COLOMBIA, LA CONSPIRACIÓN |
Actualidad // Publicado el 24 de septiembre de 2020 // 18.30 horas, en Bogotá D.C.
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No es bueno para una democracia imperfecta y para algunos débil, así como para otros inexistente, que el ciudadano le tenga temor a las instituciones y en particular a la policía. Este organismo en el seno de una sociedad normal debe ser frontera de protección de la ciudadanía y, en caso de peligro de la tranquilidad pública, también barrera de prevención y de contención de los facciosos. Solo en casos extremos puede ser una instancia límite de represión. La policía colombiana ha dado muestras histórica de que es confiable para la sociedad que debe proteger y es por eso que los errores de percepción y concepción en lo que hace a sus procedimientos se pagan caro, porque frente a tantas vidas de uniformados segadas a lo largo de los años en el cumplimiento de la misión institucional, los yerros y los reclamos sociales se hacen más evidentes e inevitables. En esa dirección, la declaración de las últimas horas de un dirigente del llamado Eln, en el sentido de que esa facción armada ilegal se insertó en las jornadas de terrorismo abierto que ocurrieron en la primera quincena de septiembre en la capital colombiana y en otros puntos del país, pone en blanco y negro lo ocurrido en los últimos tiempos con este tipo de manifestaciones. Es un antes y un después de algo que ya se sabía con largueza. Esa manifestación subversiva también desenmascara a la alcaldesa de Bogotá, doña Claudia López, y al reconocido dirigente político Gabriel Silva, entre varios de esta tendencia lábil y a veces complaciente con el terrorismo, quienes suelen buscar en otra orilla, haciendo pueril y baja política, a los culpables.
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Escribe: Néstor DÍAZ VIDELA
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Es para nada bueno también en el conjunto de lo que está ocurriendo en una democracia como la colombiana -en la que se observan riesgos germinales graves en lo que hace a su institucionalidad- un síntoma, uno apenas, como son los discursos antisistema, con tufillo a subversión pero desde la legalidad. Crecen como está sucediendo y están a la vista. Al fin y al cabo el modelo democrático colombiano es menos imperfecto que otras “democracias” muy cercanas, donde se emula en el discurso no solo de ese paradigma de organización de la sociedad y del estado moderno, entre otros, pero se la niega en los hechos. Cuando hablamos de democracia no nos referimos de manera exclusiva a un evento electoral de coyuntura ni a una agenda electoral sino a algo más profundo, si se quiere, que es del espíritu de la democracia. Tal es así la existencia de derechos y libertades -esto en síntesis- y de unas obligaciones del ciudadano.
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Entre esas últimas, está el respeto a la crítica legítima y para nada vulnerante, en lo físico como en lo simbólico, tanto del ciudadano como de la autoridad constituida. El desenfreno de violencia contra los uniformados y contra los bienes públicos y privados por parte de vándalos y saqueadores, para nada espontáneos en los primeros días del mes, pone en parte la aludida nota de riesgo institucional impredecible en su evolución. También, es cierto, resulta intolerable que haya habido abuso de fuerza ostensible contra un ciudadano desarmado que produjo su muerte. Fue esa la desgracia irreparable de la que resultó víctima el ciudadano Javier Ordóñez. No importa si este joven malogrado tenía una actitud de provocación y hostigamiento repetitivo hacia los uniformados vecinos. Si ese ciudadano violó las normas de convivencia debió ser sometido para ser puesto a disposición de la justicia, pero no debió ser ultimado de la forma en que ocurrió, porque no se puede admitir la venganza en reemplazo de la justicia.
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Los ocurrido con esa víctima en el inicio del mes no solo es un delito irreparable en sí mismo, sino que le da cuerpo y argumentos para que la conspiración subversiva active todos los frentes en los que actúa. Esa subversión crece con marcha redoblante en Colombia. Ya sabemos que lo hace con falacia reivindicativa e intereses protervos bien conocidos: la instauración de dictaduras obscenas como son evidentes en el vecindario inmediato y otras en marcha. La subversión quiere muertos y en su perversa lógica estos no le importan en el dolor social o el de sus allegados, tal como vociferan sus corifeos de superficie. En realidad les sirven como piezas de mostrar para su propaganda disolvente. Si les importaran los muertos tendrían la misma sensibilidad pública para lamentar la pérdida de vidas de servidores públicos, cuando estos combaten a la subversión armada o a las industrias ilegales, como lo es la del narcotráfico, entre otras.
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Esos muertos “válidos” y en efecto positivos para ellos, son útiles en instancias internacionales para sus ONG cómplices y organismos alcahuetes de la intención disolutoria de la democracia imperfecta en Colombia, pero vigente y perfectible. Eso es lo que ahora está en riesgo supremo, a partir de la amenaza que avanza. El desparpajo, la impugnación ciega y el desafío es evidente al respecto, cuando se observa que los criminales de guerra beneficiados con el acuerdo para el desarme -no de paz- han negado hasta hace pocos días el reclutamiento de menores y siguen negando otros crímenes en la larga saga de responsabilidades por sus delitos atroces, penados en el plano internacional. El desparpajo y la búsqueda de impunidad también propicia el rebrote no querido de la violencia. Eso sí es hacer trizas la voluntad y presunción de una paz posible y necesaria que, si tiene actores en ese afán vulnerante no es de un solo lado, como aparece claro con lo expuesto.
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Debería entenderse que hay hastío ante las pretensiones de quienes han obtenido beneficios de la magnanimidad de la ciudadanía y, no obstante, persisten como subversivos sobre la mesa y por debajo, en el quebrantamiento de la armonía social necesaria. La que hace viables los cambios por mayor justicia y calidad de vida, en un país con profundos desniveles sociales estructurales, como es el caso de Colombia. Hace pocos días el ex ministro Gabriel Silva dijo suelto de amarras en un parlamento radial, que no habría pruebas suficientes en alusión a las manifestaciones que dejaron tantas víctimas, después del fallecimiento de Ordóñez, de que hubiese en ellas presencia subversiva. Para esclarecimiento del ex funcionario quien parece mal informado pero no lo está, en la jornada que hubo unos 15 muertos por el saqueo y vandalismo programados, hubo verdaderas “zonas liberadas” en barrios del occidente de Bogotá, para proceder al aislamiento de cuadras con pequeños comercios, y poder proceder así al saqueo rápido y ordenado. La coyunda de delincuencia terrorista y delincuencia a secas les dio a estos buenos resultados
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Así, victimaron no a poderosos integrantes del para ellos odiado establecimiento, sino a pequeños comerciantes y también sencillos puntos de servicios profesionales, que son de quienes con gran esfuerzo pagaron sus estudios universitarios y para nada son poderosos “burgueses”, porque se ganan la vida con el esfuerzo diario. Entre fines de noviembre y el curso del año que corrió, antes de las contingencias que obligó la pandemia, las centrales sindicales y la agremiación de docentes, Fecode, hicieron esfuerzos para desprenderse de aquellos que en lenguaje sindical son llamados como “la grupería”. Ese predicado define a quienes son fogoneados por la organizaciones subversivas, aprovechando la cobertura que les daba la legitimidad del movimiento organizado de los trabajadores. Los sindicatos lograron su objetivo quirúrgico en el inicio del año. Por eso fue que en las primeras manifestaciones del mes que corre, los grupos terroristas se autoconvocaron a través de las redes, sin siglas legitimadoras, pescando incautos y víctimas propiciatorias. La última, del 21 pasado, sí fue propiciada por los trabajadores y tuvo un cariz bien diferente, a pesar de los desbordes finales (aresprensa).
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VÍNCULOS: MARCHAS SUBVERSIVAS IV // COLOMBIA, MASACRES SIN FIN // EL CUERPO, TRINCHERA DE GUERRA