LA HABANA, AL DESNUDO Y A LA VISTA II / ACTUALIDAD

Publicado el 31 de julio de 2015 / 10.30 horas, en Bogotá D.C.

LA HABANA, AL DESNUDO Y A LA VISTA II

La guerrilla colombiana, sin estar aún derrotada, va en proceso de deterioro irreversible y sin futuro. Eso ya fue argumentado*, ahora es necesario determinar el porqué de un estado como el colombiano que al violar el principio del “punto culminante” de Carl von Clausewitz , no ha logrado neutralizar el problema a pesar de tener al frente un enemigo que no podía ni puede  ser exitoso en su objetivo de acceder al poder por las armas. El general y teórico prusiano descubrió que “toda ofensiva por razones de tiempo, espacio, recursos y energía, se debilita hasta un punto que, de sobrepasarse sin lograr el objetivo decisivo, se pierde la batalla o la guerra”. Esto significa que Colombia no puede sustraerse a las consecuencias del Principio señalado, por molesto  que parezca, y cuya violación comenzó a consumarse quizás desde el mismo inicio de la confrontación interna todavía vigente**.

Escribe: Néstor RAMÍREZ MEJÍA***

En Colombia hay que partir de la base en el sentido de que las fuerzas armadas han sido exitosas en la lucha contra guerrillera, en los últimos quince años. Una prueba de ello es el haber llevado a los impugnadores del estado social de derecho a La Habana y haberles  disminuido sus efectivos en un 66 por ciento, en poco más de una década. En contraste, el Estado como tal  y sin que se desconozca el esfuerzo que los últimos gobiernos han desarrollado, no ha neutralizado como corresponde el nivel estratégico de esta amenaza. Desde un principio y tal como ha sucedido en este tipo de conflictos, sobre todo en los países del Cono Sur, los ejércitos ganaron la guerra que el Estado perdió. En definitiva, termina siendo sacrificado el estamento institucional armado, por razones obvias, y como puede observarse en la situación interna argentina y en los amagos que al respecto sufre incluso Chile.

Es aquella una lección que debiera quedar aprendida para no recorrer el mismo camino. Esto, porque la incapacidad para asumir la experiencia cercana es un fracaso que pagan con creces los vencedores de la contienda clásica, debido a que en otros niveles del Estado no se atina a confrontar de manera integral con las complejas aristas que presenta la “guerra revolucionaria”. En la misma línea es importante conocer el porqué de una guerrilla que no ha logrado su objetivo, pero persiste. Bien se sabe en la teoría y en la experiencia histórica, que el centro de gravedad en este tipo de confrontación es la población civil, porque el conglomerado social debería ser para la guerrilla lo que “es el agua para el pez”, según Mao Zedong. Pero en el caso de Colombia ese núcleo duro no es el pueblo debido a que las tropelías permanentes contra la gente hicieron imposible un lazo firme de la sociedad con los armados ilegales. Es por eso que ese vacío y debilidad se reemplazó con las finanzas provenientes de los sembrados de coca y del narcotráfico, al que debe agregarse ahora la minería ilegal.

Lo sorprendente es que para atacar el fenómeno en forma decisiva se cuenta con los recursos del Plan Colombia aún en curso y con la normatividad suficiente, como la resolución 009 de 2009. Vale decir que con lo existente se podría  acabar con la mayoría de los actores de violencia y debilitar sustancialmente a las Farc, en poco tiempo. Es importante en este punto aclarar que no se puede solucionar el problema manejando por separado los dos términos de una misma ecuación, como con frecuencia se hace: sustitución de cultivos con control de la gasolina y otros combustibles, como el ACPM o petróleo. Respecto al primer término de la ecuación, debe considerarse el círculo vicioso**** que conforma la permanencia del productor de coca en el mismo entorno y circunstancias que lo llevaron a su siembra, sobre todo por ser áreas inhóspitas, carentes de infraestructura y cuyas tierras no son aptas para la agricultura.

El manejo inadecuado de la solución del fenómeno ha contribuido a la violación del principio del punto culminante y, de paso, a la subutilización de recursos que podrían ser generadores de desarrollo. Es inexplicable que el Estado no haya realizado el acertado enlace entre el plan estratégico general y el plan de acción. El ignorar la forma integral de operación de su enemigo llevó a  enfrentarlo de manera errónea y en solitario con sus fuerzas militares, mal dotadas hasta el final de la década de los 90  y hasta el primer año de la siguiente década en que se inició el equipamiento aceptable para afrontar una guerra que está más allá de la guerrilla y no se limita al enfrentamiento caliente pues esta última, la guerrilla, es tan solo un medio para llevar a cabo la señalada “guerra revolucionaria”, que es el verdadero perfil del fenómeno. Algo que ya había dicho de esto Peter Paret***** en su obra, en la que ofrece luces al respecto al afirmar que “las operaciones de las guerrillas pueden no tener un objetivo revolucionario, aunque nunca esté ausente su potencial político revolucionario. Sin embargo, para cualquier definición de guerra revolucionaria es vital la existencia de un objetivo de carácter revolucionario; los medios específicos a utilizar se relegan a un segundo plano”.

GUERRA JURÍDICA

Dentro de los planos del señalado “potencial político” hay varios factores que se reiteran y son operativos para el caso de Colombia. Entre ellos está la guerra jurídica, otro componente sustancial de la guerra revolucionaria de Mao, que desborda la acción específica de las fuerzas armadas y parece desbordar también al Estado. Valgan para el caso algunos datos estadísticos como ejemplo, para mostrar lo afirmado. Según cifras del Ejército, existen 1938 procesos por muertes cuestionadas, en desarrollo de operaciones militares desde el año 2007, con 7.568 imputados vinculados en libertad; 690 sindicados y 774 condenados. En contraste, entre 2009 y 2015 las Farc han recibido 3.901 denuncias por infracciones al DIH, de las cuales tan solo 169 corresponden a homicidios en persona protegida. Capítulo especial merecen las violaciones a las garantías procesales contra los militares detenidos, tales como la negación de prácticas de pruebas, 31; ofrecimiento de beneficios para que declaren contra superiores, 38; no otorgamiento de libertad por vencimiento de términos, 14; falta de comunicación de las diligencias a  practicar, 10; además de imposibilidad de acceso al expediente, 14.

A esa relación debe agregarse: violación al debido proceso, 11; denuncia por falsos testigos, 11; dilatación injustificada del proceso afectando la libertad, el debido proceso y el derecho a la familia, entre otros, 346. Esto hace una gran suma  de 476 irregularidades. Igualmente, hay una relación de 16 generales amenazados con procesos judiciales, desde el año 2000 en adelante, quienes sin que existan pruebas para  ser acusados están siendo investigados  por su condición de garantes de la seguridad del país. Supuestamente, estos distinguidos oficiales, ante hechos simulados o ciertos, han defeccionado  por acción o por omisión -ocurridos a cientos de kilómetros, a veces miles- separados por montañas y selvas a lo largo y ancho de la geografía nacional.  Al respecto, los juristas que atienden los casos no ven razones claras para una probable condena de los generales, dada la ausencia de pruebas. Pero la imputabilidad aparece aquí y de lleno como culpabilidad, en tanto que la responsabilidad penal aparece como subjetiva y se infiere a priori como culpabilidad. Por otra parte debería existir conexión entre los hechos y la intención, pero eso no importa en el momento de culpar y sancionar a secas.

A los militares involucrados se les trata de imputar responsabilidad objetiva, por ejemplo con base en el análisis de estadísticas y su proyección eventual, que son abstracciones en sí mismas, o por motivar a las tropas al combate, con el fin de incrementar los resultados operacionales. Todo esto es una repulsa al sentido común, pues la misión de un soldado pretende lograr la pérdida de la voluntad de lucha del adversario, o ponerlo fuera de combate si ofrece resistencia. No obstante, los juristas que honran la justicia no estudiaron  y con frecuencia no comprenden lo que es una guerra jurídica. Por ello les cuesta entender que, en la compleja trama del conflicto, el culpar a secas es parte de una forma de guerra y así se toman decisiones que aunque basadas en el derecho tienen fundamentos que están sesgados por la deriva  ideológica que aspira a disolver la democracia y sus garantías de igualdad y justicia. Esta imputabilidad ciega es perversa y por ello se convierte en parte de la guerra revolucionaria, pues se asimilan los estímulos propios de la tradición militar a las directrices  genéricas impartidas a actores indeterminados, quienes las ejecutarían  con intención criminal.

FORMAS DE LUCHA

Eso puede llevar a una perversión agregada que es el considerar a la misión de las fuerzas armadas, y en particular la del Ejército de los colombianos impuesta por la Constitución Nacional, como equiparable con cualquier organización delictiva. De igual manera, hay una intencionalidad destructiva en el esfuerzo que desarrollan más de 230 ONG, promoviendo acciones ante el sistema IDH******,  en coordinación con Colombia, Europa y los Estados Unidos. En simultáneo,  se lleva a cabo una campaña para que la justicia  penal militar no juzgue a sus pares por ser “amigos” y por inferencia parciales en sus fallos, razón por la cual es “más ético” que sean juzgados por sus enemigos o por quienes, incluso de manera ingenua y como aliados útiles de circunstancia, se convierten cuando juzgan y penalizan en parciales de la guerra política y jurídica, deteriorando así el necesario equilibrio del estado de derecho. A esta situación la conocen bien los áulicos de la combinación de formas de lucha y con ello impactan de manera severa los intangibles de la guerra, en contra del Estado y la democracia

El militar investigado, tan solo por los costos de un abogado defensor deberá sacrificar su futuro económico y el honor de su familia, con el fin de demostrar una  inocencia  que no debió a priori ser puesta en tela de juicio. Además, este desarrollo en contravía de lo que es justo, suele ser un bazar para variados fines y propósitos, tales como el desprestigio internacional del país tendiente además a forzar sanciones, traumatizar apoyos, obtener dineros por demandas, armar negocios con carteles de testigos, lograr rebajas de penas y otras de acciones similares contra la sociedad. No sobra el recordar que las fuerzas armadas y de policía - fuerza pública- constituyen la columna vertebral del Estado Social de Derecho y, por tanto, su debilitamiento es más útil que otros logros de carácter táctico -más mediáticos quizás- pero  sin el impacto estratégico a favor de la guerra revolucionaria, que implica la destrucción de las superestructuras legales sostén del tejido social democrático.

La  infiltración, desmoralización y satanización de las instituciones que nos han hecho y seguirán haciendo  libres serán, por encima de las acciones  de la guerrilla, el esfuerzo fundamental para  la toma del poder, propio de los fines de la llamada “guerra revolucionaria”. Ello no se negocia en Cuba, se define en las graderías del Congreso de la República, en los tribunales y en la gestión del Ejecutivo  en Bogotá. En la mesa de La Habana, de ser exitoso el proceso que se tramita, tan solo se está contribuyendo a cambiar el recurso fracasado que es la vía armada para llevar adelante las otras formas de la integralidad estratégica que, como “guerra revolucionaria”, adelantan las Farc. Si no se toman en la capital de la República acciones pertinentes y tendientes a neutralizar el eje de las finanzas de la subversión, y se neutraliza la amenaza de los distintos medios de lucha -por ejemplo, blindando en lo jurídico al soldado que cumple con su misión constitucional- la  democracia y las libertades que conocemos y debemos defender, continuarán en peligro, con o sin el fin del conflicto que se negocia en Cuba (aresprensa).

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* Véase el primer artículo de esta serie: “La Habana, al Desnudo y a la Vista”.

** Aunque es un Principio que no ha tenido excepción histórica, en este caso la imposibilidad de éxito del adversario ocasiona lo que podría llamarse como un empate de perdedores, lo cual hace que el conflicto se prolongue de manera indefinida en el tiempo, con las consecuencias que la repetida realidad enseña. 

*** El autor es general en retiro del Ejército de Colombia y,  en la actualidad, es presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la reserva activad del país.

**** La República de Bolivia puede ser un referente de lo que no debe hacerse en sustitución de cultivos. En el país altiplánico se cometió el error, de hacer sustitución de cultivos sin control de los hidrocarburos que permiten el proceso de elaboración de pasta de coca y sin evitar que otros actores ilegales ocuparan el vacío dejado por los primeros.

***** Se trata del libroCreadores de la estrategia moderna: desde maquiavelo a la era nuclear”.

****** CorteInteramericana de Derechos Humanos (IDH) y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).   


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