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CAMINO DIFÍCIL HACIA LA PAZ / ACTUALIDAD

Publicado el 13 de enero de 2017 / 09.30 horas, en Bogotá D.C.

CAMINO DIFÍCIL HACIA LA PAZ

En un primer momento pareció una polémica más entre delirantes, tal y como se registró en muchos momentos del proceso de negociación y cierre de conversaciones que llevó adelante el gobierno colombiano con la principal agrupación subversiva del país. Después todo quedó en claro, a partir de esa suerte de pedido de excusas que el organismo específico de las Naciones Unidas manifestó ante la comunidad internacional y ante la sociedad comprometida de manera directa.  En efecto, fue una situación delirante que el organismo internacional llamó “inapropiada” en su lenguaje de burocracia internacional, para referirse a la compinchería de los delegados del organismo mundial con los vigilados en los puntos de anclaje provisorio de estos -en presunta desmovilización- como parte de los acuerdos sellados a fines del año pasado.

Escribe: Rubén HIDALGO

Los videos que originaron la condena extensa fue el de la guaracha entre esos armados y quienes debían resguardarlos y vigilarlos “a distancia” necesaria y suficiente. Eso muestra en caricatura lo difícil que será mantener el imprescindible equilibrio entre unos y otros participantes de esta etapa en el complejo proceso. El despido de 4 de los operadores de las Naciones Unidas, en la Guajira -norte del país- no alejó las aprensiones sobre organismos internacionales que han sido vistos en sospechosa connivencia con quienes aún están por fuera de la ley. Por el contrario, aumentó prevenciones a las formas de laxitud de estos funcionarios y su eventual afinidad hacia el delito y la violencia de “uno de los lados” de los conflictos del país.  Lo más grave de todo: los compadres -o camaradas de ocasión- eran soldados de la fuerza de custodia, dos de ellos latinoamericanos. ¿Podía extrañar el comportamiento de los uniformados extranjeros?

Quizá no, si se piensa que parte de esa fuerza está integrada por países de la Celac, organismo ligado en su ideología y fundación con el tenebroso Foro de São Paulo.  Tal como es su costumbre y cinismo en procederes, los jefes de los aún ilegales pretendieron cubrir con un manto de inocencia el exabrupto, al tiempo que se victimizaron en autorreferencia, también como es tradicional en su dialéctica negadora e impugnadora, cargando contra quienes denunciaron las intolerables irregularidades. Pero basta con señalar que los sujetos cabecillas de organización ficta en su representación del “pueblo” y en plan preliminar de concentración, todavía no dejan por fuera de sus filas a los menores de edad que mantiene en su poder movilizados, ni todavía dan muestras de voluntad real de entrega de las armas, ni dan razón de la suerte de sus secuestrados durante años.  No ha sido lo único ocurrido como tropiezo por estos días en el proceso que se lleva adelante con estos subversivos, después de firmados los acuerdos y acordadas las condiciones básicas de implementación, en trámite inicial de desarrollo.

El autodenominado Eln ha puesto la cuota de sangre ajena como para señalar que la paz para los colombianos aún está distante. Pero los funcionarios internacionales no fueron los únicos operadores de acciones inapropiadas. La laxitud de modo y tiempo también se produjo con funcionarios de la policía colombiana, en el sur del país, quienes también sufrieron las debidas consecuencias por su conducta poco encuadrada de intimar con los irregulares todavía armados. Ya el gobernador Antioquia, desde Medellín, había señalado en los días previos a los condenables acontecimientos que en las zonas de congregación precaria de los armados ilegales sucedían irregularidades y que las autoridades municipales “en terreno”, no se atrevían a denunciar. Fue entonces cuando el coro genuflexo de voceros del gobierno colombiano, apoyado por el contexto también coral y coincidente de las Farc, denunció con su sempiterna vindicta: quienes señalan las perversiones del proceso en colusión, de autoridades nacionales e internacionales, son necesariamente “enemigos de la paz”.

La alcahuetería por encargo desde ellos hacia los delincuentes impunes y la que ellos practican por cuenta propia, sí favorecería a lo que estas fuentes llaman de manera abstracta “la paz”, en su universo de lógicas al revés de la trama. Lo positivo de ese panorama es que la apenas tibia muestra de racionalidad por parte de los principales responsables de Naciones Unidas en Bogotá, atenúa tantos exabruptos cometidos por los anteriores delegados del ente internacional a través de los años, frente las atrocidades de las Farc y de otros criminales de similar talante. También es positivo saber que ahora son escasas las víctimas de la confrontación, integrantes del personal de tropa y mandos, así como policías y civiles, que en número han disminuido de manera vertical, después que se silenciaron la armas, luego del cese al fuego declarado por parte de los bandos que negociaron el proceso y que llevaron adelante tanto el gobierno colombiano como sus más importantes impugnadores armados

Las contradicciones y rispideces por los atrasos logísticos y las propias dinámicas del traslado de los contingentes de tropa irregular, parecen avanzar en su curso sin que la ocurrencia de lo primero altere al parecer la marcha hacia los puntos de concentración. Eso sí, dejó al descubierto una vez más la improvisación y falta de previsión al respecto, por parte del gobierno colombiano. Detrás de ellos quedan las discusiones por la eventualidad de nuevas violencias que se anuncian por el avance de la subversión del Eln para ocupar espacios vacíos, y de los grupos armados también al margen de la ley que se les opondrían para el control de esos espacios que abandonarían las Farc. Esto además del empoderamiento, vía negocios ilícitos, que les daban flujo de caja y un remanente de acumulación. Entre ellos, la siembra de cultivos destinados al narcotráfico y la minería ilegal, entre otros. Ya se sabe que esta última tarea de extracción multiplicada y contaminante de espacios biodiversos ha sido uno de los fuertes canales de recursos de lo armados y nada indica que esa actividad se restrinja, con o sin proceso de pacificación en curso.

Ya se sabe que el país pierde cada año, a causa de esta actividad extractiva informal que ocupa a miles de personas en zonas alejadas, el equivalente a lo que aspira a recaudar el Estado por cada ejercicio de la reforma tributaria que acaba de imponerse: unos dos mil millones de dólares. El flagelo económico y social tiene incidencia sobre los departamentos del país más afectados por la violencia y la marginalidad recurrente, además de impactar zonas protegidas de la foresta colombiana, que son santuarios de biodiversidad y por tanto reserva estratégica de biota para la humanidad. El gobierno de Santos consideró a la minería una de las cuatro “locomotoras” de su proyecto de desarrollo para acompañar el proceso de pacificación vía negociación. Pero el anhelo se convirtió en un canto a la bandera, puesto que casi un 90 por ciento de la actividad extractiva es ilegal y eso genera que mafias y grupos armados de distinta laya hagan su agosto con los recursos no renovables, degradando a los renovables del entorno forestal y de la fauna silvestre.      

Los organismos de control han sido impotentes para poner freno a la situación y la presencia de grandes máquinas para la erosión del suelo junto con vertido en ríos del degradante mercurio, son parte de las secuelas que deja ese accionar cuyo rédito es el oro y materiales raros como el coltan que se usan en la industria de alta tecnología. Las Farc y también el Eln tuvieron mucho que ver con la expansión de ese rubro perverso de la economía y nada señala que hayan dejado de hacerlo en el presente o hacia el futuro. Incluso, sectores informados han señalado que en el ya mencionado departamento de Antioquia la falta de control del gobierno nacional es intencionada y acordada de manera tácita para que la agrupación aún en armas y en virtual repliegue, pueda financiarse, en lugar de hacerlo con el narcotráfico. Eso de abandonar el tráfico de narcóticos fue algo prometido, en especial a los Estados Unidos. Durante el gobierno de Barack Obama, este devolvió como moneda de cambio por la promesa de las Farc en tal sentido, el respaldo al gobierno de Santos en su negociación habanera (aresprensa).


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