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LA HABANA, AL DESNUDO Y A LA VISTA III / ACTUALIDAD

Publicado el 09 de septiembre de 2015 / 10.30 horas, en Bogotá D.C.

LA HABANA, AL DESNUDO Y A LA VISTA III

Es entendible que la guerrilla colombiana, como parcialidad de lo que en términos integrales se denomina “guerra revolucionaria”, busque el poder siguiendo ejemplos exitosos del vecindario en lo que hace a la conquista y control del Estado, en tanto alternativa a su fracasado intento de alcanzar sus fines por la vía de la impugnación armada. Así lo expresó  Iván Márquez en marzo de este año, refiriéndose a lo que ocurre en La Habana: “buscamos un escenario que nos acerque al poder, para implantar el socialismo”. Así puede advertirse por la presencia de los cabecillas máximos de la subversión en la mesa de Cuba,  en tanto es la política de salón el nuevo medio de lucha para la instauración del llamado “socialismo del S.XXI” que concibió del alemán Heinz Dieterich Steffan.

Escribe: Néstor RAMÍREZ MEJÍA*

Ese teórico europeo que reside en América Latina se apartó del chavismo debido a la falta de interés del fallecido mandatario venezolano en  implementar  instrumentos para el desarrollo de los fundamentos de su idea central: una “democracia participativa y protagónica” que en mucho se parece al corporativismo del fascismo italiano y cercano tanto al franquismo español como, en algunos aspectos organizativos, al nacional socialismo alemán. La receta también incluye la “construcción de organizaciones de base” para alimentar al señalado corporativismo y la “implementación del desarrollismo  nacional y regional” como una suerte de capitalismo de Estado. Algo que ya intentaron Lenin y Stalin en el fracasado modelo soviético, que se desmoronó a fines de la década de los años 80 del siglo pasado y que no excluye al modelo cubano vigente. A lo anterior se le sumaría, en una última etapa, la “economía de equivalencias”, como reemplazo de la universal economía de mercado; es decir, en contra  del ejercicio de la libre empresa y de la competencia por méritos que conocemos.

Un esquema de manejo que como equivalencia económica en lo que hace a la retribución por el trabajo, elimina la compensación por capacidad reconocida -llamada “meritocracia”- y la competitividad, para igualar los salarios “por abajo” en una pirámide achatada parecida a la que rige entre los cubanos, donde el digno servidor del último escalón de una empresa cobra como salario casi lo mismo o lo mismo que el gerente que cubrió todas las etapas de los estudios superiores. Al analizar las posibilidades reales de las pretensiones “revolucionarias” para instalarse en Colombia, así como se hizo en Venezuela, se encuentra que estas no son tan descabelladas y utópicas como podría pensarse. La viabilidad para llegar al objetivo desde La Habana a Bogotá, casi sin escalas y con discusión limitada, aparece en el hecho de que en la capital cubana ya avanzaron con acuerdos coincidentes en lo que hace a las concepciones de Dieterich.

Desde luego la curtida y hábil clase política tradicional de nuestro país, y quienes piensan con el deseo, consideran aún que es un despropósito suponer un avance de las Farc en tal sentido. Algo más de una década atrás los políticos venezolanos pensaban igual respecto a un incómodo y pintoresco teniente coronel que recién salía de la prisión y convocaba a una refundación de Venezuela: ese fue Hugo Chávez  Frías.  No obstante, las realidades de los pueblos suelen producir sorpresas, sobre todo cuando los estados descuidan las funciones para las cuales fueron diseñados y, como en el caso que nos ocupa, no se toman las previsiones adecuadas y, de manera casi infantil, se supone que todo se tiene bajo control y que la subversión no es capaz de aprovechar su vigente asimetría para revertirla, ahora sin disparar.

En este sentido el historiador inglés Malcom Deas, ha llamado la atención sobre los indicios de venezolanización en la vida sociopolítica colombiana. En este  cuadro, además de una cierta petrolización  de la economía y relativa dependencia del hidrocarburo, debe sumarse la corrupción, el desequilibrio en los ingresos con el impacto negativo en los sectores más desfavorecidos y la polarización de la sociedad. Por otra parte, existen factores adversos** descritos por otros estudiosos para articular un esquema propicio a lo planteado por los ilegales. No  sobra  el recordar  que  las Farc han sido un obstáculo para la posibilidad de una izquierda democrática en Colombia, que no pueda ser cooptada por la subversión en sus argumentos fundamentales. Por tanto, desaparecidas como agrupación armada en el posconflicto, aflorarían las similitudes con el vecindario y, en conjunto con los factores señalados en  líneas precedentes, no debería descartarse la aparición de  un mesías con armazón y razón populista quien, es evidente, no provendría de las filas farianas.

Un mesías que si alcanzase los resortes superiores del Estado, buscaría todos los vericuetos legales, el fraude y la represión, para que resulte inviable su destitución con la consecuente implantación de un régimen totalitario, o al menos autoritario en principio. Eso es lo que  muestran experiencias recientes en el entorno geográfico, e incluso en el plano local, siendo Bogotá en las circunstancias actuales un ejemplo pálido al respecto. Las Farc serían determinantes en ese proceso, vía su intención de debilitar al poder central con la manipulación de las masas en agitación permanente. Eso operaría en paralelo con un fortalecimiento  del señalado “poder regional y local” coincidente con sus zonas base ya delimitadas con, por ejemplo, las áreas de reserva campesina. En otro orden figura lo que plantean los ilegales en términos de la confrontación en el terreno judicial para alcanzar sus fines de dislocación del Estado y de sus garantías inherentes, como parte de la ya señaladaguerra revolucionaria”.

En la revista Semana*** se ha dicho que tanto las Farc como el Estado tendrán que “dar la cara”. Pastor Alape, entre otros, condicionan una eventual aceptación de ser juzgados si del lado de la institucionalidad también son juzgados quienes han sido responsables de la guerra, tanto civiles como militares. Hay que empezar por aclarar que para desarticular organizaciones de poder criminal existe un arsenal de teorías no jurídicas pero útiles para investigar y judicializar las conductas delictivas. No obstante, las mismas teorías pueden ser manipuladas en el sentido inverso, con el propósito de convertir en estructuras de poder criminal a las fuerzas armadas y de seguridad. Esto con base en investigaciones y judicialización individual, en un plan que es una factura a cobrar como otro segmento de la estrategia integral que corresponde a la guerra revolucionaria. Esa otra cara del mismo propósito se conoce en términos técnicos como  “guerra jurídica y/o judicial****.

Entre las teorías mencionadas se encuentra la del contexto” diseñada con el  fin de hacer responsables a los estados frente a las víctimas y no como prueba de un individuo que obra en solitario y bajo las circunstancias puntuales del teatro de operaciones. En la misma línea la teoría del  máximo responsable” completa el cuadro. A las figuras anteriores, se suma lo ya aprobado en el año 2002 por la Corte Constitucional respecto a la posición degarante de la seguridad, como arma efectiva, particularmente contra la línea de mando. Algo que al respecto ya se expuso en un artículo anterior de esta serie. Según lo dicho a la revista Semana por los ilegales armados, se infiere que las órdenes de operaciones militares se producen con el “único fin” de asesinar a las Farc e impedir su legítimo derecho a la rebelión. Es decir que quienes cumplen la misión constitucional de velar por la seguridad de la sociedad y el Estado, incluidos los presidentes como jefes supremos, deben ser tratados en términos de igualdad con las facciones al margen de la ley. Sería imperdonable que el triunfo militar que costó la vida y la integridad de humildes colombianos, además de su sacrificio y el de sus familias, hubiese sido inútil a la luz de la aplicación de esas delirantes concepciones.

Los colombianos, no entenderían que es lo mismo defender los bienes, la vida y los derechos de los ciudadanos, junto con el orden constitucional de 50 millones de compatriotas, frente a 8.000 guerrilleros que optaron, al margen de los presuntos fines políticos, por todo tipo de actividades delictivas y crímenes atroces contra la humanidad. Preocupa finalmente, dentro del contexto de la guerra judicial que avanza con virulencia, la conformación de una “Comisión de la Verdad” con eventual carga ideológica, prevención y repulsa subjetiva de los miembros que la puedan conformar frente a la legitimidad del Estado y de su brazo armado. Su estructuración parece también ignorar los necesarios porcentajes de representación que abarquen a la totalidad de los colombianos y no el de un grupúsculo al margen de la ley, que se arroga por sí y per se la de un pueblo que clama justicia.

No obstante, entre tanta oscuridad y confusión hay una luz en el camino: el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que las palabras recientes del senador Álvaro Uribe sobre el proceso de paz, lo “llenan de esperanza”*****. Hay que reconocer también que hace poco tiempo el actual mandatario ha sido preciso y claro en el sentido de exigir a las Farc ganarse las curules en la lid política****** y no en la mesa como un premio a sus desafueros permanentes e históricos. También en entrevista a medios de comunicación fue enfático en afirmar que sólo habrá seguridad jurídica si hay justicia, pues las alegres amnistías están prohibidas por el derecho nacional e internacional. “Tendrá que haber una pena privativa de la libertad en algún sentido”, dijo el mandatario colombiano y, al referirse a las armas, afirmó: “…y si no las entregan, todo este ejercicio no tendría sentido alguno…”*******.

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* General en retiro del Ejército de Colombia

** Estos serían: falta de unidad nacional, debido a la forma como los colombianos enfrentan la realidad y las alternativas de solución; fragmentación geográfica y social; bajo nivel de conciencia ciudadana, marcado individualismo, falta de un proyecto aglutinante; además la pérdida de autoestima y sentido de pertenencia. Potencian el abanico anterior, circunstancias generadoras de violencia tales como la impunidad, baja educación.

*** Semana, 12 al 19 de julio y 19 de julio al 26 de julio. Ediciones 1732 -1733

**** Guerra jurídica: implementación de normas útiles para la guerra. Guerra judicial: judicialización manipulada contra militares o contradictores. No hace referencia a los esfuerzos contra verdaderas organizaciones criminales.

***** En: El Tiempo, el 25 de julio de 2015 referida a la intervención del ex presidente en el Congreso:Hay un cambio que da asomos de tranquilidad

****** NTN24: “Las verdades de los diálogos de paz con las Farc” . 15 de julio de 2015.

******* En: El Tiempo, 19 de julio de 2015


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