CORONAVIRUS V: EL GRAN HERMANO
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18 abr 2020

CORONAVIRUS V: EL GRAN HERMANO

Actualidad  //  La Tercera oreja  //  Publicado el 18 - 04 - 20  //  09.15 horas, en Bogotá D.C. 


CORONAVIRUS V: EL GRAN HERMANO


El andamiaje tecnológico para meterse en la vida de los otros está a la mano de cualquier gobierno y corporación en la región. Todo el mundo aquí puede ser espiado sin compasión y cuando lo que haga o diga la víctima en privado quede a la vista del voyerismo tecnológico, eso podría, puede y ya ha sido usado en contra. Es otra de las dinámicas que  está presente desde hace tiempos, en carne viva y con suficiencia, en América Latina. La capacidad tecnológica puede ser dirigida para bien o para algo distinto. Sirve para impedir por ejemplo la expansión de una pandemia -como lo han hecho Corea del Sur o la China- y también para que gobiernos autoritarios o que tengan la tentación de convertirse en eso puedan avanzar impidiendo la crítica de los gobernados y sus derechos. Algo que también sucede en China, al mismo tiempo que el control social por la expansión del contagio. Pero el respeto a la intimidad es fundamental en cualquier democracia y eso que entendemos como sociedad libre. En una estructura de este tipo, levantada a través de siglos con la inclusión de la sangre  derramada, esas banderas elementales están ahora en peligro con el aporte de los dispositivos tecnológicos. Las evidencias al respecto están ahí y asoman desde el reciente pasado y en el doloroso presente. Al universo de George Orwell le sirve la peste que está aplastando al totum de la humanidad.


La China, por ejemplo, es una manifestación de ambas posibilidades. Por un lado evitaron, aunque demorados, la propagación de la peste no solo aislando al foco geográfico fundamental en su interior sino que les sirvió también para acallar los señalamientos de tardías respuestas del gobierno a los primeros avisos y, de igual manera, para tapar aquello que Beigjing no quiso que se revelase. Sus vecinos coreanos aparecen mostrando una actitud diferente, pero eso no es garantía porque se supone que en la confrontación con sus iguales -aunque no tan iguales- del norte, la inteligencia del país está saturada de información clasificada que, de manera necesaria, podría tarde o temprano llegar a sacrificar los derechos de sus habitantes.  Hoy por hoy, sobre eso, nadie está a salvo.

En América Latina tales riesgos ya han cruzado las fronteras de los derechos garantizados por las constituciones. Colombia es un ejemplo del delicado tema y dirigentes, ciudadanos del común o periodistas, tanto como políticos de distintas vertientes han planteado en momentos recientes frecuentes quejas y denuncias al respecto. Los conflictos internos del país y la seguridad del Estado amenazada desde distintos ángulos, han hecho de este país un nido amplio de diferentes agencias de seguridad oficiales propias, así como extranjeras y también de grupos particulares, dedicados al espionaje incluso con intereses inmediatos de tipo económico. Estos últimos, son espías marginales pero efectivos que apuestan a la venta de secretos para la extorsión de las víctimas.

Las “ruedas sueltas” de la inteligencia oficial, son una excrecencia que pone sobre la mesa lo que ocurre cuando las democracias débiles no pueden controlar lo que deberían. Pero incluso cuando aun no adquieren esa condición de aparatos paralelos a la vigilancia y subordinación de las autoridades judiciales, entre otras, tampoco hay garantías para los derechos de los ciudadanos del común, vulnerados en su privacidad, tanto como en su intimidad. Ese espacio de la vida individual requiere siempre un resguardo garantizado de legitimidad como semilla fecundadora de los demás derechos. Eso es lo que vulnera el Gran Hermano, que puede acudir incluso al argumento de proteger a la población como sin salida insalvable de un fin que da vueltas sobre el abuso, sin morderse la cola con una argumentación perversa, que nada explica ni justifica.   

Las redes en las calles conformadas por las cámaras de seguridad y su complemento, que son los dispositivos de identificación facial, conforman un tramado de base para perseguir a los delincuentes, incluso “en caliente” sobre el delito que se perpetra. Pero es útil también para el espionaje colectivo. Ese que permite la individualización y el seguimiento de quien cuestiona y es crítico. De allí a que algún funcionario con poder suficiente y pocos escrúpulos pueda utilizar esa información con fines políticos o simple inquina personal, hay solo un paso que el operador potencialmente inescrupuloso puede utilizar a su antojo. Esa situación se ha visto con largueza durante la administración de Cristina Fernández en la Argentina y también por las recientes administraciones de Colombia. Todo se hizo en nombre de la capacidad “democrática” para garantizar la seguridad el Estado, pero en realidad sirvieron para fines poco o nada patrióticos.

Fruto de ello en la nación austral se produjo la disolución del tradicional organismo de seguridad, la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), y lo mismo en Colombia con el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). En ambos casos lo que fue la estructura de inteligencia civil, dependiente del Poder Ejecutivo en los dos países sudamericanos, quedó desmantelada por haber sido puestos al servicio de los intereses políticos de turno y pecados de legitimidad mayores, que no excluyeron el crimen físico de quienes fueron en su momento fuertes impugnadores del sistema, a cara descubierta o sin ese valor agregado de confrontación social y política. Aquellos ires y venires cruzando, fronteras de legalidad y valores no negociables, puso en conjunto en peligro -ahí sí- la estabilidad y credibilidad integral de los estados que tales organismos debían resguardar.

El referido andamiaje tiene otras herramientas que sofistican las operaciones posibles, legales o no. Elementos tales como el escaneo de voz y sistemas biométricos, así como también los programas que interceptan teléfonos y computadores, lo mismo que los drones con cámaras de alta definición, desde hace mucho tiempo que salieron de los laboratorios y proyectos militares, encontrándose en el mercado internacional, al igual que las armas de guerra con capacidad tecnológica de frontera. Debe recordarse que el balance de la interceptación de inteligencia permite identificar lo que suelen llamarse “blancos legítimos”, en el lenguaje bélico. Jaime Garzón en Colombia fue uno de esos objetivos y el fiscal Alberto Nisman también lo fue en la Argentina. En esas dos trágicas parábolas vitales, tanto el Das como la Side, en sus respectivos momentos, aportaron a quienes hicieron las operaciones de “limpieza” posteriores.

Nombres de ingenios electrónicos como “Sistema Esperanza”, “Hombre invisible”, “Stingray“, así como también “Finfisher”, son parte de una fascinante bandeja de dispositivos que se supone son emblemáticos en el espionaje electrónico, pero que ya tienen o tendrán reemplazos y mayor sofisticación, a medida que la frontera tecnológica se desplaza siempre hacia adelante. Esos nombres han inquietado en la última década a diferentes voceros y entidades representativas de defensa no solo de derechos sino de la institucionalidad. En la Argentina el espionaje a ciudadanos y organizaciones legales internas está prohibido por la Constitución, pero no ha sido obstáculo para ejercerlo de manera descarada, en especial por parte de la administración Kirchner, que ha vuelto al poder. Lo mismo ocurre en Colombia, país en el cual el último escándalo de este tipo, entre otros, arrastró a fin del año pasado la cabeza del comandante del ejército.   

La Argentina de Cristina Fernández también compró a inicios de la década previa el avanzado sistema “Deep pocket inspection*, que intercepta y analiza mensajes de correos y de redes sociales. El crimen de estado de Alberto Nisman se produjo durante su administración, horas antes de que el fiscal federal presentara ante el parlamento las acusaciones de complicidad del gobierno con el régimen de Irán y de este con los crímenes colectivos que se produjeron en la Argentina en 1994. Hoy, la ministra de Seguridad del Alberto Fernández, Sabina Frederic -quien responde a la capilla ideológica de la actual vice presidente argentina- habla de “patrullaje cibernético” en la campaña de prevención por la pandemia. Es obvio que nadie, o muy pocos le creen, porque los militantes ideologizados de esa vertiente, como lo es la ministra, siempre están planeando en algo más que vaya en contra los ciudadanos que no piensan como ellos (aresprensa).  

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* Todos los dispositivos aquí mencionados son marcas de productos legales y están disponibles y activos en los organismos de investigación e inteligencia de los países aquí relacionados, desde las fuerzas armadas y policiales a entidades del aparato judicial, como lo es por ejemplo la Fiscalía, en Colombia.   

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