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LA HABANA AL DESNUDO Y A LA VISTA IV / ACTUALIDAD

 

Publicado el 18 de octubre de 2016 / 21.35 horas, en Bogotá D.C.

LA HABANA AL DESNUDO Y A LA VISTA IV

La clase dirigente colombiana subestima la capacidad de las Farc en su intención de alcanzar el poder al que siempre aspiraron llegar por vía de la acción armada, y que desecharon ahora para intentar una forma alternativa de lucha como lo es el juego democrático en civilidad y sin armas. El ingreso al juego es legítimo y correcto, el subestimarlos no. Un error de ese tipo sería hacia el futuro algo parecido al suicidio social y político. La protesta permanente y generalizada, tal como se está produciendo, con perspectiva de aumentar al infinito y como arma de presión irresistible, será uno de los recursos en la pretensión de provocar la implosión del Estado de Derecho. No es para ellos este camino el mejor pero sí el único posible debido a la debilidad estratégica del grupo armado que les impide continuar su confrontación con la sociedad.  

Escribe: Néstor RAMÍREZ MEJÍA *

Para las Farc, aceptar las reglas de la democracia será su primera prueba de fuego. Deberán aprender que la soberanía reside en el pueblo y que este pueblo acaba de tomar una decisión que no los favorece y que no será la primera. El acuerdo firmado se convirtió en un antecedente válido, pero no existe más como razón jurídica, aunque de sus 297 páginas se puedan rescatar varios años de discusión. Lo anterior, por lo menos serviría para convencer a “la galería”, porque para quienes conocen las intenciones de los detractores armados, en la teoría y en la praxis, se trata de un desarrollo no deseado. Aunque para ellos no es este un camino de primera opción resulta una opción viable si al final conduce al “poder popular”, en la búsqueda de algo similar o idéntico al ya fracasado modelo venezolano. Así lo afirman ellos mismos por todos los medios, una y otra vez, sin que casi nadie los escuche.

La clase política los subestima como adversarios en la contienda electoral, tal como sucedió hace dos décadas con un insignificante Hugo Chávez en Venezuela. En consecuencia, se ignoran los métodos de lucha que seguirán: las guerras política, jurídica y judicial, la de organizaciones de superficie y las de masas. Esta última mediante la protesta social permanente, profesionalizada y generalizada, cuyos réditos conduzcan al voto sanción contra la política tradicional y, en especial, contra sus dirigentes en concreto. No en vano los ilegales habían logrado en los fallidos acuerdos, consagrar la democracia participativa, el desarrollismo nacional -regional en el futuro- y organizaciones de “poder popular” o de base y superficie, tres de los cuatro instrumentos del socialismo del siglo XXI, ya tratados con anterioridad en esta serie de artículos. Instrumentos por fortuna neutralizados con el voto, como preámbulo a un eventual rechazo mayor, anunciado con el veredicto de las urnas el pasado 3 de octubre.

Lo ocurrido con anterioridad a la decisión soberana sobre el Acuerdo, ya habla del camino trazado. Hubo unos 400 paros y protestas en curso del presente año, tendientes a impedir la erradicación manual y voluntaria de la coca. Al tiempo, las recientes concentraciones, marchas y foros “por la paz”, son una pequeña muestra de la efectividad de las organizaciones de presión “farianas”. En su momento fue infortunado para los amantes de una “paz forzada”, el que los esfuerzos sinceros hayan traído la ruina de los países, como le ocurrió a Neville Chamberlain en el preludio de la Segunda Guerra Mundial. La consecuencia en esa página negra para la humanidad fue la llegada de Winston Churchill, quien le puso remedio a la catástrofe que causaron los ingenuos pacifistas, quienes debieron cargar con el baldón histórico de ser propiciadores de guerras a contrapelo de sus buenas intenciones.

La visión altruista, generosa y llena de candor de los pacifistas criollos, mucho ganarían aceptando que su contraparte no la constituyen los que optaron por el “no”, sino las Farc, como parte de motor ideológico paulista, que se mantiene en la sombra relativa, aunque moviliza parte de lo que sucede en el continente. Ello ayudaría a reconocer que el resultado plebiscitario, le ha ahorrado recursos, legitimidad y constitucionalidad a los colombianos, quienes finalmente estarían condenados a sufragar los costos y las necesidades para la destrucción de la democracia, desde la democracia misma. Eso es lo que proponen los nuevos demócratas de ocasión que aún no dejan sus armas, ni liberan a la mayoría de los menores de edad que retienen en sus filas.No obstante, el problema sigue vigente para la clase dirigente, pues con o sin aceptación de las modificaciones necesarias de lo pre acordado, serán los responsables de neutralizar los factores generadores de violencia, analizados en los artículos previos de esta serie.

Entre tanto, la nueva situación planteada exige definiciones prontas, las cuales deben empezar por reconocer que hay algo que une a los actores del “sí”, el “no”, a las Farc y a los abstencionistas. El presidente Santos, ya alcanzó el Premio Nobel de la Paz, concedido a su tenacidad, ahora debe afrontar la recuperación de la gobernabilidad tan necesaria cuando se avecinan nubarrones en la economía. La oposición por su lado ya tiene el reconocimiento interno, como gestores del redireccionamiento de lo pre acordado, sin ventajas aun mayores para los ilegales y con miras a las próximas elecciones, haciendo un paréntesis quizá eficiente a esas concesiones irritantes ya otorgadas a los subversivos. Finalmente, las Farc sin horizonte claro no tendrán otra opción que la de renegociar, pues su alternativa de regresar a la guerra de guerrillas con la que a veces se amenaza, los llevaría a su extinción y a la nula posibilidad de acceder al poder, razón de su lucha.

Debe recordarse que entre los años 2003 y 2005 sus contingentes se componían de 18.000 hombres. Las fuerzas armadas y de seguridad lograron en el mismo período causarles casi igual número de pérdidas contabilizadas en deserciones, capturas y bajas en combate. Es decir, que su existencia como organización ilegal en armas se debe al reclutamiento forzado, el cual por ser tan alto en rotación no es sostenible en el tiempo. Eso los obligó a replegarse a áreas base para proteger la integridad de lo que les resta de su fuerza y lo que queda de sus mandos medios y principales. En el pasado inmediato, eso fue una espada tan negativa para ellos que los recursos del Plan Colombia –helicópteros y tecnología- permitieron hasta hoy la baja de 124 cabecillas de primero, segundo y tercer nivel, pudiendo decirse que todos, o casi, todos los viejos sobrevivientes se encuentran en Cuba. Desde luego hay que ofrecerles alternativas que les serán difíciles de digerir, pero aceptables a fin de evitar colocarlos entre la espada y la pared, como debiera ser hoy la realidad de la orilla opuesta en la mesa de La Habana.

La solución ya se había propuesto: los máximos responsables -unos 120-  debieran comenzar en simultáneo a pagar sus penas efectivas en las zonas ya definidas o redefinidas en esta otra etapa de negociación. Pero esto debe ser así una vez que las armas estén en containers y con la verificación de la ONU. La participación en política –aceptada tan solo por el 22 por ciento de los colombianos- debería estar limitada, al menos mientras cumplan la pena, sin dejar de advertir que otro 88 por ciento de los colombianos desearía que pagaran la sanción penal entre rejas. No obstante, ni lo uno ni lo otro debería constituirse en una línea roja. Los detractores del Estado tan solo buscan la posibilidad de distraer tal sanción de la ley con una restricción de la libertad, que no impide el disfrutar de salarios envidiados por la totalidad de los ciudadanos, mientras se aglutinan las masas para "empoderarlas", al tiempo que para abrir grietas en la institucionalidad. El único camino aceptable para ellos debería ser la ventaja de no negárseles el transitar hacia su difícil objetivo final, al cual deberían llegar con sus propios recursos y convenciendo en la palestra pública, cara a cara a los colombianos (aresprensa).

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* General en retiro del Ejército de Colombia. Presidente del Cuerpo de generales y almirantes. 


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