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UN 23 DE MARZO

Publicado el 22 de marzo de 2016 / 21.40 horas, en Bogotá D.C.

UN 23 DE MARZO

Mientras todo el mundo lo sabía, desde el ciudadano mejor informado al que menos, el gobierno lo negaba. Incluso hace pocas semanas, cuando las Farc sacaron los pies del plato con el atropello a la opinión pública y al sentido común que contenía su jornada de proselitismo armado en la aislada población de El Conejo, el mismo presidente Juan Manuel Santos en un arranque desacostumbrado de enojo y dignidad hizo pirotecnia verbal del todo o nada, en lo que hace a las pretensiones del grupo armado. Después, como era previsible, el Ejecutivo metió la cola entre las piernas, puso bajo la alfombra todo exabrupto de dignidad y aceptó que no sería posible su condición inamovible sobre un límite de tiempo para el 23 de marzo. Esa fue la fecha determinada en la que debería firmarse un acuerdo definitivo entre el estado colombiano y la senil -en la evidencia tanto física como ideológica- agrupación subversiva. En el intermedio de ambas situaciones, un vocero de los forajidos atinó a señalar otras cosas que también se conocen de sobra: los subversivos esquivan la rúbrica de un eventual acuerdo si no los acompañan sus colegas de barbarie, el activo, arrogante y autodenominado ELN.

Esa última condición es coherente con las habituales maniobras de distracción de la subversión: el otro grupo que mantiene su ofensiva por la vía del atentado y el asesinato, desde hace unos 4 meses también mantiene su mutismo, salvo el de armas y el hostigamiento, frente a los llamados del gobierno a continuar acercamientos y conversaciones que, hasta hoy, son más reservadas que la exposición mediática extrema de quienes se encuentran en La Habana. La colusión de intereses de ambas organizaciones al margen de la ley tiene una coherencia siniestra: poner puntos suspensivos a las conversaciones de unos y presionar de manera violenta por parte de los otros, con beneficios para ambos esquemas impugnadores y decepción para la sociedad. El conjunto de los colombianos ya muestra cansancio con la extensión de un proceso que, en el inicio previsto para “unos meses”, avanza hacia los cuatro años de vigencia.

El costo es claro, mucho desgaste para quienes negocian desde la orilla de la legalidad y poco precio para quienes lo hacen desde la orilla violenta y vulnerante de lo social. La opinión, desfavorable al gobierno, se muestra además remisa a aceptar la presión tanto mediática como publicitaria y el coro de sirenas que acuna la posibilidad de un fin del conflicto de la forma como lo imponen las Farc, y que encuentran como resonancia una lábil y constante flexión de voluntad en el Ejecutivo colombiano, al igual que en sus bien aceitados y alimentados aliados de circunstancias. Entre ellos la propia izquierda de superficie, que le da respaldo a Santos en sus intenciones pacificadoras sobre la mesa en una isla tropical cuyo gobierno, si se aceptase la lógica, es aliada de los ilegales.

Uno de los resultados de la referida flexión es el incremento descomunal del negocio de la droga que emergió de la suspensión en la aspersión de cultivos que dan origen al proceso. Colombia ha vuelto a ocupar el triste sitial de campeón de primera línea en exportación de sustancias alucinógenas. Eso ocurre al tiempo que la organización subversiva apunta de manera reiterada en el sentido de que ellos no son parte del negocio y de quienes en Bogotá alientan todo aquello que ayude a legitimar el ingreso de los terroristas a la legalidad, tratando de articular la actividad del narcotráfico con el delito político. Tal perversión jurídica y axiológica tiene en el actual fiscal Eduardo Montealegre como uno -no el único- de sus voceros, aunque en realidad todos ellos estarían cumpliendo con un mandado del más alto nivel.

En paralelo, llegan rumores cada vez más contundentes de una reorganización de los ilegales armados que repudian los acuerdos de La Habana y a los negociadores del lado marginal. La posibilidad de que los antiguos adversarios en la lucha por fuera de la ley, hoy convertidos en “bandas criminales”, sí le pongan palos en la rueda con nuevas violencias a lo que se imagina como posconflicto, es un hecho que ya tiene varios avisos. Incluso se habla del entrenamiento en marcha de no menos de 25 francotiradores, con la ominosa sospecha de que pudiera repetirse la recordada tragedia de la Unión Patriótica. Esa nueva violencia de los impugnadores en la sombra de cualquier acuerdo con la pugnaz facción negociadora, se alimentaría también de un trasvasamiento de armados de las Farc, que tampoco aceptan ni creen en la deriva de las negociaciones, engrosando las filas del ELN o de las mencionadas bandas criminales.

Todo esto en el marco de mensajes confusos de sectores del poder institucional a los cuadros activos de las fuerzas armadas en lo que hace las condiciones jurídicas que los abarcarían bajo el nuevo marco derivado de un eventual fin del conflicto y de las ya cuestionadas modalidades de justicia que surgirían para ellos. Si lo anterior no bastase para inquietarse sobre el futuro inmediato de la institucionalidad colombiana, lo que ocurre con menos secretos en el plano económico y de las relaciones internacionales erizarían a cualquiera por su contundencia. La eventualidad por el posible, quizá inminente, inicio del racionamiento de energía y lo acontecido con la reciente determinación del tribunal de La Haya, que vuelve a amenazar la integridad de los mares colombianos, le arriman mayor nerviosismo al panorama.

La sensación generalizada es la de que, al respecto, el gobierno no dice toda la verdad ni lo hace cuando debiera decirse, y lo mismo estaría ocurriendo con el real estado de salud del vicepresidente. Algo que alienta mayores especulaciones sobre esos y otros temas vinculados. La opinión rodeó al gobierno como era de esperarse ante la insólita decisión de los jueces de La Haya, al declararse competentes sobre las pretensiones agregadas de los centroamericanos sobre las aguas de los sudamericanos. El revés anuncia que vienen tiempos más oscuros de los que de dientes para afuera vocea el gobierno para la galería. En particular, porque si bien el proceso sobre el mar Caribe en su conjunto le cayó en sus aspectos negativos al actual gobierno sin que este pudiese alterar el acumulado en anteriores administraciones, la nueva decisión de los jueces mundiales sí está basadas en decisiones tardías yprovocadoras de la por costumbre calmada administración Santos.   

Los colombianos mantienen la paciencia ante la impericia que muestra el Ejecutivo y sus círculos de poder y apoyo, pero ya comienzan a suponer que el perifoneo que no corresponde a la realidad, se ha convertido en una burla continuada a la opinión. El retroceso entre palabras y hechos con el plazo que vence el 23 de marzo -aunque no solo eso- es un eslabón más en la cadena de tácticas y estrategias erráticas y erradas. El golpe de las encuestas dice mucho de ese estado de ánimo de la opinión pública y el alto gobierno, en especial su principal responsable, no parece darse por enterado. Resulta claro que por ahora nada hará cambiar el descrédito en que ha caído la gestión presidencial y su entorno, por obra y gracia de los propios yerros. En eso de negar lo que es evidente mucho se parece el manejo de Juan Manuel Santos a la táctica oficial aplicada con largueza por la malograda gestión de Cristina Fernández, en la Argentina. Así le fue a la hoy repudiada expresidenta austral(aresprensa). 

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