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ROBO EN LA EMBAJADA II

ACTUALIDAD  //  LA TERCERA OREJA  //  Publicado el 15 de marzo de 2020  //  15.00 horas, en Bogotá D.C.

 

ROBO EN LA EMBAJADA II

 

El embajador argentino Marcelo  Stubrin ya no estaría en Bogotá, pero sigue siendo el representante del país austral, hasta que el nuevo gobierno de Alberto Fernández y de su canciller Felipe Solá, decidan qué hacer con la Legación donde se habría producido al menos un nuevo robo, después de aquel denunciado el año pasado en estas columnas de información confidencial. ¿Que está pasando en esta sede diplomática, en la que Stubrin no tomó decisiones sustantivas para detener lo ocurrido y dejó que las sospechas se incrementaran?; nadie lo sabe, y el estatu quo surgido genera angustias al menos a una parte de  los empleados de la sede diplomática, tanto a los que representan de manera directa a la nación austral, como de aquellos que son ciudadanos de la sociedad cafetera y fungen como empleados de la Representación. Pero las aprensiones no solo inquietan por la rapiña interna que alguien opera sin solución de continuidad, sino que además incluye situaciones de contexto que tienen que ver con la administración a cargo de los destinos de la Argentina, desde diciembre del año pasado.

 

En efecto, porque ¿qué ocurriría si a quien se designase para representar a los argentinos en Colombia formase parte de la banda delictiva que conforma la facción de Cristina Fernández, quien como vicepresidenta del país acompaña la gestión del otro Fernández?; eso podría ocurrir porque como dijo la especialista Beatriz Sarlo la Argentina hace tiempos que en lo político y social ha dejado de ser un ejemplo de mostrar en la región, para pasar a ser una sociedad “de cuarta”. El baldón no está en el aire, pesa en la espalda de la clase dirigente argentina, al menos desde hace medio siglo y es parte de la dura piedra que carga el conjunto social, que vota a dirigentes mediocres o delincuentes a cara  descubierta, sin parche en el ojo y con uñas largas: es la llamada “cleptocraciaempoderada en tiempos de democracia.  

Vale recordar que el variopinto bloque fracturado que ganó las elecciones de diciembre pasado y despojó de sus aspiraciones en gris al ex presidente Mauricio Macri, estuvo conformado por un segmento del llamado peronismo histórico, que tiene ahora por cabeza al presidente Alberto Fernández y a los gobernadores provinciales, en alianza vesánica con la corrupta pandilla de la viuda de Néstor Kirchner y de los seguidores de un delirante proyecto que es evocador de la criminal subversión armada que asoló a la Argentina de los años 60 y 70 del siglo pasado. La misma que pretende construir en el país austral un modelo de sociedad similar a Cuba y Venezuela. El saqueo realizado a la hacienda pública argentina por el matrimonio Kirchner, sus herederos y seguidores, fue llamado el “aporte de la patria”.  

Una expresión cínica para tapar el robo serial y estructural a los recursos públicos, cuyo rédito hubiese tenido un lejano destino supuesto: la  construcción del señalado proyecto delirante, que ellos suponen “revolucionario”. Pero que en realidad sirvió para el enriquecimiento ilícito de los autores del saqueo, tal como también sucedió con el sandinismo nicaragüense y con los bolivarianos de Venezuela. En el caso argentino se conjugan otros antecedentes, entre ellos la introducción de la tenebrosa industria del narcotráfico que comenzó a insertarse en la Argentina, en asocio con los carteles colombianos, durante el paso por la Casa  Rosada de los ex presidentes Eduardo Duhalde y Carlos Menem, entre los años 80 y 90, consolidándose durante la gestión tóxica y venal de los Kirchner, todos ellos en representacion del peronismo.

La persona señalada en el interior de la Embajada, por fuentes certeras, de abuso de confianza y robo directo vía cuentas bancarias en un edificio de propiedad horizontal en Bogotá, quien al tiempo cumplía y cumple funciones administrativas en la representación argentina, tiene una denuncia penal efectuada en la Fiscalía, de la capital colombiana. Se supone que el producido de lo sustraído de la propiedad inmueble, y también se estima que en efectivo de la sede diplomática, tendría la complicidad pasiva de su compañero sentimental, un ciudadano chileno quien  residiría en los Estados Unidos, país hacia donde la sospechosa de la sustracción señalada viajaba con relativa frecuencia y lo sigue haciendo. Los perjudicados colombianos de la acción delictiva señalan que Stubrin se hizo el de la vista gorda con la denuncia, planteada en cuerpo presente por los afectados ante un diplomático del país austral.

Los damnificados esperarían que un nuevo embajador pusiese las cosas en su lugar. Sobre todo después de que se supo que, además del robo en efectivo de unos 3 mil dólares en las oficinas de la sede diplomática, en paralelo con el saqueo a los depósitos bancarios del inmueble ubicado en el norte de la capital cafetera, hubo otra acción  de hurto que habría perjudicado de manera directa a uno de los diplomáticos, quien al igual que Stubrin ya no está en la sede de Bogotá. Debe recordarse que los robos simultáneos previos se efectuaron durante el año 2018. Pero el interés de los perjudicados podría frustrarse si el nuevo embajador argentino responde a las directivas de Cristina Fernández. La jefa de la “asociación ilícita” -en letra textual de la justicia argentina- ya logró imponer en Moscú a la tristemente célebre Alicia Castro, aquella que ya fue embajadora de los Kirchner en Venezuela y Londres, y  quien fue cómplice pasiva de los negocios turbios entre Caracas y Buenos Aires, en vida de Hugo Chávez.

Los Kirchner, para amparar a sus delincuentes militantes, manejan una curiosa y perversa teoría jurídica que conduce al llamado “abolicionismo penal”: quien se pone al margen de la ley es una víctima del sistema sociopolítico. Así se protege al criminal como golpeado por la “injusticia” que sería la asimetría social causante de la anomalía, al tiempo que el ciudadano de a pie, quien cumple con la ley, aparece como culpable en la dialéctica y esquema torcido de tal concepción también delirante. El cerebro jurídico y de filosofía del derecho de tal engendro es el ex magistrado Eugenio Zaffaroni, bien conocido en Colombia, fogonero y alentador de la llamada “justicia garantista”, que termina brindando impunidad al crimen. Zaffaroni ha sido un aliado oficial y oficioso de Cristina Fernández y es hoy uno de sus defensores naturales en la pugna con el poder judicial argentino, que tiene empapelada a la ex presidenta y hoy vice, con seis causas abiertas por corrupción y vandalismo contra el patrimonio público.     

Eso, impunidad y continuidad de la delincuencia, es lo que aparecería como una razón de estado de la actual administración argentina. Ni de Alberto Fernández ni del canciller Solá podría decirse que son delincuentes, pero las compañías con  las que llegaron a la Casa Rosada y al Palacio San Martín, marcan un rumbo y untan de sospecha incluso a los que en principio podrían aparecer como honestos funcionarios. Ciertos pasos y declaraciones del actual presidente argentino lo muestran dando una absolución de hecho a los saqueadores del kirchnerismo y proyectan una imagen de desaliento sobre la deriva de la actual gestión presidencial. Si a esos detalles protuberantes se les agrega lo sucedido con la embajada en Moscú y lo que podría ocurrir en Bogotá, cunde un inocultable pesimismo (aresprensa). 

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VÍNCULOSINTELIGENCIA Y DESINTELIGENCIAS  //  MARCHAS SUBVERSIVAS III  
Actualizado: domingo 15 marzo 2020 16:23
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