para resolver esos casos, que no son pocos sino centenares o miles y que se sostienen en dos vectores para darles una adecuada salida de  cumplimiento relativo, con oscuridad previa: lo que aportan en la actualidad quienes están insertos en el espacio laboral en blanco y formal, al tiempo que también en el acumulado de quienes llegan a la edad de retiro y contribuyeron durante unas tres décadas al sistema.

Debe entenderse que a este último flujo debe reforzarlo el tesoro público pues parte de los aportes obligados pudieron haberse diluido en las restas y los vericuetos que el uso en malversación y las exigencias políticas del momento le impusieron. En todo caso y en apariencia, el derecho de esos aspirantes que dan un paso al costado está asegurado y el Estado de ninguna manera puede desconocerlo, ni siquiera con el abuso, el misterio y la discriminación violenta que es en sí misma la demora referida. Esto porque el tema es ese, el de los derechos que se violan o se desconocen y en ese sentido Colpensiones se hace merecedora a la denuncia y a la censura que es al tiempo condena pública.

En efecto, Ares ha conocido de casos en los que la atribulada víctima que exige el reconocimiento de su jubilación -que en Colombia se le llama “pensión”*-  debe esperar más de un año para la respuesta, sin saber si la misma será positiva y, si no lo es, con prolongación de la espera o negación definitiva. Incluso como es el caso de un perjudicado de la Costa Caribe cuyo nombre es Julio Acosta Trejos, quien debió interponer un amparo** ante la justicia como rechazo al atropello y ello no impidió que después de varios meses sumados, la entidad agotase en prolongación por desacato el abuso  contra el damnificado inerme. En la suma temporal de este caso, el golpe en silencio y en tiempo, así como la burla en contra los derechos de este hombre, se prolongaron por 14 meses.   

También es posible citar otro caso en espera. Es el de un ciudadano que inició el trámite bajo el número 2014_10641127 ***, el 23 de diciembre del año pasado. Casi 7 meses después la definición para este reclamante aún permanece en el misterio, a despecho de que cuando en la mesa de recepción de la solicitud se señala de forma regular y con articulado libreto que el máximo de espera para la resolución del expediente es de “4 meses”. Tiempo de por sí injustificable en términos de demora pero que tranquiliza en la coyuntura al demandante. Tranquilidad que dura poco cuando comienza el calvario de la espera más allá del trimestre con que el empleado del mostrador terminal suaviza con ordenada e irresponsable falacia la expectativa inicial del esperanzado reclamante.  

MAURICIO OLIVERA - Presidente Colpensiones

La ocurrencia y repetición de estos hechos no son otra cosa que acciones de violencia y victimización de personas que quedan expósitas ante la dinámica arbitraria de un Estado que gasta millones en publicidad para decir, por ejemplo, que “…logramos corregir 2 millones de historias laborales…” para acelerar los trámites correspondientes al reconocimiento de pensión anhelada. O también realizar operaciones de prensa para sostener que ahora el acceso legítimo a la jubilación es parte de ese hipotético mundo en dirección a las maravillas. Entre ellas, el reciente anuncio de la incorporación de una masa crítica de cotizantes que hoy están en informalidad laboral.

Esas posibilidades positivas que lanza a la opinión pública Olivera, si fuesen ciertas, se borrarían con el codo por la vía del manoseo en la espera interminable a las exigencias razonables y protegidas por parte de quienes ya le brindaron esfuerzo con suficiencia a la sociedad y ahora aspiran a un retiro digno.  Pocas medidas serían suficientes para enderezar las cosas que, tal como se exponen en la descripción de caso, están bastante torcidas por dinámica omisiva del organismo responsable, Colpensiones. Una de ellas bien podría ser el abandonar la misteriosa caja negra de la información que se produce entre las solicitudes de jubilación y la decisión final de la entidad. Nadie logra saber lo que ocurre con la deriva del trámite desde el momento que se inicia hasta la eventual respuesta que, como puede observarse, puede demorar incluso más de un año.

Si se piensa que la política seguida es la de guardar silencio al respecto durante al menos un semestre o mucho más, por inferencia debe suponerse que, en sí misma, es esa una política perversa que vulnera derechos elementales de los aspirantes a un justo estipendio al apartarse de la vida laboral plena. Cualquier persona jurídica responsable por su misión, entre ellas las transportadoras de encomiendas, mantienen informado a sus reclamantes del curso que sigue la carga. La tecnología tiene ya el avance suficiente como saber en línea cómo evoluciona un trámite. Pero Colpensiones, al someter al jubilado potencial a la ignorancia absoluta de la evolución de su solicitud lo victimiza y ultraja al someterlo al capricho de burócrata que decide cómo y cuándo le vendrá en gana el responder a las expectativas y al justificado reclamo.

Otro aspecto elemental de la perversión construida es el de la mentira reiterada que suma tribulaciones: ¿cuál es la razón de que se le informe a la víctima que su tiempo de espera es de un trimestre cuando en verdad quien dispone de esa información somete a una suerte de un prolongado “ninguneo” con aquellos requirentes de información precisa, como parte de su derecho concreto?; ese conjunto convierte en imperdonable a la política de Colpensiones por el detrimento perpetrado contra quienes están amparados, en letra aunque no en hechos, desde la carta constitucional hasta las elementales normas específicas. Ese panorama en negro de la institución responsable del bienestar y dignidad de un sector vulnerable de la sociedad colombiana borra las noticias positivas que con frecuencia despliega por los medios de comunicación el principal directivo de esa entidad (aresprensa). 

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En la mayoría de los países de América Latina se diferencia a la pensión de la jubilación y se entiende a la primera como el otorgamiento de una remuneración a quien en su trabajo sufre una limitación física por accidente laboral que le impide seguir trabajando. En Colombia el sentido de la pensión se asimila a la jubilación.  

** En Colombia al derecho de amparo se le denomina “acción de tutela”.

*** La Agencia de Prensa ARES decidió proteger la identidad del damnificado por la injustificable demora  de Colpensiones. El comprobante de radicación respectivo también aparece con el código 201410641127B4.


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