DROGAS Y VIOLENCIA: LAS POLÍTICAS Y SUS CONTRADICCIONES EN LA MIRADA DE LAS NACIONES UNIDAS
Publicado el: 30 de Diciembre de 2003

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Escribe: Armando Borrero Mansilla

 

El rasgo más notable de las políticas antinarcóticos, en todo el mundo, es su carácter contradictorio. La contradicción nace de la complejidad del problema que pretenden atacar estas políticas: simultáneamente es un problema económico y social, un problema delincuencial en varios planos, desde lo local hasta lo planetario, un problema de salud pública, un asunto de altas finanzas y un problema político, tanto nacional como internacional. Este cuadro dificulta el diseño de políticas que puedan atender una problemática tan vasta y que, además, al intentar combatir un aspecto, no resulten complicando otros y generando círculos viciosos de causas inducidas por las políticas mismas.


En la región andina el narcotráfico se ha convertido en uno de los motores de los conflictos que se viven en la misma. El más dramático de los casos es el colombiano. En éste, todo tipo de violencia se relaciona con los estupefacientes en todas las etapas del negocio. Es fuente de disputas territoriales, de extorsión, de disputas por las rutas de comercio y. sobre todo, financia la compra de armas, municiones, explosivos, equipos de comunicaciones y, en fin, de todo tipo de recursos para la perpetuación del conflicto. Las violencias se hacen confusas porque ya no se distingue bien entre las puramente delincuenciales y las políticas: sicariato, justicia privada, guerrilla y paramilitarismo se conjugan y confunden en el conflicto interno colombiano. Se puede afirmar que el narcotráfico es hoy, la cuestión central del conflicto: mientras esas rentas sigan sin control o sean eliminadas, la violencia será muy difícil de superar.


Colombia ha vivido todos los equívocos y desencuentros de las políticas destinadas a resolver el problema de las drogas ilegales. El Informe de Desarrollo Humano, presentado recientemente por las Naciones Unidas y titulado en Colombia como “Callejón con Salida” hace una disección profunda y detallada del problema. Al tiempo que reconoce la asociación entre los procesos económicos y la violencia, llama la atención sobre las generalizaciones fáciles: distingue claramente entre la asociación de fenómenos y la causación de un fenómeno por el otro. En Colombia es claro que la violencia precedió a la droga y también que ésta fortaleció a la primera. Pero la relación es compleja y no necesariamente las políticas dirigidas a superar o debilitar uno de los dos polos de la ecuación repercute favorablemente en el otro. Ni acabar con la droga pone fin al conflicto de manera necesaria ni, viceversa, acabar con el conflicto significa el fin de la droga. Sin embargo, para superar el conflicto, es necesario debilitar el narcotráfico como condición necesaria, aunque no suficiente. De estas confusiones nacen muchos de los desencuentros habituales entre las partes interesadas.


Un desencuentro frecuente entre Colombia y la comunidad internacional nace de la definición de las prioridades. Mientras para Colombia la prioridad es el conflicto interno y la manera de superarlo, para la comunidad internacional no es tan claro y muchas veces ha primado el interés en el fin del narcotráfico. Otros desencuentros desgarran la sociedad en su interior y enfrentan grupos sociales y regiones. Los cultivadores, por ejemplo, se debaten entre la represión estatal y las disputas de los grupos armados, y la tragedia de los colonos: su pregunta es cómo sostenerse en la tierra adquirida a golpes de audacia y sacrificios y cómo subsistir en las condiciones difíciles de estas áreas sin más cultivos rentables que aquellos posibles en las condiciones de alejamiento y abandono en que se debaten las colonizaciones. La coca se beneficia del alejamiento del Estado y de la falta de vías de comunicación. El control territorial por parte de un Estado que la combata, es su peor enemigo.


Finalmente, hay otro desencuentro, menos evidente porque los implicados tienen posibilidades para silenciarlo, y es el que se da entre los grupos sociales que se benefician de las dinámicas producidas por las ganancias extraordinarias de narcotráfico. Estos grupos, algunos con poder social y económico, no tienen la alternativa de negar abiertamente la lucha contra la droga pero si pueden mirar para otro lado e inhibir recursos políticos, sociales y económicos que podrían ser útiles en la eliminación del problema. La conclusión es evidente: el narcotráfico causa desintegración social en todos los niveles de la sociedad y genera contradicciones complejas en el plano externo. Para Colombia, el narcotráfico ha significado en ese plano, pérdida de autonomía para definir sus preferencias y para diseñar políticas alternativas de control de los cultivos y del comercio de sustancias de uso ilícito. En cuanto a la resolución del conflicto armado y a la superación de los efectos negativos del narcotráfico sobre la sociedad y la política, es claro que en el caso colombiano se impone el debilitamiento de todas las actividades relacionadas con el mismo.

El problema se centra entonces, dentro de las limitaciones que impone el entorno internacional, en el diseño de políticas alternativas que, entendidos los efectos negativos de las tradicionales, puedan significar avances en la reducción de las áreas de cultivo y en el procesamiento y comercio de la materia prima.

Estas políticas alternativas implican acuerdos en el plano internacional, dada la altísima interdependencia del negocio en todas sus etapas y deberían centrarse en tres aspectos principalmente:


-La no criminalización del campesinado cultivador de coca, amapola y marihuana. El tratamiento adecuado debe partir de la consideración de la actividad cultivadora como resultado de una crisis social que proviene de la baja rentabilidad de las economías campesinas, de las precariedades de las zonas de colonización y de alta rentabilidad de los negocios ilegales.


- La búsqueda de alternativas a la militarización de la lucha contra las drogas, enfocadas éstas al tratamiento de las causas de la predisposición al cultivo y procesamiento de las materias primas.

- La dirección de la represión hacia el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico que es el tramo intermedio, el de la comercialización. El cultivo y el consumo son problemas sociales complejos y su combate lo es igualmente. En el tramo intermedio son más fácilmente identificables los agentes y los medio técnicos de transporte.


El acuerdo internacional mencionado inicialmente es necesario, no solamente para mejorar el balance entre las políticas dirigidas contra el consumo y las dirigidas contra la oferta, sino para obtener la colaboración en recursos económicos, control de insumos, tecnologías de detección y colaboración policial y judicial.

La violencia, si bien puede tener otras causas y estímulos, perdería la financiación que la potencia y le permitiría al Estado maximizar sus recursos y sus esfuerzos en la recuperación del control del territorio y la eliminación de todos los canales paralelos de dominación social productores de violencia (aresprensa.com).

Archivado el 05 de Mayo de 2004.