LIBRE EXPRESIÓN, MUERTES Y AMENAZAS
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ACTUALIDAD  //  Febrero 13 de 2022  //  16.30 horas, en Bogotá D.C.

Lo reciente ocurrido en México con el asesinato de una periodista no es nuevo ni podía ser esa la última víctima mortal en aquel país. El crimen contra cualquiera pero en particular contra voceros  de información y opinión expresa en sí la degradación de una sociedad que, más allá del folclore, pone en concreto a la muerte como una práctica de negociación visible y de aviso al resto del país mexicano y al mundo. El mensaje es: aquí manda el hampa sin importar quién esté al frente del Estado. Fue en el pasado enero en Tijuana y aquella otra víctima conocida y resaltada en la larga cadena de crímenes que provoca la industria del narcotráfico y la corrupción fue una mujer que se llamó en vida Lourdes Maldonado. Esa muerte y la que siguió horas después (la víctima siguiente, en la misma ciudad, fue el fotógrafo Margarito Martínez) estaban anunciadas desde “el periódico de ayer”, tal como es la cotidianidad del  crimen máximo en cualquier calle de esa nación norteamericana, aunque de herencia indohispana.

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Escribe: Néstor DÍAZ VIDELA

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En la ciudad donde sucedieron los hechos luctuosos, hubo el año pasado más de 1.900 asesinatos por causas diversas, aunque en especial víctimas de la acción y guerra de narcotraficantes. Fuentes internacionales de credibilidad señalan además que en el año anterior se produjeron en México casi una decena de asesinatos contra comunicadores. Las bandas mexicanas están decididas desde hace mucho a silenciar todo lo que les produzca algún obstáculo, incluso con la palabra. Es una suerte de institucionalidad paralela y surrealista en el drama, que se ha vuelto natural dentro del paisaje social de ese país. Ya silenciaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su mandato, por decisión propia, como una sugestiva  llamada a la autocensura de voz y acción, quizá también de pensamiento ante el vandalismo aceptado de forma tácita. No pocas mentalidades tercermundistas que apoyan de dientes para  afuera o para adentro la ola de censura y aplastamiento de libertades, que incluye el asesinato, suponen que eso es aportativo a una dislocada distopía que se llamaría “liberación”, en vetusto lenguaje sesentista al tiempo que de tragedia setentista, ambas del siglo pasado.

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Pero no es lo único en muertes y amenazas ni es solo México, en otros puntos de este largo continente el asesinato, aunque frecuente, no es la única manera de intentar silenciar incluso desde la institucionalidad, la misma que se supone está encargada de velar y preservar tanto la vida como las libertades, entre ellas la de expresión. En esta parte del mundo se está fomentando, cada vez con mayor frecuencia, el uso de formas diversas en eso de acallar las voces críticas. Tan solo en Argentina el régimen kirchnerista -el que de manera perversa y oportunista se considera a sí mismo como heredero del mayoritario peronismo histórico-  ha perseguido a la crítica de manera contumaz. Lo ha hecho de manera sistemática y sistémica, utilizando todo tipo de herramientas y señalamientos. Lo hizo durante las administraciones previas de esta facción política encabezadas por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con voz propia o mediante seguidores y secuaces. Se intentó incluso formalizar una legislación restrictiva a la libertad de expresión en el inicio de la década pasada, y se realizaron campañas públicas con vindictas contra periodistas que denunciaron los hechos de mega corrupción de esos gobiernos. El hostigamiento sigue con igual desprolijidad.

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Ahora, el presidente Alberto Fernández y quien fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner -hijo de los ya nombrados- han cargado de manera constante contra los medios que no obedecen. Hace pocos días, luego de su regreso de un viaje por China y Rusia, el mandatario austral se solidarizó con un twitt de un emisor anónimo, quien declaró al periodismo argentino como una “vergüenza nacional”.  Ya se sabe que el mandatario argentino trabaja no para todos sus compatriotas sino para los privilegios y la impunidad de quienes lo pusieron al frente de la Casa Rosada. El resto que es la mitad o más del país, para él y sus cómplices solo es una masa de enemigos. Queda claro también que aquel gobierno desconoce mandatos constitucionales, atropella a los ciudadanos y también a los jueces que investigan los delitos al patrimonio público de Cristina Fernández y los de sus antiguos funcionarios y allegados, y a quienes hoy señalan sus alianzas opacas con gobiernos que son parias internacionales, además de violadores de derechos humanos. Buena parte de los crímenes secuenciales de estos dirigentes contra los argentinos y la estabilidad del país, han sido denunciados por la expresión libre, antes y ahora.

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De Venezuela es poco lo que se puede agregar desde la vigencia y el empoderamiennto de los bolivarianos, que han cooptado todos los poderes del Estado para el ejercicio de su dictadura oprobiosa. Lo último de la extensa cadena de silenciamiento e imposición de una sola voz a ritmo de propaganda y refuerzo del mito épico en homenaje autorreferido, debe señalarse en la confiscación de la sede física del periódico “El Nacional”, uno de los pocos medios tradicionales que quedaba, opuesto a la tiranía. El ardid fue la decisión judicial de una justicia de bolsillo que benefició al segundo hombre del régimen, Diosdado Cabello, quien apareció en información desde el exterior vinculado con negocios del narcotráfico, y que reprodujo el periódico sancionado y silenciado. Desde el cierre en 2007 del conglomerado Radio Caracas Televisión han resultado selladas y acalladas un centenar de voces, entre el millar que buscan meandros a las imposiciones de la censura, para reflejar lo que en realidad sucede en el interior de Venezuela. Los medios audiovisuales del país están controlados por el Conatel, organismo que baja y aplica línea frente a todo aquello que Miraflores considere peligroso hacia sus intereses oscuros, entre otros la guerra híbrida en desarrollo contra Colombia.

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En el Perú las cosas también pintan feo para la libre expresión. En enero pasado la justicia del país andino condenó a prisión en suspenso de dos años a un escritor y a un editor (Cristopher Acosta y Jerónimo Pimentel) quienes publicaron una biografía del ex candidato presidencial César Acuña. En simultánea, fuerzas de seguridad allanaron el  domicilio de otro cronista que hizo públicos los abusos perpetrados en la sede de una institución religiosa. Las asociaciones locales de profesionales de prensa señalaron que la justicia peruana está siendo manipulada  por sectores de poder para generar autocensura en quienes se atrevan a denunciar excesos y perversiones de los que están en capacidad de aplastar a los denunciantes, incluso mediante los recursos constitucionales. Esto es: el uso de la ley en contra de los que de manera legítima hacen  ejercicio de la libertad de expresión. Es cierto que en los países democráticos donde es principio la protección de esa faceta de la libertad y las restantes, también se protege la honra y la privacidad de los individuos y entidades, pero las leyes entre uno y otro borde dejan zonas grises que se aprovechan para el abuso, en especial cuando esas opacidades quedan al arbitrio de los abusadores.

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También Colombia lleva de lo suyo en este vergonzoso esfuerzo desde distintos ángulos del Estado tanto como, en otros casos, de los  grupos ilegales para colmo armados, por limitar o neutralizar el uso libre de la palabra, y la posibilidad de poner en público lo que violenta a los otros, en particular a los inocentes y vulnerables así como a la sociedad en su conjunto. Esa asociación implícita entre lo legal y lo que está al margen de la ley, es una curiosa coyunda a veces efectiva en fines y acciones en la América de herencia hispana. Después de su aprobación en el congreso colombiano, en diciembre del año pasado los mismos legisladores cafeteros decidieron eliminar un artículo de una ley que incluía una real “mordaza” no solo de periodistas sino a la expresión libre en su conjunto y eso incluía a los mensajes en redes sociales. La ley ya estaba aprobada pero la repulsa fue más fuerte. El calificativo de mordaza se lo colgó a la norma declinada no solo la opinión pública sino también otros segmentos de peso social, incluidos varios parlamentarios. Lo llamativo de la norma que fue llevada adelante por la bancada oficialista que en el poder ejecutivo encabeza Iván Duque, imponía -artículo 68- el delito de “calumnia e injuria” contra funcionarios públicos.

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El exabrupto fue parte del paquete de sanciones de una ley anticorrupción, aprobada en Cámara con el artículo de marras amputado. Pero no es la primera vez que esto ocurre en la nación andina y es seguro que tarde o temprano volverán a las andadas quienes en el poder temen la denuncia. Este país es emblemático en lo que ha sido durante años el hostigamiento constante a quienes, dentro del marco de la ley, aspiran a expresarse tanto en medios tradicionales como en las nuevas vertientes que proporciona la tecnología. Es larga la cadena de colombianos que en más de medio siglo debieron acudir al exilio, el silencio, la autocensura o fueron asesinados, a causa de sus criterios y puesta en común de lo que piensan o denuncian. Gabriel García Márquez fue un ejemplo de  ese marco de situación motivada por la violencia política y social, que vuelve a incrementarse en Colombia como lo hizo en el reciente pasado. Argentina por su lado es una de las perlas negras sobresalientes en este muestrario que también Centroamérica exhibe con largueza y por las mismas razones. En Buenos Aires la vocera presidencial Gabriela Cerruti * pretendió “nigunear” a periodistas que hacían difíciles preguntas sobre el trabajo de Alberto Fernández. Después pretendió disculparse pero ya era tarde. Quienes están sumergidos en el subsuelo tercermundista suponen que sus mentiras imperativas tienen piernas largas (aresprensa).  

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* En octubre de 2012 el periodista argentino Jorge Lanata y su equipo de profesionales fueron detenidos en Caracas por el tenebroso Sebin (Servicio bolivariano de inteligencia nacional), en una operación tipo secuestro, que incluyó la destrucción de la información recogida en campo. Gabriela Cerruti en ese entonces una desconocida informadora que aún hacía sus primeros recorridos en medios rioplatenses, señaló que Lanata y sus colaboradores mentían. Ella nunca intentó contrastar o confirmar la noticia, que es lo que ahora exige a otros. Los más probable es que desde entonces hasta hoy la ceguera y el encono ideológico le nublen la razón a la vocera presidencial, de tal forma que pretenda seguir negando la realidad de manera contrafáctica.   

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VÍNCULOS : UCRANIA EN EL BORDE //  NICARAGUA MÁS HUNDIDA EN SU ABISMO  //  ARGENTINA: FRENO AL KIRCHNERISMO

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